En el actual escenario electoral queda bien en claro que hay dos modelos diametralmente opuestos y que no se trata de una cuestión abstracta.
Por un lado, hay en marcha un modelo de país con un Estado presente y con políticas que apuntan, entre otras importantes cuestiones, a cuidar el empleo, la actividad económica y a mejorar la distribución de los ingresos y la riqueza.
Por el otro lado, está el modelo de los negocios, aquel que eliminaría la mayoría de las funciones del Estado, que pulverizaría los ingresos de la población y fomentaría sólo aquellas iniciativas que implican una rentabilidad para el sector privado.
El candidato libertario acaba de reconocer que la devaluación del tipo de cambio es funcional al proyecto dolarizador (“cuanto más alto esté es más fácil”), todo un anticipo de lo que haría. También afirmó, entre otras tantas cosas, que eliminaría la obra pública y que si algo “no es rentable para el sector privado es porque no es deseable socialmente”. Quiere decir que algo importa sólo si permite hacer un negocio. Que la educación y la salud, para citar ejemplos, deben ser rentables y quedar en manos del mercado, por lo que toda la población, incluida la de menos recursos, tendría que pagarlas: gran retroceso en materia de derechos.
Respecto de la volatilidad cambiaria, que se ha exacerbado en estas semanas, lo que está claro es que con la incertidumbre se trata de influir negativamente en el humor social.
Ya pasó en la previa a los noventa, cuando se generó un caldo de cultivo para la implementación de la Convertibilidad, período en que completaron aquellas reformas que no había alcanzado a concluir la dictadura cívico-militar. El país no puede repetir la misma historia.
Un modelo con mirada coyuntural y estratégica
El Gobierno nacional se encuentra activo en la implementación de medidas que permitan contrarrestar los efectos de la devaluación (que impulsó el FMI) y, a la vez, empezar a recomponer los ingresos.
Estas políticas públicas se ponen en marcha a través de decretos para que la población que más las necesita encuentre un alivio inmediato. Pero, en paralelo, el Ejecutivo convierte estas iniciativas en proyectos de ley, para que se conviertan en políticas de Estado.
La semana pasada, en particular, se debatió en un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Alquileres, que había sido devuelto por el Senado con modificaciones. Entre las más importantes se encuentra el mantenimiento en tres años del período mínimo para los contratos residenciales. Esto permite al inquilino reducir los eventuales costos transaccionales y relacionados con mudanzas en cortos períodos.
Además, se redujo a 6 meses el plazo mínimo para la actualización de precios en los contratos: un cambio lógico en un contexto inflacionario. Se puntualizó también en el proyecto que en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse “en moneda nacional y por períodos mensuales”. Además se establece ajustar el alquiler por el índice “Casa Propia”, fórmula que tiene en cuenta el menor indicador entre a) el 90% del promedio de la variación salarial del último año y b) el promedio de la inflación del mismo período.
Pero, más allá de los pormenores del texto del proyecto de ley, queda claro que el martes próximo (cuando sea tratado en la sesión de Diputados) se debatirán dos alternativas antagónicas. La que “protege” al mercado, desregulando al sector lo más posible como propone JxC en el proyecto aprobado inicialmente en Diputados, que establece, entre otras cuestiones, que “las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler”. O proteger a los inquilinos, el eslabón más débil de la relación, como postula la sanción del Senado.
Otro de los proyectos que se dictaminó en Comisión fue el del Programa “Compre sin IVA”, destinado a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria. Un beneficio que ya se encuentra vigente y se espera que alcance a 20 millones de personas del sector que percibe menores ingresos.
Independientemente de que todas estas medidas y otras que se vienen tomando generan una mayor actividad, y por lo tanto una mayor recaudación, vale la pena mencionar la “Separata” que se incluyó en el proyecto de Presupuesto 2024. En ella se analiza el impacto en los ingresos fiscales del gasto tributario y otros beneficios, que alcanzan al 4,72% del PIB. Allí se ha seleccionado un conjunto de gastos tributarios, para intentar alcanzar un escenario fiscal con un resultado primario superavitario del orden de 1% del PIB en el 2024, mejorando el déficit primario del 0,9% del PIB propuesto en el Presupuesto, que no contempla la modificación del gasto tributario.
En la Separata se destaca una iniciativa que, siguiendo las conclusiones de la OCDE (en cuya definición Argentina estuvo participando activamente), busca que las grandes empresas estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15% de sus ganancias. Ya se ha presentado un proyecto de ley en Diputados para implementar este gravamen. Según estimaciones de funcionarios de Economía, generaría un recurso superior a lo que se dejaría de percibir por la reducción del Impuesto a las Ganancias sobre los asalariados y jubilados.
Sería realmente beneficioso para la sociedad que la oposición acompañase al oficialismo en estos proyectos, que tienen un definido propósito progresivo, aunque las probabilidades de que esto ocurra son mínimas, teniendo en cuenta sus declaradas intenciones en el caso eventual que lleguen al gobierno. Prometen un país con una reducción en los impuestos, acompañada necesariamente del ajuste del gasto público, que abarcaría gran parte del gasto primario (jubilaciones, beneficios sociales, etc.).
Por delante tenemos un escenario de mejores perspectivas macroeconómicas: la evolución de la cosecha agrícola y el saldo energético.
En el primer caso, la próxima campaña se presenta como una recuperación tras el duro impacto de la sequía. La cosecha total sumaría unos 140 millones de toneladas, retornando a los niveles usuales hasta el ciclo anterior.
En cuanto al sector energético, la balanza energética terminaría 2023 con un superávit de U$S 100 millones. Mientras que para el 2024 este saldo positivo alcanzaría U$S 3800 millones, gracias a la culminación del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte, entre las obras más importantes.
Este es el modelo de país que nos permite pensar que el 2024 será un año con crecimiento y en el que se sentarán las bases para avanzar con un proyecto que mejore la distribución del ingreso y permita ir quitándonos de encima la mochila del FMI. Nada de esto puede conseguirse a partir del otro modelo que apunta a ajustar, endeudar, privatizar, y cuyos daños se sentirían por varias generaciones.
