Este 12 de octubre, mientras se conmemoraba un año más de la ocupación de América y posterior genocidio indígena, el presidente chileno Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de emergencia en wallmapu, en la denominada Macro Zona Sur de Chile.
Esta medida, que restringe el derecho a reunión y a la libre circulación, abarca a las regiones del Biobío y la Araucanía. Con una duración de 15 días, prorrogables por el mismo período, se fortalece el despliegue militar en la zona, que ya cuenta con la presencia continua de Fuerzas Especiales de Carabineros.
A pocos días del fin del estado de excepción por catástrofe decretado por la pandemia Covid-19, que depuso un largo período de toque de queda, el poder ejecutivo intentó primero, mediante decreto, permitir la acción de las Fuerzas Armadas en este lugar para realizar tareas de orden público. Sin embargo, el 30 de septiembre, dicha acción fue declarada inconstitucional por parte de Contraloría de la República.
Con una nueva táctica, haciendo caso omiso a observaciones realizadas por organizaciones de Derechos Humanos y presionado por representantes políticos de derecha y del sector empresarial, Piñera insiste en profundizar y perpetuar la militarización en territorio mapuche, argumentando la necesidad de enfrentar “hechos de violencia vinculados al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”. De esta manera, indicó, las FF.AA. estarán autorizadas para “prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones (…) de vigilancia, de patrullaje y de transporte”.
¿Quiénes son los terroristas?
Va más de un siglo y medio de ocupación colonial del territorio del pueblo-nación mapuche por parte del Estado de Chile. Durante las últimas décadas ésta se ha profundizado y modernizado debido a intereses económicos en las regiones en cuestión. Las comunidades insisten en la recuperación de su territorio ancestral, apuntando a la defensa de la naturaleza fuertemente afectada por el extractivismo.
La silvicultura y la industria forestal, son parte de las principales actividades económicas de la zona. Según datos del Banco Central, la exportación de productos forestales durante el primer semestre 2021, alcanzó un monto de US$2.536 millones de dólares, siendo la celulosa, extraída y procesada en las regiones del Biobío y Araucanía, el subproducto con mayor rédito.
El resguardo policial a este sector empresarial se ha traducido en un permanente escenario represivo para las comunidades mapuche en resistencia. El continuo hostigamiento, allanamientos injustificados y el desatado uso de la violencia constituyen los ejes con que el gobierno da tratamiento a un conflicto político de larga data.
Cierre de mandato en plena crisis
A casi un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, a realizarse el próximo 21 de noviembre, Sebastián Piñera atraviesa una de sus peores crisis como mandatario, que lo mantiene con una legitimidad altamente degradada.
Actualmente el presidente del país trasandino se encuentra en calidad de imputado, siendo investigado por la Fiscalía por delitos tributarios, cohecho y soborno debido a su participación en movimientos financieros ilícitos relativos al polémico proyecto Minera Dominga, que incluía la condición de no declarar santuario natural protegido la zona donde se ubicaría, revelado recientemente en los Pandora Papers. Por el mismo motivo, este miércoles 13, parlamentaries de la oposición presentaron en bloque una acusación constitucional contra el presidente, que será discutida por la comisión revisora y que abre la puerta a una posible destitución.
A estos antecedentes, se suma un complejo escenario electoral para el bloque oficialista. Sebastián Sichel, presidenciable de la coalición ‘Chile podemos más’, se encuentra fuertemente cuestionado por la divulgación de aportes irregulares en su anterior campaña por parte de empresas del sector pesquero y de gas, bajando considerablemente su popularidad.
Frente a este escenario crítico y a pocos días del segundo aniversario de la revuelta popular iniciada en 2019, la medida de refuerzo de militarización de territorio mapuche, constituye un intento desesperado de Piñera por unificar a su bloque político, recuperar la confianza del sector empresarial y desviar la atención mediática respecto a su situación. Tal como lo afirman en su declaración les 17 constituyentes de escaños reservados para pueblos originarios de la Convención Constitucional: “esta medida no contribuirá en solucionar el conflicto instalado por el Estado chileno (…) El despliegue de las FFAA hoy parece una maniobra distractora de la acusación constitucional presentada en contra del presidente Sebastián Piñera”
