Zaiga Travel. El Rápido Argentino. LAPA. Río. La Argentina tiene un largo historial de empresas dedicadas a los viajes de egresados que terminaron cerrando o quebrando, por problemas financieros, dejando a los chicos varados, sin cumplirles lo que habían abonado. Todas fueron hijas de los ’90, donde el Estado se retiró del control y la regulación. El Mercado iba a autorregularse. La realidad mostró que no.

Siguiente escena: diciembre de 2023. El gobierno de Javier Milei, confeso admirador de Carlos Menem, emite un mega DNU que afecta más de 300 leyes. Reforma laboral, económica, venta de recursos naturales y de empresas públicas. En el medio, hay otros aspectos menos conocidos. Uno es el de turismo, y dentro de él, determinados artículos para que ya no se le exijan requisitos económicos y financieros a las agencias para operar, por ejemplo con los contingentes de estudiantes en los viajes de egresados. Igual que en los ’90. ¿Se puede obtener diferentes resultados intentando de nuevo lo mismo?

En el país de la libertad

El ex autor del megacanje y titular del Banco Central con Macri, Federico Sturzenegger, ideó el DNU 70 de Milei, aún sin ser funcionario. El decreto de «necesidad y urgencia» quita el Registro de Agencias de Viajes y los requisitos de habilitación. Ya no estarán obligadas a contar con un técnico con título profesional. Y saca la obligación de contratar un seguro para diferentes actividades, como las excursiones.

Horas atrás le consultaron a Sturzenegger en TN qué sucede si una persona quiere escalar, se accidenta, y la empresa que contrató no tenía las condiciones de seguridad mínimas. El ex funcionario macrista lo comparó con el matrimonio, al que calificó como el «contrato más riesgoso», y abogó que nunca el Estado se debe meter: «parte de la vida es la libertad de elegir. Y confiar en la adultez de las personas para elegir y designar sus vidas”.

Ese «dejar hacer» tiene su correlato en las agencias de viajes estudiantiles. Como cuenta el abogado Martín Antoniucci –ex director de Agencias de Viajes del Ministerio de Turismo en la gestión de Lammens–, la derogación de la Ley 18.829 arrastra consigo la Ley 25.599 de Turismo Estudiantil. Ya no se exigirían requisitos económico-financieros para operar en el segmento viajes de estudio y de fin de curso: «Tampoco estarán obligados a cumplir los estándares de seguridad, la constitución de seguros de viaje y la acreditación de antecedentes penales de sus coordinadores, entre otros, debilitando la capacidad de negociación de las y los consumidores».

«Otro efecto será la eliminación del Fondo de Fideicomiso de Turismo Estudiantil, creado para responder ante posibles incumplimientos de empresas de viajes de egresados, y que se fondea a través del sistema Cuota Cero», acota el Maestrando en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas (UNSAM).

Antecedentes y realidades

No hay que irse tan lejos en la historia argentina para ver casos de firmas vaciadas o quebradas que terminaron dejando a la deriva a una enorme cantidad de adolescentes. Uno de los mayores testimonios se dio en noviembre de 2002, cuando un conflicto con Río Estudiantil generó que unos 1200 chicos se quedaran sin comida ni limpieza en el hotel de Bariloche.

La empresa Turismo Río de La Plata estaba ligada a Transportes Río de la Plata, que claudicó el 20 de agosto de 2002, dejando a 600 personas en la calle. En ese momento, desde Río Estudiantil aseguraron que se trataba de «dos sociedades totalmente distintas», pero a fines de 2022 entraron en convocatoria de acreedores.

Milei, durante el anuncio del DNU.

De LAPA Estudiantil decían lo mismo post tragedia de LAPA: «Somos dos empresas diferentes». Sin embargo, a mitad de 2003 cuando cientos de padres fueron a pagar las últimas cuotas del futuro viaje se encontraron con que las cuentas de la empresa habían sido bloqueadas. Habían desmantelado las oficinas. No siempre «dejar hacer» y quitar al Estado del medio, controlando o regulando, es una buena opción.

En diálogo con Tiempo, Antoniucci destaca dos efectos del fin de la Ley de Turismo Estudiantil, uno directo y uno más indirecto: “el efecto directo es que las agencias que obtenían el certificado de Turismo Estudiantil tenían que acreditar una serie de requisitos bastante exigentes. Anualmente las agencias debían ir informando quiénes son sus coordinadores, y habilitarlos a través de la presentación de un certificado de antecedentes penales. Hasta necesitaban presentar las reservas y las facturas de los servicios contratados. Eso servía como información ante un incumplimiento. Por eso nos llegaban oficios a menudo al Ministerio. Ahora cualquier persona que quiera ofrecer paquetes turísticos estudiantiles lo va a poder hacer sin acreditar nada. Indirectamente tiene otro efecto: siempre que hay una ley le permite a los consumidores tener una palanca de negociación con las agencias (y más en turismo estudiantil donde la competencia es feroz). Al no haber una ley, pierden o ven debilitada su capacidad de negociación”.

¿También avanza en el transporte?

El decreto de Milei también menciona la documentación necesaria para manejar: «La cédula, licencia de conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo”. Provincia advirtió que para circular en la jurisdicción se debe tener VTV, documentación y papeles al día, ya que está vigente la Ley de Tránsito bonaerense. Y la Agencia Nacional de Seguridad Vial sostuvo que la RTO y el seguro «continúan siendo requisitos obligatorios».