Tal como lo había anunciado, el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó completo el proyecto de movilidad jubilatoria aprobado por la cámara alta del Congreso nacional, que entre otras cosas preveía mejorar la fórmula para el cálculo de los ingresos de los jubilados. Lo hizo a través del decreto 782/2024, pubicado este lunes en el Boletín oficial.
Luego de que el Senado haya sancionado la ley por la nueva movilidad jubilatoria, Milei vetó totalmente el proyecto. El decreto —que firmó el viernes por la noche— se publicó esta madrugada y de esta forma la decisión se hizo efectiva. Al mismo tiempo, el Ejecutivo oficializó el pago de un nuevo bono de 70 mil pesos para los jubilados en el marco del sistema de actualizaciones vigente. Lo que todavía no se definió es un incremento adicional que rondaría el 8%.
Los detalles del Veto de Milei
En sus considerandos, el Gobierno justifica el veto argumentando que «el proyecto de ley sancionado por el H. Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento». Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.
Entre sus argumentos para rechazar la ley sancionada 10 días atrás por el Senado, el Ejecutivo afirma que en caso de ser aplicada, la norma «implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente $6.160.000.000.000 para el año 2024″ y de $15.430.000.000.000 para el año 2025.» Además, convoca al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y desnutrición de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
En el texto se argumenta que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina , ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”. Por consiguiente, “la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”, sostienen.
En el Senado, la sanción del movilidad jubilatoria obtuvo más de los dos tercios de los votos y respetó el texto aprobado por la Cámara de Diputados en junio, a pesar de los cambios que intentaron introducir los senadores de La Libertad Avanza para demorar la aprobación.
