A dos semanas de la firma del Pacto de Mayo, el gobierno se concentra en la organización del evento que, esperan, se convertirá en uno de los hitos más importantes de la presidencia liberal-libertaria de Javier Milei. La sede elegida es el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Córdoba. Entretanto, siguen las negociaciones con los gobernadores, que a metros del final exigen al Ejecutivo con mucha más dureza.

El lugar del acto no sólo responde a las exigencias estéticas de estilo romano que tiene un importante integrante de la mesa chica del presidente, sino que su historia acompaña el relato de épica que busca construir el oficialismo. La construcción del tribunal fue impulsada por el conservador Julio Argentino Roca -uno de los presidentes admirados por el libertario- y el salón, que albergará a los de 400 invitados a los que el gobierno busca tener presentes, tiene talladas figuras que refieren a la libertad y la justicia. Música para los oídos presidenciales.

El inicio del acto formal está previsto para las 18 hs del sábado 25. Horas antes, Milei participará de su primer Tedeum como presidente en la Catedral Metropolitana, escoltado por su gabinete y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Tras la ceremonia episcopal, que terminará pasado el mediodía, el presidente volará a La Docta para concretar la firma del decálogo que anunció durante la apertura de sesiones del Congreso en marzo.

El documento que firmarán los gobernadores y el presidente estará escrito con la misma estética del acta de declaración de la independencia de 1816. A cada mandatario, el presidente le hará entrega de una medalla conocida como Orden de Mayo, una distinción creada en 1957 para condecorar a extranjeros que colaboraron con el Estado argentino. Antes, el libertario deberá modificar por decreto la cláusula que excluye a residentes argentinos de recibir dicha medalla. Según confirmaron fuentes del oficialismo, el cambio se verá reflejado en los próximos días en el Boletín Oficial.

Rectificado el decreto, la única condición que pone el gobierno para acceder a la Orden es apoyo en el Senado. Después de una votación intensa pero holgada en Diputados, el oficialismo se dispone a acordar con los representantes provinciales, ofendidos por la tardanza del gobierno para convocarlos a la mesa de negociación, y gobernadores que hacen equilibrio entre el cuidado de su pago chico y el robusto porcentaje que aún conserva la imagen presidencial.

A diferencia de Diputados, el poder de los gobernadores en la Cámara alta es casi absoluto. Por ello, el gobierno desplegó una serie de reuniones con los caciques provinciales dueños de los votos que escasean en el oficialismo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió esta semana a Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), quienes dieron su apoyo rotundo a la Ley Bases, y a Alberto Weretilneck (Río Negro), que desplegó una serie de condiciones.

El sureño llegó a Balcarce 50 con el Impuesto a las Ganancias como principal preocupación. La vuelta del tributo, que el gobierno espera aprobar con un piso de $ 1.8 millones para solteros, tendría un impacto superior entre los trabajadores patagónicos ligados al sector petrolero, un índice de representados que ninguno de los seis gobernadores de la región está dispuesto a castigar en pos del triunfo oficialista en el parlamento.

Con esta traba, el ministro deslizó la posibilidad de agregar un artículo que disponga una salvedad por «zona desfavorable» para este sector, que implicaría la reducción de la alícuota a abonar. Weretilneck recibió con buenos ojos la propuesta. Ahora, el titular de la cartera dialoguista deberá seducir al resto de los mandatarios, con Ignacio Torres (Chubut) como el hueso más duro por roer.

El chubutense avisó esta semana al oficialismo que su legisladora, Edith Terensi, votará a favor en general, pero su acompañamiento en particular dependerá de las negociaciones que su jefe político concrete con el gobierno. «Deberíamos analizar artículo por artículo las medidas que se están proponiendo», adelantó la sureña en una entrevista.

En este contexto, el gobierno no descarta nuevas reuniones que ayuden a destrabar este y todos los artículos que compliquen la aprobación. En la nueva ronda de reuniones está previsto un encuentro con el titular del Ejecutivo de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cuyas bancas podrían garantizar la sanción de la primera ley de la era libertaria.

Otro de los obstáculos que el oficialismo deberá saltar será el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El RIGI fue refutado esta semana por un grupo de senadores considerados aliados, lo que encendió todas las alarmas en el oficialismo que volvió a dar marcha atrás en su política de «no-negociación».

El malestar del radicalismo, espacio que encabezó las negativas durante la comisión, se concentran en el artículo que dispone la libre importación de insumos para las multinacionales que quieran invertir en el país, mismo reclamo que encabezó el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien esta semana apareció en el registro de llamadas de varios legisladores para intentar modificar su posición frente al RIGI.

Con el círculo rojo en una situación de incomodidad extrema, desde el oficialismo se apresuraron a filtrar que aceptarán «modificaciones en la redacción» del artículo que pone en jaque la sustentabilidad de la industria nacional por la desventaja en los aranceles de importación que los locales deben pagar y las empresas extranjeras tendrían exentos.

Si logra contentar a todos los espacios, el gobierno augura iniciar el tratamiento en el recinto el próximo 21 de mayo, pocos días antes de la firma del Pacto. De retrasarse la discusión en el Congreso, sin embargo, el oficialismo no tiene entre sus planes suspender el evento con tintes refundacionales. «El Pacto se hace igual aunque tenga que estar Milei hablando solo», dijo uno de los asesores más cercanos al presidente, quien reconoció que la aprobación de la ley no es una condicionante para la funcionalidad de la gestión.  «