A mediados de 1975, hace exactamente 50 años, comenzó un intenso proceso de negociaciones colectivas para recuperar la caída del salario real. Había vencido el plazo del Pacto Social, firmado en 1973 entre la Confederación General del Trabajo (CGT)y la Confederación General Económica (CGE). José Ignacio Rucci y José Ber Gelbard, representantes del trabajo y del capital respectivamente, habían acordado un verdadero plan económico, que en materia de ingresos suponía un congelamiento de precios y salarios durante dos años.

Las patronales no cumplieron el acuerdo y la inflación fue licuando los bolsillos obreros. Por eso, la ronda paritaria de 1975 fue decisiva. Los porcentajes de los aumentos acordados fueron muy significativos y superiores a lo que el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, estaba dispuesto a permitir.

Amparado en la ley de negociaciones colectivas Nº 14.250, aún vigente, el ministro Rodrigo se negó a homologar los convenios. Decía que afectaban “el interés general”.

La respuesta fue una huelga general de la CGT y una masiva movilización a la Plaza de Mayo, que concluyó con la renuncia de Rodrigo y de otros ministros como José López Rega.

La suerte del gobierno de Isabel Perón estaba sellada. Cayó meses después. La dictadura militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 fue la encargada de destruir los ingresos de la clase trabajadora y de lanzar una represión inusitada contra los sindicatos. Desplegó su política “congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas”, como sintetizó Rodolfo Walsh.

La historia del Rodrigazo vuelve a la memoria estos días en que el gobierno de Milei, utilizando la misma norma, anunció que la demora del acuerdo salarial para los empleados de comercio “se encuentra en pleno análisis”, ya que afectaría “el orden público y el interés general”. El comunicado finaliza informando que se convocará a las partes para “renegociar el contenido”.

El aumento para el sector de comercio es de un 5,4% para el trimestre abril-junio. Es menos del 2% mensual. El gobierno expresó que las subas no podrían superar el 1% mensual. Por eso, se niega a homologarlo.

Así, el gobierno que liberó los precios de todas las mercancías, le pone techo al de la fuerza de trabajo, evidenciando la matriz de su plan económico: reducir los salarios al mínimo tolerable y aumentar las ganancias de las empresas al máximo posible.

Va de suyo que la posibilidad de hacer fracasar ese plan, como hace medio siglo, está sólo en manos de la propia clase trabajadora.

El gobierno debiera mirarse en el espejo de Isabel Perón y el movimiento obrero, asumir su responsabilidad histórica. «