Por decreto, el gobierno de Javier Milei eliminó la participación de la Secretaría de Educación en la paritaria nacional docente. De ahora en más, los acuerdos salariales quedarán en manos del Consejo Federal de Educación (CFE) y de los gremios. Sin embargo, en el caso de que no sea posible su implementación por “razones presupuestarias”, el Ejecutivo conserva su poder de veto. Es decir, cuando los aumentos traspasen el techo esperable.

El decreto firmado por el presidente, Guillermo Francos y Sandra Pettovello modifica el artículo 10 de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo sancionada en diciembre de 2005. El texto anterior explicitaba que el Ministerio de Educación de la Nación debía acordar junto al CFE y las entidades gremiales docentes con representación nacional un convenio marco con pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.

El  ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger celebró la medida bajo la excusa del federalismo, que, en sus términos, significa “menos intromisión del Estado Nacional en asuntos provinciales, menos burocracia y más poder para las provincias”. Sin embargo, la intervención del Estado Nacional en la paritaria docente le otorgaba un piso de negociación a las provincias que permitía mitigar las desigualdades salariales entre las maestras y los maestros de todo el país. De acuerdo a datos publicados por Maru Bielli, legisladora porteña por Unión por la Patria y especialista en educación, en los inicios de esta política en 2008, el salario más alto era 2,5 veces mayor que el de la jurisdicción que peor pagaba a sus docentes. Luego de 8 años de paritaria ininterrumpida, esa brecha se redujo a 1,9.

“La retirada del gobierno nacional de la paritaria va de la mano con el enorme recorte presupuestario y con la restricción del derecho a huelga. Nada de todo esto resuelve ni uno de los problemas que la educación, por el contrario colabora en que el sistema educativo no sea uno, sino 24 sistemas educativos sueltos. Y hay que entender que esto no afecta sólo a los docentes, sino que tiene enormes consecuencias sobre las generaciones que hoy están en la escuela. Sturzenegger, que estuvo a cargo del Megacanje en el 2001, es quien hoy conduce, entre otras cosas, la política educativa en nuestro país. ¿Alguien cree que puede salir bien?”, criticó Bielli en diálogo con Tiempo.

En febrero, el gobierno nacional había aumentado el piso salarial docente a 500 mil pesos. El 8 de mayo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Argentina (CTERA) le envió una carta documento a la Secretaría de Educación para solicitar la reapertura de la paritaria “frente al grave deterioro del poder adquisitivo de los salarios, el congelamiento de fondos destinados a la educación y la ausencia de diálogo por parte del gobierno”.

Antecedentes    
En 2018, el macrismo modificó un decreto firmado por el ex presidente Néstor Kirchner que reglamentaba la Ley de Financiamiento Educativo e incluía la cuestión salarial en esas negociaciones de forma explícita en su artículo seis. El gobierno de Macri estableció que el salario docente sería, como mínimo, un 20 por ciento mayor al salario mínimo, vital y móvil vigente. Esta definición le quitó fuerza a la negociación salarial. Finalmente, la paritaria nacional docente fue restituida en los inicios de la gestión de Alberto Fernández.