La CIDH había ordenado la prisión domiciliaria de la dirigente de la organización Tupac Amaru en su residencia habitual del barrio jujeño de Cuyaya, una medida ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que en la práctica nunca se cumplió. Sala estaba en El Carmen, una vivienda que para los defensores no cumple con lo establecido ya que «es un lugar alejado de la ciudad, sin señal telefónica, y con dificultades en el acceso a los médicos».
De hecho, el 31 de julio pasado, Sala tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Pablo Soria por el servicio jujeño del SAME porque fue encontrada desmayada en la casa. Entonces el Comité por la Libertad de Milagro Sala (CLMS) responsabilizó al Poder Judicial de Jujuy por la situación y recordó que el lugar de condena debería ser su domicilio de la ciudad y no en El Carmen, a30 kilómetros de la capital provincial.
Jorge Rachid, uno de los médicos que asiste tanto a Sala como a Mirta Guerrero y los demás detenidos en causas contra la Tupac, había enviado -aclara que a título personal y sin involucrar a sus colegas- una carta abierta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que advertía sobre la «degradación de las condiciones de salud, de todos ellos».
En la misiva, Rachid puntualiza que «las condiciones de detención domiciliaria que se han adoptado en su caso, configuran un ´campo de concentración´ individual, rodeado de alambres de púas, con paredón de tres metros de altura, con decenas de cámaras de seguridad que miran a su interior, iluminación permanente, un grupo de tareas de Gendarmería de docenas de gendarmes armados, que tienen dormitorios y ranchos de campaña en el lugar, además de oficinas desde donde controlan y requisan, entrada y salida de visitas, sólo las autorizadas, además del apoyo de la brigada de perros de la policía jujeña, que rodean permanentemente el predio».
Los defensores de Sala presentaron un hábeas corpus y adelantaron que denunciarán este nuevo traslado a una cárcel ante los organismos internacionales. “La quieren muerta”, dijeron desde el CLMS. “El gobernador Morales y el juez Pullen continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro. Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún politico en Jujuy por los más humildes. Le decimos a Morales que no vamos a parar hasta que Milagro esté libre”, insistieron.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a su vez, se dirigió a a la CIDH para que “se pronuncie de modo urgente y con suma
firmeza le exija al Estado argentino que Milagro Sala abandone nuevamente la cárcel para dar cumplimiento a los términos de la medida provisional del 23 de noviembre de 2017”.
