«En muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio”, escupió el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, negando la existencia del femicidio como máxima expresión de la violencia de género. Enseguida el Gobierno dejó trascender que presentará un proyecto de “Igualdad ante la Ley” con el que buscará eliminar al femicidio como agravante del homicidio. Casi en simultáneo, el Ejecutivo recibió un revés judicial que lo obliga a sostener políticas de prevención y asistencia a niñas y mujeres en situación de violencia.
A partir de una decisión de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Federal, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, debe acatar la medida cautelar que le ordena no desmantelar ni desfinanciar los programas de prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia para niñas y mujeres en situación de violencia.
Así, la Justicia rechazó el pedido del Gobierno de habilitar la feria judicial para tratar su apelación a la medida cautelar presentada por organizaciones de la sociedad civil para que el Ejecutivo no despida personal, frene la eliminación de programas y sostenga la producción y publicación de evidencia de la Subsecretaría de Protección contra la violencia de género.
Según @ONU_es, en 2023:
— ELA (@EquipoELA) January 23, 2025
👨 El 12% de los homicidios de varones fue en manos de una pareja o familiar. La mayoría sucede en el espacio público, en peleas o robos.
👩 En el caso de mujeres, fue el 60%. La mayoría sucede en el hogar.
Si, queremos el «privilegio» de estar vivas. pic.twitter.com/izumcpYGP7
Desmantelar y apelar
La denuncia contra el Ministerio de Justicia había sido presentada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres por Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) cuando el Gobierno anunció el cierre de la Subsecretaría de Género, en junio último.
La cartera de Cúneo Libarona negó haber cerrado la Subsecretaría. Sin embargo, no entregó a la Justicia pruebas que evidenciaran de qué modo se seguían garantizando derechos de mujeres, niñas y adolescentes en materia de violencia de género. Así, la medida cautelar salió el 27 de diciembre. El Gobierno no tardó en apelar, pero comenzó la feria judicial. El Ejecutivo reclamó que se habilitara el tratamiento de esa apelación. La respuesta de la Cámara fue negativa.
“Esto quiere decir que la medida cautelar está vigente y recién cuando vuelva la actividad judicial normal en febrero se sorteará la sala que va a tener que decir si hace lugar a la apelación. Mientras tanto, tienen que acatar la medida cautelar y no reducir recurso humano ni infraestructura de la Subsecretaría”, explicó a Tiempo la abogada Patricia Sotile, del Área Jurídica del ELA.
“Va a ser fundamental el rol de la Cámara para rechazar el recurso de apelación, pero mientras tanto fue un revés para el Gobierno que le hayan rechazado la apertura de la feria y que la medida esté vigente, justo en un momento de tanto ataque a la agenda de género y al feminismo, donde se quieren derogar leyes fundamentales”, añadió.
“Las cifras de femicidios en nuestro país reflejan la expresión más extrema de las violencias de género que constituye una grave violación a los derechos humanos que el Estado debe prevenir y reparar. Por eso esperamos –expresó ELA- no sólo que no se elimine este agravante del Código Penal sino que el Estado dé cumplimiento a la medida cautelar que pretende sostener los programas y políticas destinadas a la prevención y abordaje de la violencia por motivos de género y evitar su expresión más extrema en los femicidios”.
