La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este miércoles la decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos el artículo que obliga a pedir permiso para reuniones de más de tres personas, cuestionado por sectores de la oposición.

Bullrich expresó que el oficialismo retirará de las modificaciones propuestas en el mega proyecto de ley el artículo que impulsaba la prohibición de reunión entre tres o más de tres personas en la vía pública. En términos confusos, la ministra intentó justificar la decisión a partir de un error de redacción.

«Es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro artículo», anticipó Bullrich, al exponer en el marco de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la cámara de Diputados, donde dijo que concurre para «explicar tres temas que se han planteado en temas de seguridad en esta ley».

El artículo en cuestión señala que se define como «‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente».

Aseguró que hubo más de 80 mil piquetes en los últimos 14 años, además de asegurar que los habitantes de la zona sur de la provincia de Buenos Aires que intentaron ingresar a la Ciudad «fueron discriminados» al intentar cruzar por los puentes sobre el Riachuelo, dados cortes por protestas.

En cuanto a la figura de «organizador de manifestaciones», Bullrich aseguró que llevan judicializadas más de 3000 denuncias que el Gobierno recibió a través de la línea telefónica 134.

Según Bullrich, se define como «organizador» de la protesta a quien «convoque a otras personas a participar de la reunión», «coordine a personas para llevar a cabo la reunión», «provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión», «pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes».

Precisó que se plantea una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes ejerzan «capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes como la pérdida de un beneficio social» y sostuvo que «de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que decida sobre la vida de la gente».

Tras sostener que «el peligro es que cualquier dilación, cualquier error que pueda surgir en las decisiones estratégicas de cambio pueden generar una situación de incertidumbre», Bullrich dijo que «la situación del dólar y el riesgo país son situaciones que obedecen a los problemas de ansiedad que se generan en los cambios que el país necesita por esta realidad de estar ahí mirando la hiperinflación».

Además insistió: «Vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada lo cual implica entorpecer el transporte y la posibilidad de circulación de las personas», y añadió que «cuando las manifestaciones sean grandes las vamos a encauzar en las veredas porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles».

La ministra anunció que se plantea aumento de penas a las que establecen hoy el Código Penal, que es de 3 meses a 2 años, y «la llevamos de 1 año a 3 años y medio y que se extiende de 2 a 4 años para quienes lo hacen con armas propias o impropias, como palos o armas simuladas o morteros».

Asimismo, la ministra ratificó que esas personas «serán responsables de los gastos que ocasionen» y recordó que esa cartera no lo aplicó con la CGT, que marchó días atrás contra las reformas del Gobierno, porque dijo que esa central «pidió permiso, pero sí lo hicimos con una rama que se escapó y arruinó una cantidad de comercios en la ciudad».