El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en la mañana del martes la decisión del presidente Javier Milei de suspender por un año el pago de publicidad oficial a todos los medios de comunicación. En conferencia de prensa, el asesor económico advirtió que esta medida se da en el marco de la reducción del gasto público y sostuvo que «el objetivo es hacer lo imposible en el cortísimo plazo, no solo de cumplir lo prometido, sino de evitar la catástrofe porque estamos en una de las crisis más profundas de la historia”.
A pesar del anuncio, hasta el momento no se especificó desde cuándo comenzará a regir esta nueva medida, ni si la misma se circunscribe únicamente a la esfera del poder ejecutivo o si incluirá al resto de los entes públicos abarcados por la administración central, los organismos descentralizados y las empresas estatales.
La pauta oficial comprende toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal otorgado por los diferentes organismos estatales. Esta disposición, regulada por la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional sancionada en 1992 y que ronda un índice de inversión menor al 0.05% del presupuesto nacional, garantiza a la ciudadanía el acceso irrestricto a su derecho a la información y la extensión del mensaje en todo el territorio nacional.
En diálogo con Tiempo, el investigador del CONICET y especialista en el análisis de medios, Agustín Espada, advirtió que la quita de estos fondos tiene como principal perjudicado a las audiencias nacionales. “Los anuncios oficiales no son únicamente una herramienta de influencia dentro del esquema de medios, sino que tienen gran importancia en la comunicación de políticas sociales, que van desde poner en conocimiento la fecha de cobro de los haberes jubilatorios hasta la forma de proceder ante una catástrofe ambiental”, sostuvo.
Además, advirtió que no es correcto creer que estas comunicaciones pueden ser reemplazadas por conferencias de prensa, porque aún hoy el acceso a la información continúa siendo una garantía a la que pocos tienen acceso absoluto.
Todas las campañas de concientización sobre la pandemia de coronavirus para uso de barbijo e higiene tuvo su expresión mayoritaria a través de la comunicación del Estado nacional, el cual abonó espacio en los medios para tal objetivo. Esas campañas para informar a la sociedad son constantes: dengue, cuidados contra temperaturas extremas y demás. El impacto de un recorte de esta magnitud es directo.
En este punto, Espada expone que con este recorte el estado nacional dejaría de garantizar la pluralidad de voces, una decisión que pone en jaque el derecho a la libertad de expresión comprendido en los tratados internacionales incluidos dentro de la Constitución nacional. Con esta decisión, quedaría habilitada la presentación judicial en organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el incumplimiento de los acuerdos mencionados.
Además, de concretarse, existirá una notable degradación en los ingresos de todo el arco de medios que afectará de manera directa al sector asalariado del mismo. Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) advirtió su descontento con la medida anunciada por el portavoz presidencial y sostuvo que esta decisión derivará en una degradación del sistema laboral y, por consiguiente, profundizará de manera significativa la crisis social que atraviesa el país, puesto que gran parte de los ingresos publicitarios estatales son utilizados para el pago de haberes.
A pesar de que la medida fue anunciada de manera sorpresiva por Adorni, Lecchi advierte que la misma va en consonancia con la relación que el nuevo gobierno comenzó a gestar con los medios. La decisión de no transmitir la jura del gabinete de ministros, así como el destrato a los periodistas acreditados en Casa Rosada se suman a los dichos de la canciller, Diana Mondino, quien fue de las primeras funcionarias en pronunciarse a favor de esta quita, lo que deja en evidencia la particular relegación que impulsará el oficialismo en materia informativa.
La pauta en números
Según el análisis realizado por Espada en conjunto con Santiago Marino, el estado nacional representa entre 8 y 10% del gráfico total de ingresos registrados en todo el mercado publicitario, siendo este uno de los principales anunciantes. Con el avance de la degradación económica y el corrimiento de la publicidad de empresas privadas al mercado digital -que garantiza un mayor alcance y segmentación de audiencias con un presupuesto significativamente menor al que estaba destinado a los medios tradicionales-, las instituciones públicas comenzaron a tener mayor injerencia en la recaudación de las empresas de comunicación.
Con datos de la Secretaría de Medios, ambos investigadores expusieron el índice de pauta otorgada por los últimos cuatro gobiernos constitucionales, siendo los últimos dos años de Cristina Fernández de Kirchner el periodo de mayor inversión y el de Néstor Kirchner el menor. El saliente Alberto Fernández, en tanto, otorgó menos que su predecesor Mauricio Macri, aunque tomó la decisión de incluir en la redistribución a los medios comunitarios y de menor audiencia que no eran tomados en cuenta dentro del presupuesto nacional.
El balance anual realizado por el propio estado nacional, confeccionado con los datos obtenidos entre enero y octubre de este año, expone que la inversión total en todo el mapa de medios -que incluye web, gráfica, televisión, radios AM y FM, acciones en vía pública, redes sociales y cine- fue de $40.244.937.740,37. De este mismo informe, se desprende que el Grupo Clarín es el mayor beneficiario de la pauta nacional, seguido por América, Indalo, Octubre, Paramount, entre otros.
Aunque el arco de medios tradicionales tiende a degradarlas, las redes sociales tienen un lugar privilegiado en el acceso a la publicidad estatal. Según el desglose mencionado, YouTube, plataforma de vídeos de Google, recibió $1.079.223.875,39 en diez meses. En tanto, Facebook e Instagram, ambas pertenecientes a Meta, la empresa comandada por Mark Zuckerberg obtuvo $851.182.918,73. Muy por debajo se encuentra TikTok con $6.367.000,73, un dato que, además, pone en evidencia la escasez de importancia que el ex oficialismo le dio a esta red, kilómetro cero de la militancia virtual del nuevo presidente.
En una entrevista con Tiempo, el abogado y doctor en comunicación, Damián Loreti, precisó sobre la discusión que representa el otorgamiento de publicidad oficial a empresas que, incluso, no tributan en el país. “Hay que dirimir si el Estado debe poner dinero en agregadores de contenido que no producen. Y si lo hace, cuál es el límite porcentual para hacerlo. Sobre todo en función de que no existe un régimen más global de fomento al pluralismo y la diversidad con fondos públicos”, sostuvo.
A pesar de la decisión del ejecutivo nacional, la discontinuidad de la publicidad estatal no responde a una política unificada en todas las esferas institucionales. La ejecución del recorte presupuestario está sujeto a decisión de cada uno de los poderes nacionales, provinciales y municipales, por lo que cada nivel tendrá la potestad de definir no sólo si adoptará la medida sino también el porcentaje de ingresos que le otorgará a la comunicación.
