Es un síntoma más de la crisis del sistema de salud y un golpe más al bolsillo. Todo al mismo tiempo. El cobro de un “plus médico” por parte de algunos profesionales que trabajan para obras sociales y prepagas es una práctica de larga data, pero cada vez más extendida. Mientras se dan reclamos en distintas provincias e incluso hay casos que escalan hasta la Justicia, desde los gremios justifican el cobro de un extra por los montos magros que reciben desde las empresas y la creciente precarización. Un «daño colateral»: pacientes que prefieren no atenderse por no poder abonar mil, dos mil, tres mil, o incluso más pesos para que los vean sus doctores de cabecera.
El conflicto tiene carácter federal. En La Rioja, por caso, la titular de la Administración Provincial de Obra Social (APOS), Claudia Ortiz, presentó un proyecto de ley para prohibir el cobro del plus médico y cuestionó los justificativos de quienes lo cobran. “Siempre el argumento es que no se les paga y no es así”, sostuvo. Y acotó que la consulta más baja se paga $2000, por encima del promedio nacional.
“El que no quiere trabajar con la obra social tiene total libertad de no hacerlo, pero si van a trabajar con nosotros deben respetar las normas”, dijo a Fénix Multiplataforma. “No hay razón para que tengan este abuso”, definió, y agregó que hace un año y medio llevaron a un médico a juicio por este motivo.
En Chaco, en tanto, el secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y uno de los secretarios de la CGT provincial, Adrián Bellomi, reclamó fortalecer medidas a nivel legislativo para “erradicar” el plus médico.
Lo definió como un “flagelo que afecta a miles de personas en la provincia del Chaco. Algunos profesionales de la medicina utilizan artimañas ilegales para extraer dinero de la gente, imponiendo este pago adicional que resulta inaccesible para muchas familias trabajadoras. Esta situación obliga a los afectados a tomar decisiones difíciles, como tener que elegir a cuál de sus familiares atender debido a la imposibilidad de costear este maldito costo adicional de una consulta médica, denominado plus”.
Según consignó la Agencia Chaqueña de Noticias Foco, Bellomi apuntó contra el rol de los intermediarios entre las obras sociales y los médicos. “Algunos buscan obtener mayores ganancias de manera indebida”, acusó.
El copago afecta a personas con obras sociales y prepagas, algunas de ellas que le cobran al usuario o usuaria más de 80 mil pesos por mes de cuota. Aún así, deben abonar encima el copago del médico. En Entre Ríos, la Dirección General de Servicios Sociales para el Personal Municipal de Concepción del Uruguay emitió un comunicado a principios de mes apuntando directamente al Círculo Médico por “incumplimiento de lo pactado” e instando al personal municipal no sólo a no pagar el llamado plus sino además a denunciar a las y los profesionales que pretendieran cobrarlo.
Los ejemplos siguen. Si bien el tema no es nuevo, en las últimas semanas recrudeció en algunas provincias y puso en evidencia una de las facetas de la crisis del sistema de salud a nivel nacional. A pesar de los casos, desde la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud y controla “a las Obras Sociales Nacionales y Entidades de Medicina Prepaga para garantizar los derechos de los Usuarios” indicaron a este diario que “tanto en CABA como en nuestras sedes del interior estamos recibiendo el volumen habitual de consultas sobre copagos”.
Desde esa entidad afirmaron que “hay pocos reclamos formales al respecto. Cuando se reciben estos reclamos, que requieren la presentación del comprobante del copago abonado, analizamos la documentación y, en el caso que se haya cobrado un copago no autorizado o si le cobraron de más al beneficiario, se recibe el reclamo. De acuerdo a los casos puede ser necesario realizar un informe médico contable para determinar el reintegro correspondiente”. Agregaron que el valor de los copagos autorizados está a disposición de usuarios en la web del organismo.
Qué dicen los gremios
Para Carlos Wechsler, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), “el copago o cobro indebido o anexo existe desde hace décadas”, pero se potencia “con la precarización de la mitad de la economía y los salarios a la baja de quienes están en blanco”.
Según Wechsler, el incremento de la problemática tiene que ver directamente con las condiciones laborales de las y los profesionales de la salud. Por eso, planteó a Tiempo que la solución pasaría por la firma de convenios o la elaboración de un estatuto médico, “algo que se está tratando de introducir”. Y analizó: “Faltan derechos laborales, el tema es que a veces el médico no se considera un trabajador”.
Carlos Rojo, del Sindicato de Médicos Municipales de la Ciudad, sostuvo que “en CABA no está instalado, lo que no quiere decir que algunos lo hagan”. Y opinó: “Me parece bien que cobren porque los aranceles que pagan las prepagas y las obras sociales es muy poco”.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Federación Médica de Santa Fe, Natalio Cantor, quien en marzo último dijo a Rosario 3 que si bien el plus médico no está permitido, los montos que pagan desde las obras sociales y prepagas pierden ante la inflación y muchas veces llegan a los médicos con meses de demora. “Hace algunos años el valor de una consulta médica era equivalente a entre 11 o 12 dólares, pero hoy en día ese valor es de 4 dólares”, comparó.
De todos modos, aclaró que “de ninguna manera”, un profesional puede negarse a atender a un paciente que no pueda o quiera abonar el plus.
La situación comenzó tiempo atrás en el «interior» pero ya llegó al AMBA, en paralelo con la crisis socioeconómica. Guillermo Starosta vive desde 2012 en Florida, Vicente López. Allí, en los consultorios médicos ubicados en Hilarión de la Quintana y Güemes, a una cuadra de avenida Maipú, tiene a la que es su médica clínica desde hace casi una década. Este año, cuando fue a pedir turno le aclararon que debe abonar un copago de mayor a mil pesos. A pesar de que tiene Médicus Plan Azul, un plan nada barato. «Preferí no atenderme, y terminé viendo a otros doctores en otros lados, que no cobraban», relata.
Héctor Oviedo, presidente del Consejo Médico de Córdoba, declaró a este medio que el cobro de copagos indebidos no es un tema candente en la provincia en este momento, pero apuntó a una situación estructural relacionada con el sistema de salud en general: “El plus como tal no es legal. Pero hay una asimetría muy grande entre las posibilidades de negociación de médicos y financiadores (obras sociales y prepagas). Los grandes tienen mucho más poder de negociación que los pequeños prestadores. Entones hay como una posición dominante excesiva y aparecen formas de tratar de paliar estas diferencias. A veces son prolijas y otras, no tanto”.
Los antecedentes
La polémica en torno al cobro del copago médico se instaló a mediados del año pasado, cuando el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires recomendó a sus afiliados el cobro de un monto extra a sus pacientes –incluso de IOMA y PAMI– en concepto de “gastos operativos”. A poco más de un mes de esa disposición, el reclamo escaló a tal punto que se pidió la intervención a la Justicia. En septiembre, la entidad dio marcha atrás con la medida.
Luego, en enero de este año, la Superintendencia de Servicios de Salud estableció las condiciones para las empresas de medicina prepaga sobre el cobro de copagos o coseguros, así como las prácticas y pacientes exentos. Según esta normativa, las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) deberían presentar los planes con los copagos ofrecidos y los cuadros tarifarios con el detalle de los valores para ser verificados y registrados. Todo lo que esté por fuera de eso es considerado ilegal.
Además, hay leyes provinciales sobre este tema, aunque hay quienes las consideran insuficientes como marco regulatorio. En Santa Fe, por ejemplo, fue sancionada a fines de 2017 la ley 13.731, que prohíbe el cobro de adicionales por parte de médicos. Sin embargo, al año siguiente la secretaria gremial de AMRA, Sandra Maiorana, criticó que la norma “no contempla lo que está pasando en el sector, donde lo que la obra social paga de consulta muchas veces llega tres, seis meses después al médico y en una cifra menor, porque las clínicas y sanatorios primero se quedan con los gastos sanatoriales y le pagan al médico cuando quieren y pueden”.
