La Cámara de Diputados de la Nación trató este miércoles la modificación de articulados a la ley que controla y regula el Lavado de Activos en Argentina. En una sesión con pocos temas consensuados, la iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones y giró al Senado de la Nación.

Finalmente, y pese a haber firmado dictámenes divididos, Juntos por el Cambio rechazó en general el proyecto de ley y en particular acompañó todos los artículos en los que coincidía con el oficialismo, salvo tres de ellos, bajo el argumento de que “el oficialismo no quiere la autonomía e independencia total del poder político de la Unidad de Investigación Financiera”. Según los legisladores de la oposición “es imperativo que la UIF pueda combatir delitos complejos sin interferencias políticas”.

También votaron en contra los representantes del interbloque Federal, los cuatro diputados del Frente de Izquierda y el liberal José Luis Espert. El bloque de Javier Milei no estuvo presente, ni tampoco Carolina Píparo, que ahora preside un monobloque. Las abstenciones fueron de Carlos Zapata (Ahora Patria) y Paula Omodeo (CREO) que están dentro de Juntos por el Cambio y llamativamente de los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois, Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.

La lupa estaba puesta en cómo iba a votar Juntos por el Cambio por el dictamen en el plenario de comisiones que se desarrolló el martes, donde el de mayoría fue firmado no solo por los diputados del Frente de Todos, sino también por los del Pro, aunque con disidencias y el de minoría fue suscripto por la Coalición Cívica, Evolución Radical y el interbloque Federal. En el FDT también hubo divisiones.

Pasadas las 15, el diputado Lucas Godoy (Frente de Todos) abrió el debate como miembro informante del proyecto que tuvo 19 oradores en el recinto. El presidente de la Comisión de Legislación General indicó: «Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado, como por su calidad de miembro de estas organizaciones” como el GAFI.

Para el salteño es necesaria una actualización de la normativa, “sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la sanción de la Ley 25.246 en el año 2000 y que su última reforma sustancial fue en 2011, siendo esta reforma anterior a los actuales estándares del GAFI” que se establecieron en 2012.

En tanto, Zaracho (FdT), una de las tres legisladoras referenciadas en Juan Grabois, lanzó: “Otra vez un organismo internacional nos impone una agenda que no tiene que ver con la necesidad y urgencia de nuestra gente”.

A favor del dictamen de minoría, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) señaló que “la UIF no puede ser como cualquier organismo” sino que debe tener “una responsabilidad reforzada a la hora de participar en las cuestiones de los delitos de los poderosos, así sea el delito que comete un funcionario. Ese es el motivo por el cual el texto que propicia el oficialismo no es el que nosotros queremos”.

El proyecto de ley sobre lavado de activos, en detalle

Los cambios que se proponen tienen como objetivo cumplir con todos los requisitos que solicita el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que realizará una auditoria al sector público y privado en el país en septiembre de este año.

Por eso la iniciativa modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Una modificación está en lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

Además, se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado y cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa. 

Además se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva.

La sesión presidida por la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, comenzó pasado el mediodía con el proyecto de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisonomía 21 / síndrome de Down que aprobado por unanimidad con 210 votos positivos. La iniciativa contaba con sanción del Senado por lo que se convirtió en ley.

Con un estimativo de 10 horas de duración en la sesión también se trataron proyectos como la creación del Programa Pubertad Precoz Central; y otro más el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar). También se buscaba aprobar un acuerdo para reconocer títulos de grado de educación superior en el Mercosur; la entrada y salida de tropas extranjeras y argentinas, respectivamente, para participar de ejercicios combinados entre el 1 de septiembre próximo y el 31 de agosto de 2024, y por último un proyecto del diputado misionero Diego Sartori, que consiste en la declaración de monumento nacional de la especie águila harpía.