Titular de la Asociación de Abogados Laboralistas por segundo mandato consecutivo, Matías Cremonte ha dirigido el departamento jurídico de ATE y denuncia que el gobierno provocó un embate contra la representación sindical y jurídica de los trabajadores como una vía para disciplinar a los trabajadores y avanzar con el ajuste.

–¿Qué balance hacés de esta gestión?

–Es indudablemente negativo. En diciembre de 2015, las empresas comenzaron a despedir masivamente ante la falta de intervención del Ministerio de Trabajo. Hubo una zona liberada, una política para reducir costos laborales con el objetivo de producir un disciplinamiento, para que los trabajadores resignaran derechos. Esa política fue acompañada de un ataque directo a la representación de los trabajadores: los sindicatos, la Justicia laboral y los abogados laboralistas.

–¿Hasta dónde avanzaron?

–Hubo un ataque muy decidido de Macri diciendo que si los jueces no cambiaban iban a cambiar los jueces, y que la Justicia laboral no puede fallar siempre para el mismo lado, hablando más como empresario que como presidente. Luego avanzaron con pedidos de juicio político por el contenido de los fallos que favorecían a trabajadores o sindicatos, que no prosperaron por la resistencia que se antepuso. Buscaron disciplinar y condicionar a la Justicia laboral.

–¿Qué derivaciones tuvo que el Ministerio de Trabajo fuera degradado a Secretaría?

–Es parte del manual del neoliberalismo para eliminar el sistema de representación de los trabajadores y retornar a la relación individual entre el empresario y el trabajador. Es ideológico. Un ministerio tiene la tarea de velar por el cumplimiento de la legislación laboral. La degradación no es sólo nominal, es de funciones. Subordinarlo al Ministerio de Producción es subordinar los intereses de los trabajadores a los de los empresarios.

–¿Y en el terreno de una reforma laboral?

–Uno de los «logros» del gobierno fue la reforma de la ley de ART, que implicó un retroceso a la ley original de 1995, que la Corte declaró inconstitucional. Fue un retroceso grave, profundizado con el DNU que dictaron esta semana que redujo la reparación por accidente o fallecimiento. Parte de la política regresiva fue promover negociaciones de convenios colectivos por empresa y a la baja, planteando reducción de derechos. El convenio emblema de Vaca Muerta, lejos de ser una adecuación a las nuevas tecnologías, significó una reducción salarial y un aumento de la jornada de trabajo. Luego avanzaron con el convenio del centro de logística de MercadoLibre, flexibilizando la jornada, imponiendo la polifuncionalidad y limitando el derecho de huelga. La reforma laboral no prosperó por el rechazo del mundo del trabajo y la movilización social, que condicionó las posibilidades políticas de avanzar. En general, la Secretaría de Trabajo estuvo al servicio de los intereses empresarios: se vio con los procedimientos preventivos de crisis y el estímulo para que los empresarios puedan reducir personal o modificar condiciones frente a situaciones de crisis no siempre demostradas. Sólo dictó conciliaciones obligatorias a pedido de las empresas para restringir el ejercicio del derecho de huelga.«