Más de 600 familias abandonaron el predio de Guernica, en el partido de Presidente Perón, a menos de 24 horas de la fecha establecida por la justicia para su desalojo, mientras el Gobierno bonaerense acelera las gestiones para que la desocupación sea pacífica, pese al clima de tensión que generan algunas organizaciones de izquierda que apoyan a los vecinos renuentes a abandonar el lugar.

El desalojo está previsto para mañana a partir de las 10, luego de dos pedidos de postergaciones por parte del Gobierno nacional, y con «el 80 por ciento de las familias ya reubicadas», según informó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, en diálogo con Télam. «Sigue todo en pie para el desalojo», confirmó a esta agencia el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló al respecto, en diálogo esta mañana con Radio Con Vos, que gracias «a un trabajo artesanal» que se hizo desde el Ejecutivo bonaerense, «las familias aceptaron desalojar pacíficamente el predio».

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Los terrenos reclamados por sus propietarios- unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría. Tras la denuncia a la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A. el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó abordar el desalojo.

Tras dos pedidos de postergaciones, para conformar una mesa de diálogo que permita llegar a una solución, ahora la decisión de la justicia está firme y la orden deberá ejecutarse entre mañana, a partir de las 10, y el 31 de octubre.

Respecto al desalojo, el gobernador dejó claro que «la policía de la provincia y las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia, y el que resuelve las condiciones y el modo de desocupación es el juez» y añadió: «Es una resolución judicial y no podemos ir en contrario». Larroque agregó que el Gobierno «no puede pedir más prórroga» para el desalojo y recordó que «el 80% de las familias ya fueron reubicadas» y que «mañana empieza a intervenir el juez». «Ya no puedo pedir más prórroga. El predio tiene una orden de desalojo, pedimos dos prórrogas en función del plan de contingencia que presentamos el 15 de septiembre, hicimos un censo y hay más 610 familias que se han acoplado a la idea de reubicación», aseveró.

En el marco del trabajo que el Gobierno bonaerense realizó en el predio- se instalaron cinco carpas interministeriales en Guernica para atender la situación de los ocupantes- se detectó que entre las personas que tomaron los terrenos hay desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género. Los datos se desprenden del censo que realizó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Plan de Intervención Integral.

En ese marco, la Mesa de Articulación- compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Universidad Nacional de La Plata- trabaja contrareloj para lograr la desocupación del predio.

Acompañados por movimientos y organizaciones sociales, los ocupantes integran una Mesa de Diálogo, de la que participan el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro por la Niñez, entre otras organizaciones.

Los abogados de «La Gremial», organización que representa a los ocupantes del predio de Guernica, presentaron un escrito al juez en el que manifestaron que la superficie «reúne las condiciones para ser objeto de intervención estatal». El texto presentado al juez Rizzo, se apoya en la Ley 14449 de «Acceso al Hábitat» y está firmado por los abogados María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares.

Las familias que abandonaron el predio firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o los proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas, y a otros los ayudó en el pago de alquiler.

La resolución del juez Rizzo dice que «una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.».

Según la resolución judicial, «se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública», que deberá realizar el procedimiento «con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes» y recurrir «al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible».

Además, establece que «deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran».

La cámara estableció también que «deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19».