Tras convertir en ley el proyecto que establece que las personas más ricas del país tienen obligatoriamente que hacer un aporte económico, por única vez, al Estado nacional para morigerar los efectos de la pandemia, Tiempo dialogó con la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun.
La representante de Santa Fe remarcó la importancia de la iniciativa: “En medio de una de las crisis económicas globales de mayor dimensión que se recuerden, era necesario que quienes más tienen puedan colaborar para que el Estado siga estando presente en aquellas cuestiones que nosotros creemos que van a ser importantes para este año”.
Sacnun recordó que la titular de Afip, Mercedes Marcó del Pont, habló de que la ley alcanzará a 11.855 personas humanas y aclaró que, “cuando hablan de empresas, o no conocen el proyecto o lo hacen de mala fe, porque la verdad que este aporte extraordinario no alcanza a las empresas sino a las personas físicas de las cuales, el aporte de más del 50% de lo que se va a recaudar representa a 308 personas”.
–¿Cree que el gobierno promulgará la ley rápidamente? ¿Cuáles serían los plazos de aplicación?
–Entiendo que sí. Creemos que su aplicación no debería demorar porque estamos hablando de la instrumentación de un aporte único y la base de datos la tiene Afip. Ni bien se promulgue, ya se puede ir ejecutando. Estamos convencidos de que esta iniciativa de Máximo Kirchner y de Carlos Heller es muy buena, en el sentido de que lo que se va a recaudar con este aporte –se estima entre 300 y 420 mil millones de pesos– tiene destino específico. Primero, la propia ley establece que debe repartirse con criterio federal. Lo recaudado va afectado al refuerzo para la atención del Covid, va a apalancar a las pequeñas y medianas empresas, fortalecer el registro nacional de barrios populares, en un año que viene con una enorme inversión en materia de vivienda, se invierte en materia de energía con la exploración del gas y con las becas Progresar, que durante el gobierno de Mauricio Macri bajaron ostensiblemente.
–¿Cree que una vez vigente puede haber una catarata de presentaciones judiciales?
–Existen antecedentes en Argentina muy similares al aporte solidario. Por ejemplo, el ahorro forzoso que se dio durante el gobierno de Raúl Alfonsín u otro que se dio durante la década del ’90, cuando hubo un gran debate de si se trataba de un impuesto, un híbrido o un aporte. En realidad, hay múltiples antecedentes de este tipo en un momento de emergencia y crisis. Acá estábamos antes de la pandemia en una emergencia integral declarada por el Parlamento de la Nación, y luego llegó la pandemia, con lo cual la situación fáctica para fundamentar este aporte es indiscutible. Por otra parte, existen antecedentes de la Corte con respecto a este tipo de aportes que están dentro de la potestad del Estado, con lo cual debe de cumplir con las obligaciones no solamente que están dentro de la Constitución Nacional, sino con obligaciones extra que tuvo que asumir el Estado para poder paliar los efectos de la pandemia. Por otra parte, la verdad, entiendo que es tanto equitativo como proporcional, progresivo, como lo establece el artículo 4 de la Constitución. Los que plantean que la ley puede producir confiscación o que puede violentar la propiedad privada, en todo caso tendrán que judicializar el tema y tendrán que probar la situación. La Afip tendrá que producir prueba en el caso de un procedimiento contencioso.
–¿Cómo evalúa el rol de la oposición durante todo el año parlamentario?
–Tuvimos una oposición que intentó obstruir el funcionamiento del Congreso, todas las idas y vueltas respecto al funcionamiento de las sesiones remotas. Si se hace un racconto de todo lo que ocurrió, pasamos de una caravana por la democracia para que el Congreso funcionara de manera presencial a oponerse a que en plena pandemia funcionáramos con sesiones remotas. Cuando vieron que las sesiones remotas iban a avanzar, pretendieron acortar los temas que el Congreso tenía que tratar este año, a lo que nosotros respondimos con muchísima claridad que queríamos debatir y discutir todo lo que fuera menester para entregarle al presidente Alberto Fernández las herramientas necesarias para que pueda atender no solo la emergencia económica, sino también la situación de la pandemia. Incluso Cristina presentó una declaración de certeza ante la Corte para que no haya ningún tipo de duda en cuanto a la legitimidad de la elaboración y sanción de las leyes mediante el procedimiento remoto. Así, el Parlamento pudo funcionar llevando adelante 30 sesiones virtuales contra siete en 2019 bajo la presidencia de Gabriela Michetti sin pandemia. «
