En las modificaciones al proyecto de ley ómnibus que el gobierno envió al Congreso después de días de negociaciones con el sector más dialoguista de la oposición, se reformula el capítulo dedicado a cultura y se da marcha atrás a una serie de medidas como la derogación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT), que pasarían a ser programas de la Secretaría de Cultura o “el organismo que lo reemplace en el futuro”, dice el nuevo proyecto, dando cuenta de que hasta la propia Secretaría está en cuestionamiento y que, de aprobarse, la ley podría en esta letra chica facilitar la creación de un organismo cuya modalidad no se explicita.
En los fundamentos de la modificación, se explica que el capítulo se «rediseñó protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva».
¿En qué medida afectarían estos cambios al sector cultural? Javier Gabino, miembro de la coordinación del Colectivo Unidos por la Cultura advierte a Tiempo que “en algunos medios se destaca que hay cambios positivos en los artículos de cultura, pero si uno lee las modificaciones se da cuenta de que lo más dañino del proyecto se mantiene e incluso en muchos casos es peor que el original”.
En la jornada de hoy, la comunidad cultural se movilizó a nivel federal en el paro general convocado por la CGT contra el DNU y la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei.
Tiempo Argentino conversó sobre la nueva versión de la ley con representantes gremiales, exfuncionarios y trabajadores del INT, el FNA y el INCAA.
La marcha atrás en el Instituto Nacional del Teatro
En el artículo 588 de la nueva versión se establece que “Las funciones del Instituto Nacional del Teatro serán asumidas por la Secretaría de Cultura de la Nación o el organismo que lo reemplace en el futuro” y que la asignación de recursos humanos, presupuestarios y materiales estará a cargo del poder ejecutivo. A su vez, el proyecto aclara que “los recursos asignados para dichas funciones en 2024 no podrán ser inferiores a los asignados a tal fin en el presupuesto del 2023” y no establece más especificaciones en el marco de una inflación de 211, 4 por ciento.
“Son eufemismos”, dice Gabino y agrega: “El cierre del Instituto Nacional del Teatro se mantiene porque si hay un traspaso en las funciones y los recursos a la Secretaría el resultado es el mismo: la pérdida de la autarquía del Instituto”. Además, señala Luciano Linardi, director del departamento de cultura de ATE nacional y delegado en INT, “lo que está implícito es que todo esto lo pueden hacer si derogan la Ley N° 24800 -es decir la ley nacional del teatro- que entre otras cuestiones estableció la creación del Instituto Nacional del Teatro y su carácter autárquico”.
En una carta dirigida a legisladores, las y los consejeros del INT advierten que la derogación “afecta a la federalidad, la autarquía y va por las definiciones en pocas manos y con los riesgos de caer en políticas absolutamente centralistas y al desfinanciamiento del organismo. En esta propuesta está más claro que la intención es que el sector teatral sea asistido por un programa, mientras que, es la vigencia de la Ley 24.800 lo que garantiza la ejecución presupuestaria equilibrada”.
Gustavo Uano, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, calificó en diálogo con Tiempo a la derogación como “absurda” e “incomprensible”. “Se trata de una institución profundamente federal, que cumple una gran función de incentivo, fomento y desarrollo de las artes escénicas independientes en todo el territorio nacional. Tiene solo 192 empleados, posee prestigio internacional y es profundamente eficiente.
No hubo incremento de empleados en la última gestión tampoco, los que ingresaron lo hicieron bajo el sistema del alta por baja. Se trata de una organización que además tiene una oficina en cada provincia argentina y se ajusta a la dotación ideal. Su cierre o reducción a la categoría de ‘programa’ implicaría la pronta extinción del circuito de teatro independiente en las provincias y la posibilidad discrecional del poder de turno para asignar recursos”, dijo.
Las marcha atrás con el Fondo Nacional de las Artes
Otra modificación de la nueva versión de la ley ómnibus involucra al Fondo Nacional de las Artes. Mientras el proyecto inicial pretendía cerrarlo, en este caso buscan restringir los gastos a un tope del 20 % en relación con los ingresos del Fondo. Además, se reducirían los miembros del directorio -ya no habría un responsable de cada una de las disciplinas, sino que expertos en una determinada área tendrían que arbitrar sobre materias en las que no son especialistas-, y se eliminaría el magro viático que percibían los directores como honorario, en función de cargos ad-honorem. Todo con el objetivo de que “su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística”.
En diálogo con este diario, Fabián Valle, delegado de ATE en el organismo, apuntó que “poner un techo a los gastos de funcionamiento sin poner un piso a los recursos totales es vaciar el organismo de hecho”, porque “mientras los gastos del organismo son fijos, los ingresos son elásticos, dinámicos. El ingreso nunca está asegurado, nosotros por ejemplo tenemos ingresos que no podemos efectivizar porque tienen medidas cautelares sobre derechos de autor”, dice. El principal financiamiento del FNA se genera mediante el dominio público pagante, una tasa que pagan quienes utilizan obras cuyo autor ha fallecido y han transcurrido 70 años posteriores a su muerte. Es decir, mediante la recaudación de los artistas del pasado se solventa la producción cultural del presente. Pero, advierte Valle, “los derechos de autor dependen de los modos de consumo.»
«A medida que el modo de consumo abandona los canales tradicionales y va hacia las plataformas, la cosa cambia. Las plataformas tienen un poder muy importante, no se les puede cobrar o es muy dificultoso hacerlo. Además, se complica todavía más porque si tus ingresos únicamente provienen de los teatros, pequeñas radios locales o editoriales…todo eso hoy también está amenazado”, dice.
Marcha atrás con el Instituto Nacional de Cine y A. Audiovisuales
“Se reducen las modificaciones en el INCAA”, se lee en la nueva versión del proyecto de ley. “Te lo plantean como una mejora, pero no es una mejora en ningún sentido. Es un ajuste encubierto y una trampa”, dice a Tiempo un histórico trabajador del instituto. Si bien se mantendrían los mecanismos de financiamiento del organismo, hay diversos condicionamientos que imposibilitarían su funcionamiento. En primer lugar, se busca que tan sólo el 20 % del presupuesto se asigne a gastos internos, en un instituto que debe mantener una profusa y heterogénea cantidad de actividades e, incluso, a otras entidades como la escuela nacional de cine.
“Hace inviable que podamos seguir sosteniendo el canal de televisión, la plataforma de streaming, las setenta salas de Espacios Incaa, las ocho sedes de la ENERC, los programas ‘Cine en cárceles’, ‘Cine móviles’, ‘Museos de película’, ‘Las escuelas van al cine’…. es decir, no hay manera de que vos sostengas todas las actividades que lleva adelante actualmente el Instituto si solo le asignas el 20% del presupuesto para que pueda hacer eso y además pagar los sueldos. Está claro que ese es el principal ajuste”, señala a este diario Octavio Morelli, guionista egresado de la ENERC y delegado de ATE INCAA.
Otra restricción que establece la nueva versión tiene que ver con el presupuesto que el instituto destina a la producción cinematográfica. La partida asignada pasaría de financiar el 75% al 50% del costo de producción total del proyecto. “Esto afecta principalmente las producciones independientes, porque las únicas producciones que pueden solventar el 50% de los gastos de una película son las grandes casas productoras como Patagonik, Disney o Telefé”, advierte
Finalmente, en el artículo 578 de la redacción del proyecto se derogan una serie de artículos de la Ley N° 17.741, que entre otras cuestiones implican la eliminación de la cuota de pantalla nacional (clave en la protección de la industria nacional frente al monopolio extranjero); la derogación de la producción del fomento al cortometraje; la anulación de los artículos referentes a la coproducción; y la eliminación de una parte de la fiscalización de las distribuidoras y las salas de cine con la anulación del registro único de la actividad audiovisual que lleva adelante el control de los ingresos que permiten seguir sosteniendo el INCAA.
Por otra parte, con relación al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y a la comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), también hay una modificación para que no superen el 20% de sus ingresos. Nada se dice sobre la industria editorial: seguiría vigente la derogación de la Ley N° 25.542, que actualmente garantiza un precio único en la venta de libros.
“Más allá de todas estas cuestiones”, cierra Gabino, “hay una cláusula gatillo que tiene que ver con los superpoderes que pide el Ejecutivo por el plazo de un año. Con esto se le concedería al gobierno la facultad para derogar, cambiar, ajustar, achicar y tirar las asignaciones específicas, que son la base de financiamiento de toda la cultura”, dice.
Son días de alerta, la comunidad artística está a la expectativa y movilizada.
