El trágico incendio que desde hace una semana consume al Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, desató una nueva cacería racista contra las comunidades mapuche tehuelches de la Cordillera, a las que insisten en convertir en el enemigo interno del Estado y la sociedad con acusaciones punitivistas y categorías propias de la Conquista del Desierto, del siglo XIX. Y ahora con el agravante de etiquetarlos como extranjeros y terroristas, y exigir sus capturas aun sin causa judicial
Apenas comenzado el incendio que ya consumió más de 3000 hectáreas de bosque nativo milenario, el gobernador chubutense Ignacio Torres (alias “El Nacho”) articuló con la élite económica local y los medios de comunicación una embestida contra las comunidades, a las que culpó sin pruebas ni argumentos como los causantes intencionales de la tragedia.
El ataque antimapuche se nacionalizó en la semana al sumar a las primeras líneas del Gobierno libertario, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, y hasta fue replicado por oradores en el debate parlamentario por la llamada ley ómnibus. Su común denominador fue la palabra terrorismo.
Las grandes empresas de comunicación de Buenos Aires reprodujeron acríticamente las acusaciones del gobernador y sumaron denuncias anónimas de supuestas víctimas que reflotaron la inexistente Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), coronaron como su nueva líder a la referente comunitaria Moira Millán y adjudicaron el incendio al militante mapuche Cruz Cárdenas.
Referentes Mapuches
Cárdenas es un hombre de la montaña que dedicó parte de su vida a proteger los bosques nativos como miembro de las brigadas de lucha contra incendios forestales. También es el referente de la Lof Paillako que en 2020 protagonizó la recuperación de un territorio ancestral, conocido como El Maitenal, dentro de Los Alerces y sin conflicto ni con la Justicia ni con las autoridades del Parque Nacional.
Moira Millán es una weychafe (guerrera) del pueblo mapuche tehuelche que logró ampliar significativamente el marco de alianzas y apoyos a la reivindicación política e identitaria de las comunidades. Militante territorial y cultural, su libro “El tren del Olvido” fue traducido a varios idiomas y adquirido por una productora europea para llevarlo al cine.
En los hechos, el ataque contra Millán y Cruz viene a cubrir el vacío de enemigo principal de los negociados inmobiliarios y forestales que dejó la ausencia de Facundo Jones Huala desde que fue extraditado a Chile el pasado 4 de enero. La figura de Jones Huala le permitía a la derecha regional corporizar la amenaza y materializar la organización clandestina criminalizable.
Pero pese a todo jamás hubo evidencia material sobre la existencia de la RAM. Solo algunos panfletos muy elementales que aparecen cerca de incendios sospechosos jamás esclarecidos, y denuncias repetidas que los medios multiplican con abundantes adjetivos pero jamás un dato veraz o contrastable.
No obstante, el fantasma de la RAM permite iluminar un grupo social para deshumanizarlo y convertirlo en enemigo interno: indio malo, delincuente, salvaje. A ello se añade terrorista incendiario y extranjero para construir un sentido contra un enemigo deshumanizado y criminalizado de manera de poder reprimirlo sin demasiado costo político y social.
“Debemos ir a fondo para desalojar a los delincuentes que ocupan nuestro Parque Nacional. Hay que separar a los mapuches buenos de la RAM, que son unos delincuentes que tienen negocios inmobiliarios y toman tierras. Hay que poner un freno definitivo”, acusó el gobernador Torres tras exigir a la Justicia Federal de Esquel la erradicación inmediata de los mapuches que habitan el Parque y en tono de “solución final”.
Torres protagonizó durante la semana un raid mediático autopromocional para ahondar esas acusaciones reproduciendo denuncias anónimas de supuestos vecinos: “La nueva líder de la RAM es Moira Millán, que genera este tipo de actos terroristas”.
En diálogo con Tiempo Argentino, Millán definió a sus acusadores: «Son personas con causas judiciales por racismo y violencia racial. Me incluyen en una selección que hacen para desacreditar voces que están legitimadas, que tienen capacidad de articular las luchas mapuches con las ambientales, las de género y muchas otras, que pueden ampliar”.
“Ellos quieren reducir la lucha mapuche a un grupo de encapuchados tirando piedras. Pero cuando ven a un pueblo que tiene una multiplicidad de frentes y capaz de desarrollarse de manera autónoma, tratan de desacreditarlo, de mentir para estigmatizarlos, para que su voz no tenga peso”, añade.
Y define: “Confrontar indios buenos, indios malos y extranjeros, es para justificar la extranjerización de nuestra identidad y actuar en el plano militar. Atravesamos la fase del enemigo interno y ahora pasamos a una nueva donde extranjerizan nuestra presencia para asimilarlo como si fuésemos terroristas invasores. Esto es gravísimo.
La renovada embestida antimapuche ocurre en contexto nacional que muestra agravantes respecto a situaciones anteriores, como la intención del Gobierno libertario de utilizar a las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior, y las políticas contrarias a la protección del medio ambiente para facilitar los negociados inmobiliarios, forestales, mineros y petroleros en la Patagonia. También la extranjerización del agua y la tierra.
La Casa Rosada ya hizo trascender su intención de modificar el decreto reglamentario de la ley de defensa nacional para ampliar el espectro de enemigos a confrontar vía militar. La ley de defensa ordena a las FF AA a intervenir ante “una agresión de origen externo”, que el decreto reglamentario define como “un Estado extranjero”. El cambio quitará “Estado” y hablará solo de “agresión externa” para dejar implicados en la acción militar al crimen transnacional, el narcotráfico y una amenaza de pueblos originarios si son definidos como extranjeros. Tal y como desde hace décadas exige Estados Unidos.
El proceso de criminalización y extranjerización de las comunidades mapuches y de las recuperaciones de territorios ancestrales, cuenta con una significativa participación de los grupos económicos dominantes en la zona, las comunidades empresariales que articulan entre sí negociados inmobiliarios, forestales, rurales, alimenticios, turísticos y de la construcción, entre otros, que cuentan con generosa cobertura y protección de las empresas de medios de comunicación de la región.
Y no es solo una cuestión ideológica y racista, sino de limpiar de obstáculos a los negocios. Se trata de grupos articulados entre sí que suelen apropiarse irregularmente de tierras fiscales vía la compra de “derechos de ocupación” a viejos pobladores, mayormente ancianos, o a sus herederos, y que las recuperaciones territoriales mapuches ponen en crisis al evidenciar los negociados que necesitan de silencio y oscuridad para ser viables y sostenibles.
La sólida alianza de la política y los negocios que se ha instalado a escala nacional, se reproduce milimétricamente en los pequeños pueblos patagónicos y, en ambos casos, requiere de crecientes cuotas de violencia institucional para desarrollarse y sacar del medio a toda disidencia.
Torres, el gobernador de lealtades cambiantes
Como muchos, el gobernador chubutense Ignacio Torres es un hombre de lealtades cambiantes. Conoció la militancia estudiantil a la sombra del fallecido exgobernador Mario Das Neves y se cobijó luego bajo el ala de Graciela Ocaña; saltó al neoliberalismo del PRO con el padrinazgo del experonista Rogelio Frigerio pero lo abandonó para seguir a Patricia Bullrich.
El más joven gobernador de la historia de Chubut, con 35 años, conoció el escándalo en 2022 cuando era senador nacional, al salir a la luz que su representante ante la Comisión Bicameral de control de los Servicios de Inteligencia, Gastón Marano, era a la vez empleado de la Embajada de Estados Unidos y abogado defensor de Gabriel Carrizo, uno de los “copitos” que intentaron asesinar a la expresidenta Cristina Kirchner.
En los 55 días que lleva al frente de la gobernación, a la que accedió con apenas el 35% de los votos, Torres ya atacó a las comunidades mapuches más que muchos de sus antecesores. La abogada Sonia Ivanoff reveló a Tiempo Argentino que el mandatario resiste implementar dos sentencias de la Corte para poner en marcha la “Comisión de los Pueblos Indígenas” dentro del organismo que regula las tierras fiscales, y que debe intervenir cuando hay comunidades involucradas.
Su ministro de Educación, José Luis Punta, apenas asumido eliminó la “modalidad intercultural bilingüe” en las escuelas provinciales, un precepto constitucional que debía poner en marcha este año también por indicación del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, resaltó Ivanoff.
Esta semana, el joven gobernador quedó atrapado en una grave contradicción cuando, en su raid mediático para hablar del incendio en Los Alerces, elogió con razón a las Brigadas de Lucha contra Incendios Forestales. Pero sucede que las de Chubut están al borde de la huelga porque el Gobierno provincial se niega a abrir una paritaria para discutir condiciones laborales, los emplea bajo contratos temporarios precarizados y les niega su condición de trabajadores de alto riesgo
