Hace 14 años se sancionó la Ley 26.651, que estipula el nuevo mapa oficial de la República Argentina, el mapa bicontinental que establece nuestro desarrollo territorial desde La Quiaca al Polo Sur y también toda la plataforma continental incluida las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur que integran nuestro territorio nacional. 

Hace pocos días atrás fue noticia de que en una reunión realizada por funcionarios del Gobierno Nacional publicitaron y utilizaron ante distintos referentes y especialmente miembros de representantes de Gran Bretaña, un mapa de la República Argentina no oficial, donde no están ni las Islas Malvinas ni las Georgias y Sanwich del Sur. Esto representaba las distintas áreas de las provincias que habían adherido o no habían adherido al RIGI.

Y en este caso tendrían que haber puesto qué posición había tomado en todo caso la provincia más grande de nuestro país que es Tierra del Fuego, Antártida de Isla del Atlántico Sur. Es parte de la cultura estratégica que seguramente lo resolvieron pidiendo disculpas y echándole la culpa a algún editor o algún diseñador. Pero lo peor de todo, y que no se ha tomado con la preocupación del caso, es el nefasto acuerdo firmado nuevamente por la Canciller Mondino y su contraparte británica que reedita el nefasto acuerdo que había llevado adelante durante la gestión del gobierno de Macri conocido como acuerdo Foradori-Duncan del 13 de septiembre del año 2016.

El acuerdo por Malvinas

Entre otras cosas, el acuerdo promovía (y en la actualidad este nuevo acuerdo nuevamente promueve) mejorar la logística de la usurpación con la realización de un vuelo de San Pablo a Malvinas. Entendiendo que San Pablo no es cualquier ciudad de América del Sur, sino que es la ciudad más importante en temas financieros, y también de la logística vinculada a tecnología para la fase que está en desarrollo que es la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas. Entre otras cuestiones, es plantear áreas de interés común entre ambas naciones.

Me pregunto qué áreas de interés común tenemos con quienes usurpan la soberanía de nuestras Islas Malvinas violando las distintas resoluciones de Naciones Unidas, brindándole nuevamente información científica vinculados al tema de pesca y de explotación de hidrocarburos. 

Nos parece preocupante que no se le dé importancia. Por eso desde nuestra organización CECIM La Plata hemos presentado una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y su canciller Diana Mondino por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Entendemos que esto es un acuerdo. No nos vengan con el verso como lo hizo Macri de que se trataba de un comunicado conjunto, una hoja de ruta, sino que esto es básicamente darle nuevamente la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur.

Concebimos esto con mucha preocupación porque ya debería, en las instancias de los partidos políticos de la oposición del Congreso Nacional, ser un tema en agenda para presentar un pedido de sesión especial para rechazar de plano este acuerdo que viola la Constitución Nacional, la cláusula transitoria primera, la ley de hidrocarburos, la ley de pesca, entre otras. 

Lamentablemente estamos en un nuevo ciclo de postergación de la defensa de la soberanía nacional y de los intereses de los 40 millones de argentinos.