Aun sin conocerse los datos oficiales desagregados, con la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) caída y con los dos sectores en pugna reivindicando cada uno su triunfo en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, la situación post electoral empieza a inquietar a los principales actores internacionales, que apuestan a una “salida negociada”, mientras el gobierno de Nicolás Maduro se aferra a la idea de que su declamado triunfo lo mantendrá en el poder un período más.
Los gobiernos de Brasil, Colombia y México reiteraron el jueves en un comunicado conjunto su pedido de que el CNE exponga los resultados desglosados e insistieron en que “se permita la verificación imparcial, respetando el principio fundamental de la soberanía popular”. Tras una reunión virtual de sus cancilleres, los gobiernos de Lula Da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador instaron nuevamente a los actores políticos y sociales del país a ejercer “la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos y a las fuerzas de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático”.
El comunicado cierra con un elemento clave: afirma que estos gobiernos continuarán “con conversaciones a alto nivel (…). En ese sentido, reiteran su disposición a apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de entendimientos que contribuyan a la estabilidad política y a la democracia en el país”.
El propio Maduro reconoció que está “pendiente” una conversación con los tres presidentes. “Esperemos que se dé», dijo y afirmó que tiene su teléfono encendido «las 24 horas».
La idea de una “mediación” entre Maduro y la oposición para una “salida negociada” fue difundida a principios de esta semana por el diario El País de España y recogida rápidamente por Estados Unidos y la oposición que encabeza María Corina Machado. Sin que esta opción fuera desmentida ni confirmada, el gobierno estadounidense ya la dio por hecha. El encargado interino del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mark Wells, señaló que EEUU está “a favor del diálogo” de la supuesta iniciativa diplomática. Wells además ratificó que su país da por ganador al candidato opositor Edmundo González Urrutia, basándose en las actas que difundió su espacio político en un sitio web a partir de la semana pasada y que ahora aseguran haber publicado el 81% del total, lo que confirmaría el supuesto triunfo por 67% a 30%. “Hemos examinado estas pruebas y hemos determinado que sería casi imposible falsificar los cómputos que se recopilaron y además rápidamente”, aseguró Wells.
La propia Machado consideró que la iniciativa pueda “efectivamente lograr establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva” y en ese sentido valoró que los líderes de los tres países “tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen”. Pero, por supuesto, dejó en claro que cualquier negociación “seria y favorable” deberá “respetar el ejercicio de soberanía popular expresada el domingo 28 de julio”. Esto, en su visión, significa que “efectivamente Edmundo González Urrutia ganó de manera arrolladora”.
Por su parte, la Unión Europea también consideró “clave” la actuación mediadora de los tres países, y volvió a pedir una “verificación independiente de las actas”, en palabras del jefe de Política Exterior, Josep Borrell.
La larga extremidad del comando Sur
La evidente estrategia encabezada por Estados Unidos busca instalar la idea de que Maduro perdió, que los números que el CNE presentó y luego ratificó (Maduro 51,95%; González Urrutia 43,18%); no pueden corroborarse y que la única opción que le queda es sentarse a negociar con la oposición la entrega del poder en una transición pacífica y ordenada.
Se trata de una iniciativa muy distinta a la fracasada opción de Juan Guaidó en 2019, cuando el diputado se erigió “presidente interino” por elección entonces de la Asamblea Nacional y que no pudo sostener un liderazgo a pesar de los millones de dólares que contaba gracias a la administración de Donald Trump.
En la misma línea se puede enmarcar la propuesta del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien ofreció a Maduro asilo político, al igual que a funcionarios chavistas, para solucionar la crisis en Venezuela. “Si esa es la cuota de aporte para salir de esto que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría, sin ninguna duda”, señaló en una entrevista a CNN, en la que también se ofreció como facilitador en la crisis y convocó a una cumbre que podría realizarse la semana próxima aprovechando la asunción del presidente Luis Abinader en República Dominicana.
El presidente Maduro, como se esperaba, rechazó la propuesta y encontró detrás de ella la mano del gobierno estadounidense al que pidió “respeto” y un acuerdo de entendimiento “por 50 años”. En la televisión estatal dijo que Mulino le envió un mensaje para que “contara con él” y para prometer que las relaciones entre Venezuela y Panamá se iban a retomar, pero luego “lo visitó” la jefa del Comando Sur de EE UU, y después de una reunión “salió alborotado” a convocar la cumbre. “Unánimemente América Latina y el Caribe le dijeron (a Mulino): ‘¿Quién es usted, compadre? Usted se equivocó, usted no tiene facultad para convocar una cumbre’”, aseguró el venezolano.
Apoyos considerados
Un extenso grupo de dirigentes políticos y de Derechos Humanos de la región, entre ellos el argentino Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el expresidente hondureño, Manuel Zelaya; y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su apoyo al gobierno bolivariano de Venezuela y rechazó lo que llama un intento de “golpe de Estado” del imperialismo contra Nicolás Maduro.
En un comunicado que lleva la firma de “más de trescientos destacados intelectuales, escritores, periodistas, dirigentes políticos y activistas”, se apunta que tras “la histórica elección presidencial del 28 de julio, que consagró la victoria de Nicolás Maduro Moros para un tercer mandato, ha escalado en Venezuela la operación desestabilizadora del imperialismo, la cual se pergeñó y accionó antes, durante y después de los comicios”.
El texto señala que los “actos de violencia y vandalismo que se pudieron apreciar por la televisión y las redes sociales demuestran que las acusaciones de fraude contra el gobierno de Maduro y el Consejo Nacional Electoral son apenas la superficie de un vasto plan desestabilizador que en última instancia justifique incluso una intervención militar extranjera”.
Además convoca a “todas las fuerzas democráticas de la región y de la comunidad internacional” a “denunciar, repudiar y rechazar enérgicamente los intentos de golpe de Estado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”.
