El desmonte en Argentina no frena ni en cuarentena, y la historia de este crimen ambiental es larga en Argentina, uno de los diez países con más deforestación del mundo, por eso Greenpeace se tomó el trabajo de repasar sus archivos y armar una lista de los responsables a los que denunció públicamente en los últimos treinta años. El inventario de nombres no llama la atención, sus vínculos con los gobiernos tampoco, su principal cosecha son casi ocho millones de hectáreas desmontadas en ese plazo, algunas con permisos otras de manera ilegal otras con diferentes subterfugios.
El 80 por ciento de los desmontes se concentra en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, cuenta Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, basándose en datos propios y oficiales y explica que junto a otras organizaciones están realizando una campaña para que los gobernadores “aumenten el nivel de protección de sus bosques y declaren un plan de emergencia forestal y, en el corto plazo, de deforestación cero”. De modo paralelo, apunta a la necesidad de penalizar el desmonte ilegal, que no es considerado un delito penal, sino civil, con multas muy bajas normalmente y cuando son altas los expedientes no avanzan y no se pagan”.
“Si por un lado los gobiernos provinciales han hecho mapas en los que los bosques deberían estar protegidos hasta en un 80%, por otro, se da el desmonte ilegal y las excepciones a la aplicación de la zonificación que indicaba donde no se podía deforestar. Salta y Chaco son un ejemplo en que la excepción se convirtió en regla. O en Santiago del Estero donde autoriza desmontes para una supuesta ganadería sustentable que en la práctica el bosque queda como una plaza”, explica Giardini ante la pregunta por la responsabilidad de los gobiernos provinciales. Pero este último informe apunta a los actores privados que están por detrás estas políticas.
En esa lista de 300 figuran nombres muy conocidos por sus grandes fortunas y su relación con el estado como Eduardo Elsztain (IRSA), Jorge Horacio Brito (Banco Macro, Inversora Juramento), Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin, Alejandro Carlos Roggio Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Luis Caputo, Alfredo Olmedo ; y otros más conocidos en el ámbito agropecuario como Aldo Adriano Navilli (Molino Cañuelas), David Lacroze Ayerza, Manuel Santos Uribelarrea, Victorio Américo Gualtieri, Roberto Urquía (Aceitera General Deheza), entre otros. No necesariamente los más conocidos públicamente son los que más han deforestado explica Giardini. La lista completa se puede leer acá.
La actividad responsable de tamaño crimen ambiental en los últimos treinta años fue la soja y la ganadería intensiva –en la actualidad más del doble que la agricultura, que se concentra en el centro del país, según el informe de Greenpeace–. El bajo costo de las tierras es uno de los motivos que señala Giardini al explicar esa situación, ya que la expansión del negocio exportador de la soja y las carnes hace que necesiten producir mayor stock. “En la región del chaco argentino se compran tierras a un precio ridículo y muchas veces con comunidades dentro. Los conflictos sociales con esa gente que generalmente no tienen títulos reconocidos por el Estado estallan por eso, al menos hay una muerte por año relacionada a estos conflictos que surgen por la ambición que lleva al desmonte”.
Como son empresarios que se remontan a los últimos treinta años, algunos se relacionan más con un gobierno y otros con otros, “para que no se piense que tenemos algún sesgo publicamos la lista completa, de hecho varios casos, como Elsztain y Brito, los analizamos en detalle en un informe anterior. En otros casos, hay menos detalle. El trabajo fue difícil”.
¿Por qué publicar la lista? “Primero porque la ciudadanía tiene derecho a saber; segundo, porque mucha gente cuando hacemos estas campañas nos reclamaba los nombres de los responsables: ‘queremos saber quiénes son, quiénes son los empresarios’, porque a los gobernadores o políticos a los que les reclamamos ya los conocen”, explica a Tiempo Giardini.
Y esta lista no es completa, son los casos que “desde Greenpeace hicimos públicos, la mitad de los que están en la lista son legales, no diferenciamos al confeccionar la lista, porque muchas veces se hizo desmonte con rezonificaciones que realizó el estado para beneficiar a alguno de ellos –como en el caso de Eurnekian, Macri, Caputo en Santiago del Estero o el del Olmedo antes de que fuera diputado–, y en los papeles todo eso es legal”.
Son todos casos que Greenpeace en algún momento hizo públicos pero que al estar todos juntos toman una densidad distinta: “Nos parecía que era importante decirlo, especialmente ante la consulta repetida de la gente. No se trata sólo de los gobiernos, sino de un modelo de negocios que llevan adelante empresarios y empresas, y que de acá para adelante debería cambiar, frente a esta crisis sanitaria, de biodiversidad y ambiental que enfrentamos”.
Para pedir a los gobernadores de las cuatro provincias mencionadas, que concentran ese 80 por ciento de los desmontes, Greenpeace lleva adelante una campaña a la que se puede adherir en su página. En 2007, cuenta Giardini, gracias al millón y medio de personas que firmaron se logró que saliera la Ley de bosques.
