El Gobierno se prepara para relanzar su política de defensa para el próximo 9 de Julio, cuando se conmemore el 202° aniversario de la Declaración de la Independencia. El plan, según confiaron fuentes de la Casa Rosada a este diario, buscará capitalizar «la buena imagen positiva que tienen las Fuerzas Armadas en la sociedad, a diferencia de lo que muchos creen», cambiar el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional (23.554) y articular un plan de seguridad previsto para la próxima cumbre del G-20, que combinará el despliegue de fuerzas policiales y de seguridad, con la intervención de efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en «maniobras operacionales» para la custodia del evento. 

Los cambios incluyen la creación de una «fuerza de despliegue rápido de 10.000 hombres de las tres fuerzas» que podrán intervenir en todo el país para «combatir y detectar el ingreso de drogas a gran escala» a través de «nuevas bases estrategicas para permitir su desplazamiento en pocas horas», explicó una alta fuente del Gobierno. «El narcotráfico es una nueva hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas, porque en las fronteras actúa como una fuerza invasora, como tambien sucede en Rosario, donde la situación es crítica», agregó la fuente.

Detrás del despliegue castrense para garantizar los protocolos de seguridad del G-20, el «reordenamiento de recursos» implicará una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras nacionales (especialmente del Ejército) y nuevos destinos dentro del país para la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, cuyos efectivos habían sido enviados al control fronterizo hace un año y medio, luego de la anulación de los programas de seguridad Centinela y Cinturón Sur. En ese esquema, el Ejército «tiene 22.000 efectivos voluntarios, que podrán pedir su traslado a Gendarmería», dentro de un «nuevo esquema de gestión presupuestaria: actualmente el 95% de los fondos van para sueldos y operatividad, mientras que solamente un 5% va a reequipamiento. Hay un nuevo acuerdo de Defensa con la Agencia Administración de Bienes del Estado (AABE), para que el 30% de los bienes de las Fuerzas Armadas que sean vendidos vayan a equipamiento», agregó una fuente del Gobierno, para confirmar que serán vendidos los terrenos de distintos regimientos y guarniciones para ese fin. «En el conurbano, además de Campo de Mayo, hay guarniciones que rodean la capital dentro de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional de los 60, pero su rol ahora es innecesario», graficó el funcionario para justificar las operaciones de venta en ciernes.  En el plan de reequipamiento Defensa prevé sumarle artillería a los aviones de entrenamiento IA-63 Pampa, de fabricación nacional, la compra de radares móviles a Israel y un plan de Cyberdefensa, además de sacar a gendarmes de guardias pasivas de centrales nucleares, y otros recursos estratégicos para reemplazarlos por militares. 

«No hay ninguna posibilidad de que las FF.AA actúen en ningún tipo de represión interna ni ninguna participación en el control de los espacios internos ni actuar en materia de seguridad», atajó esta semana el ministro de Defensa, Oscar Aguad, para aclarar parte del mensaje que ofreció el presidente Mauricio Macri el martes pasado, durante el Día del Ejército Argentino. La iniciativa para relanzar el rol de los militares será aplicado por Aguad, como titular de la cartera de Defensa, pero es diseñado junto al secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, que ejerce la supervisión política y técnica de la Cancillería y del ministerio encargado de la administración del aparato militar argentino. Pompeo es un hombre de estrecha relación con Macri, un histórico integrante del PRO, y Aguad mantiene el control del radicalismo sobre la cartera de Defensa. La UCR no está de acuerdo con cambiar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, pero coincide con el macrismo, a través de Pompeo, en derogar el decreto reglamentario que firmó el entonces presidente Néstor Kirchner, que hasta ahora ordena que las FF.AA sólo pueden ser utilizadas cuando la amenaza exterior sea de una fuerza armada de otro país. Ese nuevo decreto permitirá que los militares puedan cumplir tareas de las fuerzas de seguridad federales, y aprovechar esas dotaciones para «reforzar la seguridad interior», con una fuerza como la Gendarmería, que tendrá una mayor capacidad operativa para el control del conflicto social, con asistencia logística militar. 

«Esto no es una novedad: durante la apliación del operativo Escudo Norte en el gobierno de CFK, los militares conducían a los gendarmes en la frontera. En aquel momento ya se violaba la Ley de Defensa. En la actualidad, los aviones de la Fuerza Aérea también estan habilitados para intervenir en derribos de aeronaves que no estén autorizadas. La idea es ampliar el marco legal para que nuestros efectivos no queden desprotegidos legalmente», confió una alta fuente de la Casa Rosada. El nuevo decreto reglamentario también permitiría la aplicación «plena» del Comando Unificado de seguridad para el G-20, que ya comenzó a funcionar el año pasado . 

Para la administración de Cambiemos, las tres fuerzas armadas tienen seis misiones estratégicas: ayudar en la seguridad de las fronteras nacionales, en la lucha contra el narcotráfico, participar en misiones de paz como instrumento de política exterior, defender los recursos naturales, sumarse a «la lucha contra el terrorismo» e intervenir  y asistir en emergencias sociales. Este último punto incluirá la construcción de un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias que se construirá en Neuquén, cerca del yacimiento de Vaca Muerta, con financiamiento del «programa de Asistencia Humanitaria y Respuesta de Desastres del Departamento de Defensa de EE UU, que ya permitió financiar las tareas de apoyo para la búsqueda del submarino ARA San Juan, según anunció el viernes el flamante embajador norteamericano en Argentina, Edward Prado. «Para el Argentina Project del Woodrow Wilson Center «la cuestión del gasto militar argentino implica más que consideraciones domésticas: si Macri reconstruye las FF.AA., adquirirá una herramienta adicional para demostrar la utilidad de la Argentina como aliada de la Casa Blanca», resumió el centro de estudios con sede en Washington. «