Mientras el pueblo argentino reafirma su historia por la Memoria, Verdad y Justicia, el brasileño disputa su relato del pasado. Es que en Brasil, durante la gestión de Jair Bolsonaro, se instaló algo peor que el negacionismo, sino la reivindicación del gobierno terrorista que se inició el 1 de abril de 1964, algo muy parecido al planteo de la vicepresidenta Victoria Villarruel en Argentina.

Oportunamente, en 2019, Jair Bolsonaro dispuso prohibir conmemoraciones el relación al aniversario del golpe militar realizado el 31 de marzo de 1964 y propició celebrar el 1 de abril como fecha de inicio de los 21 años de dictadura que dejó oficialmente 434 desaparecidos, además de una cantidad importante de encarcelaciones, exilios y torturas con muerte.

Ahora, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva revierte esta disposición del expresidente Jair Bolsonaro que propiciaba el festejo del golpe de Estado del 64 y tiene el desafío de recuperar la Memoria a fin de avanzar en la Verdad y Justicia por los Derechos Humanos en Brasil.

Es que la democracia brasileña entró en crisis desde el golpe institucional a Dilma Rousseff en 2016. La política de ese país parece reafirmar su compromiso democrático luego de la derrota a la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando cada vez más se vislumbra la participación ideológica del expresidente Bolsonaro, especialmente en esa foto del día siguiente, donde Lula logró abrazarse con todo el espectro político, que rechazaba cualquier salida autoritaria.

De hecho, el 8 de enero pasado el presidente Lula propició la celebración de la victoria democrática, intentando repetir la foto del 9 de enero de 2023, y si bien gobernadores de perfil ultraderechista se excusaron de participar, no rechazaron la convocatoria, que logró la presencia de la cúpula militar y un amplio espectro político.

A esta reafirmación democrática se suma el Poder Judicial, que avanza en las investigaciones sobre el intento de golpe. Ya hay varios implicados que fueron juzgados, procesados e incluso condenados, pero el personaje clave a juzgar es el expresidente Bolsonaro, quien esta sospechado de haber presentado sin éxito un plan para evitar la asunción de Lula a la Mesa Chica de su gabinete.

Sin embargo, en ese marco, Lula decidió mantener prudencia para abrir un diálogo con las Fuerzas Armadas. Por eso, desactivó actividades recordatorias programadas sobre la Conmemoración del Golpe del 64 y dejó en carpeta un proyecto de decreto que reconstituía una Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos, a propuesta del Ministerio Público Fiscal y elevada a Lula por el Ministro de DD HH, Silvio Almeida.

Creada por una ley en 2014 durante el gobierno de Dilma Rousseff, una Comisión Nacional por la Verdad presentó un informe final que expuso detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones, desapariciones y ocultación de restos humanos, cómo resultado de una política sistemática del Estado contra la sociedad civil, encuadrando las acciones en delitos de lesa humanidad, especialmente con la identificación de 434 casos de muerte y desapariciones de personas ejecutado por la dictadura durante el período 1964-1988.

La crítica fuerte a Lula es que estaría sacrificando la memoria del pasado por un presente de impunidad a oficiales de las Fuerzas Armadas de compromiso incierto con la democracia, en una encrucijada similar a la que tuvo Raúl Alfonsín cuando le impusieron la Obediencia Debida y el Punto Final.