“Mirá cómo estoy viviendo. No tengo nada. Lo que tenía me lo sacaron. Voy a volver a la prostitución”. El mensaje, junto a una foto, fue enviado por una joven recientemente rescatada de una red de explotación sexual. Lo recibió Viviana Caminos, titular de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT).
“Hay víctimas que están volviendo al circuito del que salieron. Tratamos de que no, pero se cortaron los programas de asistencia después del rescate. A veces les pagan un pasaje a sus provincias sin ningún tipo de ayuda. Situaciones así hacen que nos llegue más cantidad de pedidos de asistencia. Y las organizaciones no tenemos recursos. Hay gente que se enoja con nosotros, pero no tenemos el recurso que tiene que dar el Estado”.
Este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, el tema en Argentina está sacudido por dos cuestiones. Por un lado, el caso Loan y la posibilidad de que el niño correntino desaparecido desde el 13 de junio haya sido víctima de un delito de trata de personas, con todo lo que la Justicia no hizo al respecto en la primera etapa de la investigación.
Por otro lado, el ajuste sobre políticas estatales abocadas sobre todo a la asistencia a las víctimas. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei fueron despedidos representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata, se subjecutó al extremo el presupuesto del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Ministerio de Justicia y hubo despidos en la Línea 145, entre otros recortes.
“Cuando no se actúa de acuerdo a lo que dice la ley e indican los protocolos, la situación empeora. Va a empeorar seguramente. El caso de Loan, lamentablemente, es un ejemplo. También existen muchos otros casos, no solo de niños y niñas. Sino de víctimas de trata sexual y laboral, que tal vez puedan ser rescatadas pero tenemos la noticia de que no están recibiendo asistencia porque esos programas no existen más. Lo grave es que van a volver al mismo circuito. Ya está pasando”, advierte Patricia Gordon, psicóloga, integrante de Alameda en Red y ex coordinadora de equipos técnicos del Comité Contra la Trata.
Subejecución y desarticulación
Según el informe “Un ajuste que agranda la brecha”, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizó la ejecución presupuestaria de políticas de género el primer cuatrimestre del gobierno de Javier Milei, “el programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado”.
“No es solamente el desmantelamiento del Comité, sino de organismos a nivel nacional que estaban relacionados, como el Ministerio de Mujeres, lo que era Desarrollo Social, entre otros. De muchos de esos espacios se desprendían programas para víctimas de tata”, dice Gordon en diálogo con Tiempo. Y cuestiona que el Comité haya dejado de ser un organismo interministerial para pasar a depender de Seguridad. “Darle el poder a Seguridad, teniendo en cuenta que muchas veces –no todas– hay connivencia entre poder político, judicial y fuerzas de seguridad para que exista la trata es un gravísimo error”, define.
En la Línea 145, que recibe las 24 horas los 365 días del año llamados relacionados con sospechas de trata, la gestión actual despidió a tres personas de un equipo de 15. “Ya en la gestión anterior se había solicitado que se sume personal, y mejoras en la cuestión salarial. Algunas modificaciones hubo en su momento, pero con el gobierno de Milei hay menos personal y presupuesto. Se tenía que mejorar y se empeoró”, califica Gordon.
La línea es administrada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y recibió más de 7.500 denuncias entre 2020 y 2024. Según dijo a Chequeado Zaida Gatti, coordinadora Nacional del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, “hubo un incremento de denuncias” desde el viernes 21 de junio, en el marco del caso Loan. Hasta el mes pasado se habían registrado 812 denuncias, 121 de ellas relacionadas con explotación de menores.
Del rescate a la deriva
Los datos del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, muestran que desde 2008 hasta el 31 de mayo de 2024 fueron rescatadas y/o asistidas 20.854 víctimas. Desde enero de este año hasta esa fecha, fueron 594. Entre ellas, 29 menores de edad. De ese total, 344 eran varones, 246 mujeres cis y 4 mujeres trans. La mayor parte de los casos fue por explotación laboral (410). Luego, explotación sexual (158).
“Este delito va a aumentar, porque se nutre de la pobreza y la desocupación y de la falta de controles por parte del Estado. Las provincias ya están diciendo que está aumentando la explotación sexual, uno de los fines de la trata”, alerta Caminos.
La titular de la RATT se pregunta cuáles son los recursos que hoy tiene el Estado para asistir a las víctimas: “El Fondo Fiduciario sólo se nutre con sentencias firmes, que son muy pocas. Antes había subsidios del Ministerio de Trabajo, estaban el Potenciar Trabajo, el Programa Acompañar, las provincias aportaban algunos recursos propios. Ahora ni siquiera se consigue un pasaje para acompañar a una víctima de vuelta a su provincia. Ya era complicado y ahora está peor”.
No todo es trata
“El diagnóstico es el mismo de siempre. No hubo política y no la hay. Lo que está impactando es en la prevención de violencias. La eliminación del Ministerio de Géneros y el desguace de áreas conexas como poner al frente del Comité contra la Trata a alguien que no tiene trayectoria en la materia (en referencia a Verónica Toller, periodista, cercana al Opus Dei y cuyo vínculo con la temática es haber trabajado en la promoción de la película Sonido de Libertad, producida por un exponente de la ultraderecha mexicana) impactan sobre la prevención de estos delitos, pero en lo específico de la búsqueda de personas estamos parados en el mismo lugar que hace una década. En prevención, vamos para atrás”, analiza la antropóloga forense e integrante de la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV) Celeste Perosino.
A la falta de avances en políticas específicas para la búsqueda de personas suma otra dificultad: la falta de estadísticas. Y con ello, el error de asociar toda desaparición a cuadros de trata, cuando los pocos datos que hay apuntan en otro sentido.
“No tenemos un número de personas desaparecidas consolidado, menos aún tenemos información sobre causales. Esa información el país no la construye. Pero aún con la poca información que tenemos, sabemos que las personas adultas desaparecen sobre todo por problemas de salud mental, consumo problemático, muchas se van por conflictos o violencia intrafamiliar. Sólo un número más bajo, que se estima en un 5%, son desapariciones de largo término, desapariciones que no se resuelven rápidamente y se consideran vinculadas a delitos”, detalla.
Y agrega que “con respecto a los chicos pasa algo similar. La bibliografía internacional -acá tampoco se ha generado información de calidad sobre qué pasa con los chicos- dice que desaparecen por secuestro parental, por situaciones de violencia intrafamiliar, y hay un núcleo más chiquito de niños raptados por crimen organizado, agresores sexuales. Por lo general la violencia que viven las niñeces es intrafamiliar”.
Esa estimación del 5% deja un enorme 95% sobre el que tampoco hay certezas. “Ese núcleo del 5% que no se resuelve estaría vinculado a delitos, pero nada dice que en el otro 95% no haya violencias. Cuando aparece la persona se archiva la causa, a no ser que aparezca con daño manifiesto. Podemos pensar que hay un sub registro muy importante ahí de violencia sexual, física, psicológica acerca de las cuales la justicia no indaga. ¿Cuál es la incidencia de la violencia en esas desapariciones?”, se pregunta Perosino. No hay datos sistematizados para dar una respuesta.
