La brutal represión policial en los túneles de la estación Las Heras de la línea H del subterráneo, y la detención de una quincena de delegados de la AGTSYP, desató un paro general que involucra a todas las líneas del subte. El desenlace abrupto, en realidad, es el resultado de un largo conflicto por la representación gremial de los trabajadores que, en última instancia, es lo que explica que luego de haberse sellado un acuerdo paritario con la firma de la parte sindical se hayan desatado una serie de medidas de fuerza que ya llevan más de un mes. 

Es que el mencionado acuerdo (aumento del 15% en tres cuotas) se realizó en una mesa de negociación sin la presencia de los representantes de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), conocidos como “Metrodelegados”, que son los que efectivamente tienen la capacidad de tomar medidas de fuerza con el apoyo y acatamiento de los trabajadores.

La AGTSyP, de hecho, surgió luego de un masivo plebiscito realizado en el año 2009, donde los entonces delegados de la UTA pusieron a consideración de la base de los trabajadores la fundación de un nuevo sindicato capaz de representarlos sin la injerencia de la conducción nacional del sindicato entonces, como hoy, en manos de Roberto Fernández. Aquellos delegados, en el año 2002, habían conquistado la jornada de 6 horas por insalubridad. 

El pronunciamiento en el plebiscito fue casi unánime: 98,8% de los 1796 sufragios de un total de 2661 trabajadores empadronados se pronunciaron por un nuevo sindicato. Allí se dio inicio a un proceso que comenzó con la inscripción simple del sindicato y el reclamo para la obtención de la personería gremial. 

En paralelo, la UTA eligió a sus delegados en elecciones minoritarias e intentó defender una mayoría en la representación que nunca pudo demostrar frente a las autoridades. Durante un largo período los representantes formales de la UTA firmaron las paritarias con la sola presencia de los Metrodelegados que, en virtud de su simple inscripción, tenían derecho a elegir delegados y tomar medidas gremiales pero no de firmar paritarias. 

Esa situación cambió en noviembre de 2015 cuando, finalmente, el ministerio de Trabajo les otorgó la personería gremial luego de dos convocatorias fallidas a la compulsa (instancia administrativa en la que las organizaciones gremiales presentan ante las autoridades su nómina de afiliados para determinar cuál es la mayoritaria), por ausencia de la UTA.

El 13 de marzo de este año, sin embargo, la Corte Suprema dejó firme un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dio lugar a una impugnación de la UTA a la decisión del Ministerio de Trabajo alegando que había sido vulnerado su derecho a presentar pruebas. La personería gremial quedó suspendida y se impidió a los representantes de la AGTSyP de participar de la negociación salarial.

A partir de allí se profundizó una escalada contra los delegados que, para repudiar el acuerdo del 15% (diez puntos por debajo de la inflación esperada), decidieron dar inicio a un plan de acción que consistió en la apertura de molinetes y paros rotativos de dos horas por línea. La empresa decidió suspender a 89 trabajadores con descuentos sobre el salario de hasta 35 días y dio inicio a un pedido de desafuero de varios delegados. 

La decisión patronal, con evidente aval del gobierno, pasa por alto que la suspensión de la personería gremial no implica la caída de la simple inscripción de la AGTSyP que conlleva su legítimo derecho a desenvolver medidas de acción gremial.

El pasado 17 de mayo, en el marco de la inauguración de la estación Facultad de Derecho de la línea H, el presidente de la nación declaró que “una Argentina más justa es que todos trabajamos la misma cantidad de horas”,  en una abierta provocación a los empleados del subterráneo en general y a la AGTSyP en particular.