Con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia favorable al gobierno de Nicolás Maduro, se abren en Venezuela tres nuevos frentes de disputa en los terrenos político, diplomático –donde el fallo generó el rechazo de algunas naciones y organismos–; y en el judicial. En lo político, el dato central de hoy es que se realiza la Consulta Popular Nacional en unas elecciones en la que se votan proyectos de obras y mejoras para los diversos distritos del país en 4500 circuitos comunales. Si bien el sector de la oposición no participa de este proceso, como explica la columna de Modesto Guerrero, el mandatario espera una afluencia que respalde la confirmación del fallo del jueves que convalida “de forma inobjetable” los resultados de la elección presidencial «en el que resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro», según la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, ratificando el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio ganador a Maduro con el 51,95% de los votos, frente a Edmundo González, con el 43,18% y con una participación de casi el 60% del electorado. Los números declarados de lo que ocurra hoy podrían acercarse al porcentaje que reivindica el chavismo y permitiría apuntalar la versión oficial.
Por lo demás, el fallo fue rechazado por once países, entre los que se encuentran Estados Unidos y la Argentina y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. También tuvo el reparo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, que insisten en que exhiban las actas desagregadas en forma total y transparente. Los gobiernos de Brasil y Colombia, que vienen defendiendo la soberanía del pueblo venezolano, mantuvieron un prudente silencio.
El comunicado conjunto del viernes firmado por los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresa: “rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela” y critica “que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas”. La líder opositora, María Corina Machado, se hizo eco del comunicado y continuó: “a estas alturas, nadie se traga la burda maniobra del TSJ para esconder las actas que demuestran la apabullante victoria de Edmundo González Urrutia”, tuiteó. “Por eso, una vez más, el régimen se equivocó: lo que el TSJ sentenció fue su complicidad con el fraude del CNE. Lejos de “cerrar el caso”, han acelerado el proceso que cada día aísla y hunde más a Maduro”.
Machado encabezó una concentración popular en Caracas, sin la presencia de González. El acto pudo verse como la preparación de un escenario de protestas y el gobierno de Maduro busca avanzar en el terreno judicial para contener lo que considera la “amenaza fascista” de una oposición de extrema derecha que no ha evitado recurrir a la violencia en otros tiempos.
En una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, en la que se aprobó por unanimidad un acuerdo en respaldo a la decisión del TSJ, su presidente, Jorge Rodríguez hizo un llamado a acatar la sentencia, porque “quien no acate está fuera del juego democrático, quien no acate esta sentencia entra en desacato”.
Previamente, el presidente Maduro había dicho que “los problemas de Venezuela se resuelven en Venezuela, por los venezolanos con la Constitución en la mano porque dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada por eso yo fui a la Sala Electoral del TSJ y activé un recursos contencioso constitucional” y pidió “respeto absoluto a los Poderes del Estado, a la paz, y a través de la Justicia, transitar el camino del trabajo, del diálogo y la unión nacional”.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público (MP), citará en las próximas horas a González Urrutia, “para que rinda declaraciones de su responsabilidad en la página web que publicó las actas electorales, usurpando las competencias del Poder Electoral en Venezuela”. Saab advirtió que “todos los partidos que apoyaron a González Urrutia manifestaron no poseer actas, ¿Entonces qué fue lo que tuvieron? ¿Unos documentos falsificados en una página web?”. Por otro lado, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, adelantó en su programa Con el mazo dando, que se discutirá una “ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares” para contrarrestar acciones en ese sentido en las redes sociales.
