El Frente Sindical de las Universidades Nacionales integrado por todas las federaciones que representan a los docentes universitarios de todo el país y los trabajadores no docentes protagonizan un paro de 48 horas que da continuidad a la serie de 72 horas que llevaron adelante la semana anterior.

La medida afecta a 61 universidades nacionales en la que trabajan 190 mil docentes e investigadores y poco más de 50 mil trabajadores no docentes. Allí estudian alrededor de 2 millones de jóvenes estudiantes a lo largo y ancho del país. También participan de la medida los colegios pre universitarios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.

De este modo, en los primeros ocho días de actividad plena (no todas las unidades académicas comparten calendario) se dictaron clases en apenas dos jornadas en las que, además, se realizaron asambleas y clases públicas. Según las organizaciones sindicales, el desarrollo del segundo cuatrimestre está en peligro si el gobierno continúa con su política de asfixia salarial que los empuja a una huelga de orden general.

Los gremios preparan una nueva marcha federal universitaria para septiembre.
Foto: Edgardo Gómez

Por lo pronto se desenvuelve con alto acatamiento un paro de 48 horas que, al menos en la UBA, se extiende por una jornada más tal como lo resolvió su sindicato mayoritario la AGD-UBA. Las organizaciones coinciden en que el próximo paso, además de profundizar las acciones huelguistas, será el de poner nuevamente a la universidad en la calle a través de una marcha federal en defensa del salario y la universidad pública. Es que, insisten, “sin salario, no hay educación”.

Por el tobogán

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei el salario de los docentes universitarios quedó más de 54 puntos detrás de la suba de precios. Así lo demuestra el informe realizado por el Laboratorio del Salario de los Docentes Universitarios (LSDU).

Por eso se trata del gremio cuyos salarios más resignaron contra la inflación incluyendo los trabajadores informales que, al momento, perdieron 22% de su capacidad de compra. Los docentes de CABA, por caso, arrastran una significativa pérdida del 14% según difundió el gremio Ademys pero que, con todo, se encuentra lejos de lo que han perdido sus colegas del nivel superior.

Por ese motivo, denuncian desde los sindicatos universitarios, muchos docentes están renunciando a sus cargos e insertándose en la educación media. Es la primera vez que la docencia de nivel superior percibe haberes por debajo de los que reciben sus compañeros y compañeras de otros niveles. El mismo informe del LSDU indica que, desde diciembre de 2015, el retroceso fue sistemático y consolidó una pérdida del poder adquisitivo cercana al 50%.

Así las cosas, el salario del cargo testigo del JTP con dedicación semiexclusiva se encuentra en los $301.015,84 para el mes de julio cuando la canasta de indigencia que marca los ingresos necesarios para que una familia eluda una situación de desnutrición, para el mismo mes, llegó a los $405.697 y la de pobreza superó los $900 mil. Un trabajador no docente de la categoría 7 con la que se ingresa a la carrera cobró en julio $420 mil.  

Sobre llovido, mojado

Por eso, lo ocurrido en el último período, implicó para las organizaciones sindicales “la peor pérdida salarial de toda la historia en solo ocho meses”. La última reunión supeustamente paritaria fue el escenario en el que las autoridades del ministerio de Educación anunciaron a las organizaciones sindicales su decisión de incrementar los salarios un 3% en agosto y un 2% en septiembre. A contramano del reclamo de recuperación del salario, el gobierno busca profundizar todavía más la pérdida.

Las organizaciones denuncian que se trata de una política de vaciamiento de la universidad pública en la medida en los salarios representan el 90% del presupuesto de las universidades. El gobierno, por su lado, luego de la masiva marcha del 23 de abril habilitó una actualización del presupuesto para las partidas de funcionamiento equivalente al 270% que marcó la inflación interanual en ese momento pero que se aplica sobre partidas que representan apenas el 8% del presupuesto general y que, además, liberan a cuentagotas.

La voz de los trabajadores

Federico Montero, secretario de Organización de  CONADU señaló a Tiempo que “cumplimos hoy la segunda jornada de un contundente Paro Nacional Universitario tras las 72 horas de la semana pasada”. El dirigente señaló que “como balance podemos decir que hemos vuelto a instalar la situación de las universidades”. Ahora, adelantó, “debemos apuntar a una nueva movilización”.

Desde la CONADUH, su secretario de Organización Antonio Rosello señaló que “en el primer día de paro el acatamiento en las 61 universidad de todo el país superó el 90%. Es un verdadero plebiscito contra la oferta gubernamental del 3% para el mes de agosto y el 2% para septiembre. El miércoles continúa la medida y esperamos un acatamiento similar. El jueves distintas asociaciones de base como la AGD UBA mantendrán el paro para convertir este paro de 48 horas en un paro de 72 horas».

Para Rosello «es imposible rebajar las medidas de fuerza frente a una política gubernamental del cierre de universidades. Lo que se busca con salarios de $310 mil es que renuncien y deserten los docentes. Cuando se mantienen congeladas las becas Progresar y se cierran los comedores se busca que deserten los estudiantes. Esta es la política verdadera del gobierno. Cerrar las universidades goteando poco a poco la deserción de docentes y estudiantes». El dirigente señaló que «el gobierno es responsable pero los rectores también que acordaron el presupuesto para funcionamiento y dejaron afuera el 90% del presupuesto o sea los 2 millone de estudiantes, 190 mil docentes y 50 mil no docentes. Se impone profundizar el plan de lucha y construir una segunda Marcha Federal Universitaria para derrotar esta política de destrucción de una universidad pública al servicios de las mayorías populares”.

La movilización, estiman, de no lograr un cambio de actitud del gobierno, podría realizarse a mediados del mes de septiembre.