«No a la extorsión de Flybondi» y “No al aeropuerto trucho e ilegal El Palomar” fueron las consignas que más resonaron ante el estridente coro de bocinas. La caravana se prolongó por varias cuadras, partió del Hurlingham Club y llegó hasta la puerta de la Base Militar de El Palomar, sede del aeropuerto. Eran trabajadores aeronáuticos que se manifestaban en caravana con un grupo importante de cientos de vecinos, especialmente de Hurlingham, Tres de Febrero y Morón, los más perjudicados por el paso de los aviones.
Claro que la movilización no sólo tuvo el objetivo de repudiar a la polémica low cost y a las intenciones de reabrir el aeropuerto, sino de avalar la decisión del Gobierno Nacional de trasladar toda la actividad que pudiera haber en El Palomar a Ezeiza, o eventualmente al aeroparque Jorge Newbery, cuando finalicen las tareas de refacciones.
El Palomar fue utilizado como aeropuerto comercial por Flybondi y Jetsmart desde que lo habilitó el gobierno anterior en lo que siempre se consideró un gran negocio a expensas del Estado, hasta el inicio de la pandemia de covid-19. Ambas empresas pretendían seguir utilizando el aeropuerto, pero tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) determinaron que el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza, es el único habilitado en el AMBA, ya que “garantiza las medidas sanitarias de prevención de la pandemia luego de haber sido especialmente acondicionado y adaptado, con una inversión millonaria de alta complejidad que duró varios meses”, y que permite operar en “un contexto de bioseguridad con tecnología de última generación en el marco de lo que se denomina Corredor Sanitario Seguro”.
Precisamente en función de eso, el gobierno nacional decidió que los costos operativos aeroportuarios fueran los mismos, pero que ambas empresas se trasladaran a Ezeiza. Inclusive porque El Palomar requiere una fuerte inversión para su funcionamiento: antes de la pandemia ya sostenía un déficit de 300 millones de pesos.
De hecho, Jetsmart acató esa alternativa y desde el lunes fue reanudando sus vuelos desde el Pistarini, hacia Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche, Salta y Tucumán. Para este sábado próximo tiene previsto retomar los viajes a Ushuaia. La empresa utiliza una flota de cuatro aviones.
“Pero Flybondi persiste con su posición extorsiva. Tiene un solo avión, alquilado y en pésimo estado de mantenimiento, y presiona para justificar el desguace de la empresa”, asegura el abogado Lucas Marisi, integrante de la agrupación StopFlyBondi. La low cost sólo consigna la aeronave matrícula LV-HFR, que ya protagonizó incidentes como el del 17 de noviembre de 2018 cuando se despresurizó y cayó más de 25 mil pies de altura en 3 minutos y debió aterrizar de emergencia en El Palomar.
Resaltó Marisi que el presidente de la aerolínea Esteban Tossutti (ex empleado de Luis Juez en el Senado) amenazó públicamente con despidos, aunque desde que empezó la pandemia, hace más de seis meses, el gobierno se hace cargo de los sueldos de empleados, en el marco del programa de Asistencia del Trabajo y la Producción (ATP).
La caravana estuvo compuesta por varios centenares de vecinos y también por integrantes de los sindicatos aeronáuticos, APA, APLA, APTA, UALA y UPSA. Ellos mismos aseguran que todos los empleados de ambas empresas podrán seguir realizando sus tareas en Ezeiza, lo que da por tierra el argumento de los directivos de Flybondi, quienes pretenden endilgarle al Estado, eventuales despidos que realice en un futuro.
En una nueva ocasión, los habitantes de esta región del oeste bonaerense salieron a “repudiar la extorsión de la low cost”, pero al mismo tiempo ratificaron su lucha de más de tres años contra el uso comercial de la pista militar de El Palomar, por los graves efectos del ruido y la contaminación que sufren desde que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal la habilitaron en ese sentido. 
