La cobertura de la demanda energética, de agua potable y de transporte de una familia promedio en el AMBA costó $146.641 en marzo sin subsidios, un 429% más que en diciembre de 2023, según un informe de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.

El trabajo del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas registró también un aumento del 7,7% en marzo en relación a lo que costaba la misma canasta en febrero pasado.

La medición intermensual demuestra el impacto de los últimos ajustes en los servicios y en el transporte, variables que impactarán en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes en curso que releva el Indec, como vienen adelantando consultoras privadas que se anticipan a la publicación de datos oficiales.

El informe del Observatorio consigna que desde diciembre de 2023 hasta marzo pasado el conjunto de servicios públicos se incrementó muy por encima de la variación de los precios minoristas, que fue del 133%. 

Además señaló que hubo un aumento del 92% en la comparación con marzo de 2024, también muy superior al nivel general de precios que en el período fue el 54%.

A contramano 

El costo del gas natural ese mes registró un incremento del 537% interanual; el del agua fue del 330%; el de la energía eléctrica, del 46%; y el del transporte, del 45%.

Esto sucede a contramano de la tendencia inflacionaria que mide el Indec, que tras el salto que siguió a la megadevaluación de diciembre de 2023 presentó una curva descendente. 

El gobierno destaca ese fenómeno como un logro de su política económica, pero la metodología que implementa el ente estadístico oficial para confeccionar el IPC es objeto de críticas porque le otorga mayor nivel de incidencia a la variación de precios de rubros como el de alimentos y menor a la variación de, por ejemplo, los servicios públicos y el transporte.

En marzo, la canasta de servicios públicos acaparó en marzo el 11,3% del salario promedio, y el costo del transporte público se llevó el 41% del total de ese gasto, mostrando el peso de este ítem en el conjunto de la canasta de servicios públicos.