Exactamente dentro de dos domingos, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, debería asumir en el nuevo gobierno, pese a los obstáculos judiciales que viene enfrentando y sorteando desde la primera vuelta electoral del 25 de junio pasado. Con la inminente toma del poder, Arévalo, líder del joven Movimiento Semilla y triunfador en el balotaje del 20 de agosto, anticipó que lo que llama el “pacto de corruptos” que lo atacó jurídicamente impactará en el inicio de su gestión. También deberá enfrentar un magro presupuesto, votado por la gestión precedente, que lo obligará a tratar una ampliación en el Congreso, donde la banca de su partido cuenta con apenas 23 legisladores entre 160.
Con avales de organismos internacionales, como la OEA, la ONU, el Mercosur, la UE y países como los EE UU, todo indica que no habrá nuevas trabas para que el sociólogo de 65 años y hasta ahora diputado se coloque la banda. Con el argumento de estar cumpliendo “su deber de investigar”, la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, le sacó la personería al Movimiento Semilla, pidió que le quiten la inmunidad de diputado a Arévalo, cuestionó al Tribunal Superior Electoral (TSE) y finalmente pidió que se declaren nulos los comicios por supuestas irregularidades. Hace algunas semanas consideró que debían anularse los comicios por fallas en las actas, pero el TSE lo rechazó de inmediato y declaró «irreversibles» los resultados. Paralelamente, la Corte de Constitucionalidad dictaminó el 14 de diciembre que el Congreso debía “garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo”. Para Arévalo, que durante estos meses consideró que se perpetraba un “intento de golpe de Estado” y que fue acompañado en las calles por varias manifestaciones populares, estas últimas resoluciones pusieron fin al conflicto.
En una reciente entrevista publicada en el diario Prensa Libre se mostró ya involucrado en lo que considera los tres “retos” fundamentales de su gestión: la lucha “contra la corrupción”; “lograr que las instituciones funcionen” para garantizar educación y salud de calidad; y “generar las condiciones para que el país sea más atractivo para la inversión extranjera”.
El Movimiento Semilla asegura que los contratiempos judiciales interfirieron en el armado de su plan de gobierno, aunque tiene confirmado el gabinete en su totalidad. Algunos nombres ya trascendieron, como el de Jonathan Menkos, actual diputado que encabezará el Ministerio de Finanzas Públicas. Es un economista que dirigió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Tras la asonada judicial en aparente retirada, el clima en Guatemala es pleno de transición. El presidente Alejandro Giammattei parece más preocupado en su seguridad personal y la de los futuros exministros que en el nuevo gobierno. El ministro de Gobernación saliente, Byron René Bor Illescas, justificó la disposición de destinar a la Policía Nacional Civil a brindar protección a los exfuncionarios en el hecho de que el gobierno recibió “564 solicitudes de seguridad para diversas personas que están sufriendo amenazas”. Todo esto en el marco de convulsión social y protestas azuzadas por el asedio judicial al Movimiento Semilla y sus dirigentes.
