La suerte de las cinco centrales hidroeléctricas del Comahue cuyas concesiones vencen próximamente quedó definida por los próximos 90 días. Este martes se publicó la Resolución 574/2023 de la Secretaría de Energía que resuelve que por ese lapso la operación quedará en manos de sus actuales concesionarios privados.
El 11 de agosto vencen las concesiones, otorgadas 30 años atrás, de las centrales Chocón y Arroyito (en manos de Enel, la misma dueña de Edesur, y que las tiene en venta), Alicurá (de AES) y Planicie Banderita (Orazul Cerros Colorados). La concesión de la quinta central, Piedra del Águila, de Central Puerto, vence el 29 de diciembre.
Por la resolución publicada este martes, la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón, extendió la operación de los concesionarios de las primeras cuatro represas hasta el 10 de octubre, aunque plantea la posibilidad de que la medida se prorrogue por otros 90 días más, hasta el 9 de diciembre, un día antes de la asunción del nuevo gobierno nacional.
En el caso de Piedra del Águila, la operación privada se mantendrá hasta el 27 de febrero de 2024 y en caso de haber prórroga, se extendería hasta el 27 de mayo del año próximo.
La resolución explica que “a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca (del Comahue), las concesionarias deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante 60 días corridos, prorrogables por 60 días corridos”. El contrato original indica que la concesión se puede prorrogar por hasta 12 meses.
¿Marcha atrás?
El fin de las concesiones de las centrales del Comahue abrió un frente de conflicto a varias puntas. El gobierno nacional tomó la delantera y desde el año pasado venía evaluando el tema. A partir de marzo pasado trató de imponer la idea de que las centrales deberían volver al patrimonio estatal nacional aunque su operación se entregaría a privados, los mismos de las actuales concesiones u otros nuevos.
Esta posición chocaba con la idea de los actuales concesionarios, que planteaban la continuidad del statu quo legal por medio de una renovación de las concesiones, aunque dispuestos a rever algunas características de los contratos originales.
En tanto, las provincias de Neuquén y Río Negro planteaban que se creara una “empresa regional” tripartita (las dos provincias y el Estado nacional), pero cuyas ganancias o rentas se acumularan en un fideicomiso específico para financiar nuevas iniciativas en el sector energético.
Con el paso del tiempo, Energía (y el Ministerio de Economía) fueron modificando la idea original, de una empresa exclusiva del Estado nacional y aceptaron la inclusión de las provincias como accionistas de la nueva empresa estatal que recibiría como activos a las cinco centrales. Incluso, se llegó a evaluar que los propios concesionarios ingresaran también como accionista. La nueva empresa sería una filial de la estatal Enarsa.
Pero esta propuesta no fue aceptada por las otras dos partes. Según trascendidos publicados este martes en diversos medios, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, le manifestó personalmente a Massa su rechazo a este plan una semana atrás. La titular del Ejecutivo de Río Negro, Arabella Carreras, hizo lo propio en diálogo telefónico por estos días. Las versiones hablan de que los mandatarios provinciales emitieron la amenaza de recurrir a la Corte Suprema de la Nación para “defender sus derechos”, con epicentro en la renta generada por las centrales hidroeléctricas. Tiempo intentó comunicarse con las oficinas de prensa de ambos ejecutivos pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
Los privados tampoco estaban de acuerdo con el plan oficial ya que les adjudicaba la responsabilidad operativa pero no la gestión de los ingresos generados, ya que quedarían como socios menores dentro de la empresa nacional.
En este escenario, la cartera que dirige Sergio Massa determinó no avanzar con el plan y postergar las resoluciones. Las fechas que indica la resolución llevan a pensar que será el próximo gobierno el que determine cómo seguirá esta historia.
Mientras tanto, la Secretaria de Energía designó a Enarsa como veedor en las cinco centrales hidroeléctricas. También convocó a las provincias de Río Negro y Neuquén para que, conjuntamente con el representante que designe el Ministerio de Economía, “colaboren con Enarsa durante el período de transición establecido”.
Queda por ver cómo será la reacción de los privados. Si bien esta posibilidad está contemplada en el contrato de concesión, ya habían manifestado su hostilidad a una salida de este tipo. Seguirán haciendo cargo de la operación pero ya no tendrán los activos en su poder, que ahora estarán en manos del Estado.
