En esta nota se propone realizar un balance de los primeros seis meses de gobierno a partir del modelo de triángulo de gobierno que incluye las siguientes dimensiones: el proyecto de gobierno, la gobernabilidad y la capacidad. Y cómo el gobierno fue compensando problemas entre los tres vértices del triángulo.
La planificación de gobierno no es necesariamente un plan escrito y normativo sino que puede ser entendida como los cálculos que realizan los actores gubernamentales, de forma precedente a la acción pero también durante la acción, guiándose por los conocimientos de los problemas, los conocidos repertorios de acción, las tradiciones y valores, las nociones con las que comprenden la realidad, la intuición y el olfato.
Un modelo para evaluar la marcha del plan, propio de la planificación estratégica situacional, es el llamado triángulo de gobierno, desarrollado por Carlos Matus, que comprende tres elementos: 1) en el vértice superior está el proyecto (una selección de problemas, una relación entre medios-metas-objetivos, en pos de alcanzar una situación objetivo); 2) la gobernabilidad (que depende de la dificultad de la propuesta en función de la aceptación o rechazo del proyecto y la capacidad para persuadir, neutralizar resistencias y conseguir apoyos) y 3) y la capacidad (habilidades y destrezas técnicas y políticas, “la pericia para conducir, maniobrar y superar las dificultades”).
Cada vértice del triángulo tiene sus problemas y desafíos y en el proceso de planificación se intercambian problemas, se complementan la capacidad y la gobernabilidad, se modifica el rumbo del proyecto en función de hacerlo viable, se generan alianzas para obtener capacidad, buscando un balance global que resulte positivo.
Milei y la gobernabilidad
En los seis meses que lleva navegando el gobierno, bajo la conducción de Javier Milei, hubo principalmente dos instrumentos que indican el corazón de su proyecto: el DNU 70/2023 y la Ley de Bases que en concreto plantean una desregulación de la economía, liberalización de precios, privatización y concesión de empresas públicas, una reforma laboral, una reforma previsional, un régimen de inversiones en beneficio de grandes capitales (RIGI) y un blanqueo.
Hasta el momento, el proyecto de gobierno solo muestra sus efectos en los efectos del DNU, el ajuste fiscal y la licuación de ingresos, cuyos resultados hasta ahora son la caída del consumo, el aumento de la pobreza y la indigencia, al tiempo que cae la facturación del tejido pyme y empieza a crecer el desempleo en el sector privado. Sin embargo, el gobierno considera un éxito conseguir superávit fiscal y reducir la inflación (dos de sus principales promesas) durante tres meses consecutivos.
Entre los resultados negativos y positivos, el gobierno busca avanzar con su proyecto aprovechando el apoyo que aún conserva por buena parte de la sociedad que, a pesar del empeoramiento en sus condiciones de vida, conserva la esperanza en el gobierno. La pregunta es cuánto durará esa esperanza, cuanto aguanta la paciencia y qué desafíos se abrirán para el plan de gobierno en términos de su gobernabilidad.
Al respecto, cabe destacar que en estos seis meses el gobierno logró atravesar distintas resistencias sin que crezca el costo político y, en el caso de Javier Milei, conservando una alta imágen positiva. No obstante, desde su asunción el gobierno ya tuvo frente así unos primeros cacerolazos, una concentración ante el palacio de tribunales convocada por la CGT, dos paros generales organizados por dicha entidad (el segundo con una enorme adhesión); y dos eventos de suma importancia impactaron fuertemente en la percepción pública: la marcha en defensa de la universidad pública (que sumó adhesiones de forma transversal en todo el país, tanto socialmente como etariamente) donde el gobierno terminó por ceder recursos que no pretendía gastar, y un paro policial y docente en la provincia de Misiones del cual el gobierno buscó desentenderse pero ante los cuales debió estar alerta por su posible efecto multiplicador.
Imagen que se debilita lentamente
Desde el 10 de diciembre, la movilización, la protesta, los paros en el movimiento obrero, se acumularon al mismo tiempo que aumentó la unidad y solidaridad entre los grupos sociales damnificados; a la misma vez, las encuestas de opinión pública empiezan a mostrar que la imagen de Javier Milei empezó a debilitarse levemente en el último mes, los focus groups registran que la paciencia se agota y que el relato de lucha contra la casta empieza a erosionarse y ser descreído incluso entre los jóvenes que depositaron su confianza en La Libertad Avanza, principalmente por los errores propios del gobierno, como el caso de los alimentos a punto de vencerse en la órbita del Ministerio de Capital Humano, pero también porque el gobierno no logra mostrar los resultados que prometió en campaña.
En términos de capacidad, considerando principalmente el elenco de gobierno de Javier Milei, estos seis meses han demostrado que hubo una entrada de funcionarios con arraigo en el sector privado-corporativo y distintos cuadros técnicos con paso por el gobierno de la Alianza y de Cambiemos.
Los problemas que ha enfrentado el gobierno en esta dimensión han tenido que ver principalmente con tres cuestiones: la lentitud para complementar la planta de funcionarios (que se ha visto agravada por distintas oleadas de renuncias), la falta de experiencia en la conducción de los ministerios (cuyo impacto negativo estalló en la órbita de Capital Humano de Sandra Pettovello) y las internas del propio gabinete, principalmente aquellas que tienen que ver con el poder ejercido por Karina Milei y Santiago Caputo que buscan controlar las distintas áreas de gobierno.
A seis meses de iniciado el mandato de Javier Milei, el balance que permite relevar el modelo del triángulo, deja ver una serie de problemas en cada uno de los vértices, que lejos de complementarse para subsanar las deficiencias, parecen agravarse. La voracidad con que inició empieza a mostrar gradualismo, constatado en las concesiones en el marco de la Ley Bases, en la postergación en la quita de subsidios a las tarifas de servicios o el coto puesto al aumento de precios de las prepagas, entre otros.
La gobernabilidad se vuelve una incógnita por el aumento del conflicto, del cual no se conocen sus límites en tanto aumente el desempleo y la pobreza, por la pérdida de apoyo por parte de la sociedad y las dudas que empieza a tener el gran empresariado y los organismos internacionales.
La capacidad en términos de pericia, organización y coordinación en el último mes mostró dos importantes crisis en tanto impactó en una de las salidas de un jefe de gabinete de las más rápidas de la historia y en tanto recae en una de las ministras más cercanas al presidente, como Sandra Petovello. Lo que resulta una incógnita es si este desempeño del plan de gobierno se profundizará o se mejorará a partir de lo que ocurra con la Ley de Bases y sus efectos sobre la economía y la sociedad argentina.
*Facundo Juárez Ritterband es sociólogo, magíster en políticas públicas, integrante del Centro de Estudios de Prospectiva y Coyuntura (CEPyCo).
