Los detenidos en el pabellón “C”, módulo VI, del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza que permanecen en huelga de hambre, escribieron una carta a Tiempo. En el manuscrito -que fue entregado a través de uno de sus abogados- expresaron lo que están viviendo desde enero de este año. Cuando la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich, implementó el nuevo Sistema de Integridad de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).
Continúan con la medida de fuerza que adoptaron el pasado 11 de julio para hacer oír sus reclamos, pero aún no tuvieron respuesta. En ese momento también presentaron un habeas corpus colectivo. Sin embargo, hasta el momento, la Justicia Federal de Lomas de Zamora no se ha expedido al respecto.
Un reclamo concreto
“Los detenidos continúan protestando en forma pacífica para que las autoridades dispongan una mesa de diálogo con quienes diseñaron e implementaron el SIGPPLAR. Ello, con el fin de lograr mejorar la operativa de la administración penitenciaria y la cotidianidad de la vida de las personas privadas de libertad ambulatoria”, contó Fabio Galante, abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a Tiempo.
“Solo tienen una prenda de vestir, si la lavan hasta que se seque están en ropa interior; necesitan cambiar los días de comunicación telefónica con familiares, que sea el día anterior al correspondiente a la visita, no después”, reclamó Galante, que es el representante legal de tres de los allí cautivos y quien entregó la carta a este diario. Continuó demandando que los detenidos ”necesitan practicar sus cultos religiosos, sea católico, evangélico o musulmán”.
“Exigimos que estén menos horas encerrados en la celda, donde están solos, que les permitan avanzar en el régimen de progresividad de la pena. No están pidiendo privilegios, solo un trato digno e igualitario”, remarcó el abogado, que también estuvo preso y se graduó en el Centro Universitario Devoto (CUD).
La carta de los presos
“Nos presentamos respetuosamente ante la comunidad para exponer el avasallamiento de nuestros derechos, que como internos nos corresponden, a los cuales venimos siendo sometidos sistemáticamente y es el motivo fundamental de la huelga de hambre que venimos llevando a cabo desde el día once 11 de julio del corriente año”, comienza el manuscrito de los detenidos.
“Mediante resolución ministerial N°RESOL-2024-35-APNMSG y oficialmente notificados el día 24 de enero de 2024, el módulo 6 pasó a ser oficialmente de ‘Alto Riesgo’, quitándonos todos los derechos básicos de la Ley 24.660”, continúa el texto.
Y progresivamente, “se fue degenerando en lo que llamamos un centro ilegal de detención, donde se violan la Constitución Nacional Argentina, Pactos Internacionales y muchas otras Leyes, por las medidas adoptadas, las cuales mencionamos a continuación”, remarca.
Las medidas impuestas
“Confinamiento de 20 horas por día en celdas individuales de 1,5 metros por 3 metros -símil castigo-. Sólo se nos permite una llamada por semana con nuestras familias de 20 minutos de duración total, lo que afecta y deteriora el vínculo familiar”, explican en la carta.
“Las visitas con nuestros hijos menores y mujeres embarazadas a través de un vidrio Blindex/Valla Metálica, una vez por semana, con una duración de 2 horas. No podemos abrazar ni tener contacto físico con nuestros hijos menores, afectando los Derechos del Niño, abarcando al niño y la familia”, expresan.
“Despojo total de nuestras ropas y pertenencias, obligándonos a portar un uniforme estigmatizante y discriminatorio. Se afectó el derecho a la libertad de conciencia y religión, artículos 153, 154, 155, 156, 157, de la Ley 24.660, y concordantes de nuestra Constitución Nacional”, sigue.
Sobre cultos y religiones
“Se prohibió el ingreso al módulo 6 de personal civil como sacerdotes, pastores, capellanes. También se nos despojó de material de fe y culto, como ser, la Biblias, Corán, rosarios, entre otras”, denuncian en la nota.
“Las consultas con el psicólogo y psiquiatra son en presencia de personal encapuchado sin distinción de nombre ni rango, tal como fue comprobado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), lo que afecta la confidencialidad médico-paciente, y totalmente violatorio de la Ley de Salud Mental”, enfatiza el texto.
“Torturas psicológicas por parte del personal -siempre encapuchados- acerca de rumores, nuevas medidas, endurecimiento aún mayor de las condiciones actuales, entre otras cosas. Veda al acceso a estudios superiores, varios de los internos poseemos estudios universitarios incompletos, y no se nos permite continuar nuestras respectivas carreras”, subraya el escrito en relación a los derechos que les otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“La Ley Federal de Educación garantiza el acceso al estudio en todos sus niveles, a todos los habitantes de la República Argentina libres o en contexto de encierro, en este último caso expresa que la seguridad no debe ser un impedimento para el acceso a los estudios”, señala.
“Extorsión al derecho a la huelga de hambre por parte del Servicio Penitenciario Federal, a través de la proveeduría del penal que no permite la compra ni el ingreso de infusiones, caldos, galletitas de agua, a menos que se levante la protesta”, denuncian los detenidos en el manuscrito.
“Falta de progresividad en el régimen de tratamiento penitenciario, en ocasiones quita de puntos y retroceso de fases con espurios fundamentos, para limitar o eliminar el acceso a un beneficio. Censura, se eliminan o retienen noticias de medios gráficos, impresos, entre otras cosas. Sin ningún fundamento, en clara violación al artículo 164, y concordantes, de la Ley 24.660”, aseveran en la carta.
“Atención médica deficiente, algunos internos con graves patologías deben esperar meses e incluso años para la realización de estudios, ya que el protocolo de seguridad limita que los internos del módulo 6 puedan tener atención médica en hospitales extramuros”, reclaman.
Igualdad de condiciones
“Como internos somos conscientes de la problemática que aqueja a la sociedad es la inflación, la pobreza y la inseguridad. También empatizamos con eso, porque nuestras familias son parte de la sociedad y creemos que se debe combatir el delito con la máxima energía. Pero respetando la Ley, los Pactos y Tratados Internacionales junto a la Constitución Nacional. Asimismo, podemos garantizar que detenidos y condenados por delitos aberrantes viven en otros módulos y cárceles en mejores condiciones de detención que la nuestra”, dicen en el manuscrito.
“Insistimos, no somos enemigos de la sociedad, no somos monstruos, como se nos pretende usar y vender con fines políticos, somos simples ciudadanos que, como el común de la gente, amamos, sentimos, reímos y lloramos. Y como todos los seres humanos nos equivocamos, en nuestro caso pagamos con creces nuestras deudas a la sociedad, despojándonos, no sólo de nuestra libertad sino también de nuestra humanidad”, expresan los detenidos.
“Los señores jueces como guardianes del imperio de la Ley, no deben permitir que estas situaciones continúen ni se normalicen, porque ya no estarían impartiendo Justicia, sino venganza. No pedimos la libertad, solo exigimos ser detenidos ‘legales’ con derechos y obligaciones para el cumplimiento de nuestras penas, en un contexto resocializador y no de castigo, objeto principal del régimen penitenciario”, finaliza el manuscrito.
Los detenidos que firmaron la carta
Ignacio Actis Caporale, 37 años (6 años en prisión), ciudad de origen Rosario, Santa Fe. Condenado por infracción a los artículos 865 y 866 del Código Aduanero.
Cesar Orozco, 42 años (11 años en prisión), ciudad de origen Firmat, Santa Fe. Condenado por infracción a la Ley 23.737.
René Guzmán, 38 años (8 años en prisión), ciudad de origen Aguaray, Salta. Procesado por infracción a la Ley 23.737 y asociación ilícita.
Javier Pacheco, 51 años (4 años en prisión), ciudad de origen San Martín, Buenos Aires. Procesado por infracción a la Ley 23.737.
Evelio Ramallo, 38 años (17 años en prisión), ciudad de origen Rafaela, Santa Fe. Condenado por infracción a la Ley 23.737 y asociación ilícita.
Alionzo Ramos Mariño, 61 años (17 años en prisión), ciudad de origen Lima, Perú. Condenado por infracción a la Ley 23.737 y asociación ilícita.
Jorge Emanuel Chamorro, 34 años (12 en prisión), ciudad de origen Puerto Gaboto, Santa Fe. Condenado por infracción a la Ley 23737 y asociación ilícita.
Fabián Gustavo Peloso, 35 años (2 años en prisión), ciudad de origen Rosario, Santa Fe. Condenado por infracción a la Ley 23.737.
Mario Roberto Segovia, 50 años (15 años en prisión), ciudad de origen Rosario, Santa Fe. Condenado por infracción a los artículos 865 y 866 del Código Aduanero, y procesado por artículo 189 bis del Código Penal.
Serkan Kurtulus, 50 años (4 años en prisión), ciudad de origen Estambul, Turquía. Sin delitos en el país, en proceso de extradición a Turquía.
Joel Pucheta, 41 años (17 en prisión), ciudad de origen, Rosario, Santa Fe. Condenado por infracción a la Ley 23.737 y asociación ilícita.
Jorge Granier, 44 años (2 años en prisión), ciudad de origen Beni, Bolivia. Procesado por infracción a la Ley 23.737.
Delfín Castedo, 57 años (8 años en prisión), ciudad de origen Salvador Mazza, Salta. Procesado por asociación ilícita.
José Miguel Farfan, 64 años (5 años en prisión), ciudad de origen Salta Capital, Salta. Condenado por infracción a la Ley 23.737.
Matías Agustín Segovia, 24 años (3 años en prisión), ciudad de origen Rosario, Santa Fe. Procesado por artículo 189 bis del Código Aduanero.
