En lo que puede considerarse una coronación de la escalada de confrontación del gobierno con los gremios del sector, el decreto 873/24 declaró “sujeta a privatización” a Aerolíneas Argentinas.
De esa manera, la incluyó en el mismo nivel que las cuatro fijadas en la Ley Bases (Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio e Intercargo) y otras cuatro que pueden ser privatizadas o concesionadas (Aysa, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales). En un principio Aerolíneas formaba parte de ese listado, pero fue excluida por exigencia de los bloques opositores. Ahora retornó de hecho a esa nómina.
El decreto que habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas hace alusión a una “empresa altamente deficitaria” y a aportes históricos por U$S 8.000 millones de dólares en los últimos 16 años como motivos valederos para justificar esa decisión. También cita la experiencia de otros gobiernos (Canadá, Australia, India o Alemania) que no tienen participación accionaria en las principales aerolíneas de sus países.
Informes oficiales
Sin embargo, al menos dos documentos oficiales contradicen la versión sobre el alto déficit y la necesidad de una fuerte inyección de fondos estatales para permitir su funcionamiento.
Se trata del Informe de Gestión 2023, elaborado a propósito del cambio de gobierno y realizado por la anterior conducción de Aerolíneas Argentinas, a cargo de Pablo Ceriani; y de la última Cuenta de Inversión, una rendición de los resultados del Presupuesto anterior que se eleva al Congreso en junio de cada año.
El informe de Ceriani, que manejó la compañía durante el gobierno del Frente de Todos, destacó que durante 2023 “Aerolíneas no necesitó fondos del Tesoro Nacional para su financiamiento”, por lo que en la práctica no utilizó los $ 90.000 millones asignados por el gobierno nacional para el ejercicio 2023.
Más aún, dijo que en ese momento (a comienzos de diciembre, cuando entregó la presidencia de la firma) había una proyección de ganancias de U$S 32 millones, revirtiendo así el déficit de U$S 247 millones de la temporada anterior. El documento, nunca objetado ni desmentido por la actual conducción de la aerolínea y que todavía se puede consultar en la web oficial, también mostró una mejora en las ventas de 24% anual y una devolución al Estado en concepto de impuestos y tasas pagadas de $ 217.000 millones sólo en el período enero-octubre.
Por su parte, la Cuenta de Inversión elaborada por la Contaduría General de la Nación consigna que la empresa tuvo un resultado económico favorable de $ 24.160 millones a lo largo del año, con $ 492.328 millones de ingresos corrientes y $ 468.168 millones de gastos corrientes (de los cuales $ 113.157 millones, menos de una cuarta parte, fueron para remuneraciones). El beneficio se redujo a $ 11.039 millones tras descontar los gastos netos de capital. Ese saldo fue destinado al pago de deudas.
Hay una salvedad: la Contaduría dice que la empresa recibió una transferencia del Estado por $ 40.500 millones. El informe de gestión de Ceriani afirma que era un giro pendiente del Presupuesto 2022. De una u otra manera, representa poco más del 8 por ciento de los ingresos totales.
Esos números parecen desmentir el panorama apocalíptico trazado en los considerandos del decreto firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, en los que se señala que “el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina”.
Derrame
Tampoco parece haber quedado incumplido el objetivo de “contribuir, mediante el turismo, al crecimiento del Producto Bruto Interno, al ingreso de divisas y a la integración internacional” que se había manifestado al reestatizar la compañía, en 2008. Según el informe Ceriani, el año pasado se transportaron más de 14 millones de pasajeros, conectando 39 destinos de cabotaje y 21 internacionales con un promedio de 313 vuelos diarios.
En todo caso, el decreto destila críticas contra el personal de la empresa, al que acusa de aprovechar un cupo de pasajes sin costo para familiares, “el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos” (como si pudieran afrontar sus viáticos en el exterior con pesos) y “grandes descuentos para el personal jubilado”, entre otros beneficios.
En esos párrafos también siembra confusión una frase que vincula las cuentas de Aerolíneas con “un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9 % de la población y la indigencia al 18,1%”. En la interpretación del Ejecutivo, la situación social funciona como un obstáculo para que la empresa de aeronavegación pueda seguir funcionando en manos del Estado, sin que queden en claro los vasos comunicantes entre una cuestión y otra.
