Cincuenta años atrás, dos años antes del golpe de Estado de 1976, la Brigada de Investigaciones de Banfield se convertía en el Pozo y comenzaba a operar como un centro clandestino de detención. Para la semana posterior a este día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se espera que el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese lugar tenga sentencia. El debate es conocido como “de Las Brigadas”, tiene 11 acusados por delitos cometidos contra 605 víctimas en tres centros y se desarrolla en la justicia Federal de La Plata desde hace tres años. El dato es relevante, porque pese al aumento del discurso negacionista y reivindicatorio de la dictadura, los procesos penales continúan, y suman 1207 condenas a genocidas y más de 300 sentencias.
En la actualidad hay 14 juicios orales abiertos que se sustancian en siete provincias del país. Y desde el retorno de la democracia concluyeron 342 juicios con sentencia que condenaron a más de mil represores, de los que 517 pertenecían a las Fuerzas Armadas, 492 a Fuerzas de Seguridad y 198 son civiles. Esas cifras están sistematizadas en el sitio Juicios de Lesa Humanidad, una base de datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para comunicar e impulsar el desarrollo del proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación que se puso en línea y se actualiza desde 2021.
En promedio, en las casi tres décadas que pasaron desde el juicio a las juntas hasta la actualidad, fueron condenados 31 represores por año. El número toma relevancia teniendo en cuenta el período de impunidad que abrieron las leyes de obediencia debida (1986) y punto final (1987) que cesó recién en 2006 con la reapertura de los juicios.
El último informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público sobre el estado de los juicios da cuenta de que los procesos penales por crímenes de lesa humanidad gozan de un relativo buen estado de salud, con más de 20 sentencias por año, a excepción de 2018 que registró dos menos y la caída a solo 11 en el pandémico 2020. Aun así, ese mismo informe señala que el año pasado terminó con el 77% de los condenados por delitos de lesa humanidad bajo arresto domiciliario. Es decir, los genocidas están presos, pero en sus casas.
“La situación de los juicios orales no ha cambiado mucho en los últimos diez años. Tenemos juicios todos los días en todo el país, pero cada uno de esos juicios va lento, muy lento”, dice el abogado querellante en juicios de lesa humanidad Pablo Llonto. Y advierte que ese ritmo genera procesos penales extensos en los que los imputados mueren o son declarados incapaces en el camino. “La responsabilidad es de la Corte que puede dictar resoluciones que establezcan la prioridad de estos juicios (por la edad de las víctimas, testigos e imputados) pero no lo hace. La Corte tiene que convocar a la comisión interpoderes que se creó en 2009 para acelerar los juicios y hace 3 años que no es convocada”, agrega.
La impunidad biológica como un problema del proceso de justicia se advierte en la base de datos de Juicios de Lesa: de los 15 debates en curso, en 10 hay procesados que fallecieron y 9 declarados incapaces.
En el mismo sentido, la hija de desaparecidos y abogada Verónica Bogliano coincide en que el principal escollo de los juicios es la lentitud: “Tenemos audiencias una vez por semana o cada 15 días. El tiempo que demora el proceso penal hace que muchas de las víctimas y de los imputados mueran o que incluso haya imputados que no lleguen al juicio. Y aunque en el último tiempo los juicios se realizan con causas acumuladas, son muy largos”, detalla la querellante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Los juicios en la era Milei
“El gobierno de Javier Milei vino dispuesto a crear un clima desde el Ejecutivo para que una parte de la sociedad se ponga del lado del golpe, de la dictadura, de los asesinatos, de las torturas, de los centros clandestinos, de las desapariciones, de los vuelos de la muerte”, dice Llonto. Y opina que “la pelea que hay que dar es educativa y con los jóvenes”.
Para Bogliano ese clima se ve en el día a día de los juicios, que es el lugar donde hablan los represores, uno de los sectores que más festejó en noviembre. “Los imputados están más envalentonados y reflotan discursos de odio, negacionistas, o como ocurrió en ampliaciones indagatorias, se la pasan criticando e incluso provocando a las querellas”, cuenta la abogada de la Provincia de Buenos Aires.
“En el juicio de Bahía Blanca (Megacausa Zona V) los acusados repiten la Teoría de los dos demonios, reivindican el accionar de la dictadura y se ponen en víctimas, y si bien eso ya ocurría esporádicamente ahora es constante. En el juicio de Brigadas los defensores en muchos casos hacen una defensa política, antes que jurídica. Eso es un cambio que se nota en relación a los acusados y defensores”, completa. “A partir de que comencemos a tener sentencias, vamos a ver cuál será el tenor que tomarán los jueces”, concluyó.
A 48 años del golpe de Estado genocida de 1976 y con 40 años de democracia, el avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia es tangible. Y el estado de salud de los juicios por crímenes de lesa humanidad parece estable.
“Pasados 18 años desde la reapertura de los juicios se está llegando a un mayor conocimiento de lo que ocurrió en la dictadura gracias a la cantidad de testimonios e investigaciones”, detalla Bogliano. En el mismo camino, Llonto apunta: “En general, la mayoría de los gobiernos y Estados del mundo apoya el curso y desarrollo de los juicios de lesa humanidad en la Argentina y lo ven como ejemplo mundial. 320 sentencias, 1200 condenados y 137 nietos recuperados son la respuesta de estos años”.
