“Negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta” son los cargos de los que fueron acusados este martes por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 marplatense y quienes absolvieron a los femicidas de Lucía Pérez.

El fallo de los magistrados a favor de Matías Farías de 26 años, Juan Pablo Offidani de 45 y Alejandro Maciel de 62 en noviembre de 2018, (dos años y un mes después del asesinato de Lucía), fue revertido en agosto de 2020 por el Tribunal de Casación bonaerense. Los dos jueces (el tercero, Aldo Carnevale, renunció para jubilarse) fueron denunciados y se constituyó un jury de enjuiciamiento, tras lo cual se dio traslado a la Procuración y a la Bicameral.

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El pedido del jury político que hoy recibió el voto unánime, había sido realizado por el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino e impulsado por la entonces diputada Victoria Donda -hoy al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)- junto a su pares Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti, Romina Del Plá y Facundo Moyano.

 “¡Cuánta lucha hemos tenido!”, dice a Marta Montero a Tiempo Argentino, apenas se confirmó el enjuciamiento a los jueces. “Lo que hicieron con Lucía no tiene perdón de nadie, ellos tienen que pagar por lo que hicieron con ella”, agrega.

“La lucha es tan grande y el dolor tan grande por la pérdida de Lucía. No estoy contenta, no, no me da alegría, la alegría sería si yo la tuviera a Lucía y no la tengo ni la voy a tener nunca, pero sí siento que se hizo justicia. Que en este camino que hemos hecho con todas las mujeres, Lucía va a tener justicia, empieza a acercarse esa idea de lo que creemos llamar justicia. Entonces, me puede dar cierta tranquilidad y cierta paz decir que esta lucha no fue en vano”.

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En aquel noviembre de 2018, los jueces Gómez Urso, Viñas y Carnevale absolvieron a los acusados de los delitos cometidos contra la integridad de Lucía, y sólo condenaron a ocho años de prisión a Farías y a Offidani por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”.

En la acusación de la Bicameral, se indica que “la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos, por el gravísimo delito de abuso sexual, con acceso carnal, agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes”.

La acusación continúa, “dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores”, señalaron los acusadores.

Debates en la sociedad

Tanto la lucha de las mujeres, en la que Marta se cobijó y transitó el camino de pedido por justicia por su hija, como los debates que en los últimos tiempos se dan en la sociedad acerca de una justicia sin perspectiva de género, fueron fundamentales para llegar a esta decisión de la Bicameral.

“No nos callamos, salimos, apelamos. Ya no les tenemos miedo a esta ‘justicia’ y aprendimos además que un juez es una persona de carne y hueso como nosotros, ellos se creen dioses y hasta creyeron que eran una monarquía, pero no, son iguales que nosotros, con otros beneficios que nosotros no tenemos”, analiza Marta. “Hoy podemos discutir todo eso, podemos interpelar una sentencia como lo hicimos y decirles ‘esto está mal’ y explicar jurídicamente por qué está mal, nosotras que somos personas normales y comunes”, expresa. “Somos tantas las madres que les podemos dar cátedras de humanismo a esos jueces. Pueden saber mucho de derecho, pero no tienen idea de lo que es que te arranquen un hijo, que te maten un hijo. Por dos monedas o por un puesto venden su alma a quien sea”, agrega.

Desde el aberrante crimen de Lucía, su mamá Marta nunca dejó de pedir justicia. Encabezó diferentes marchas y este fallo la encontró en La Plata donde mañana se inauguró la muestra “El Cuarto de Lucía”, una réplica del dormitorio de la adolescente en el Museo Pettoruti de La Plata, una intervención contra la violencia de género.

“Estas madres que hemos perdido esos hijos, no vendemos el alma a nadie. Cuando luchamos, lo hacemos con una convicción y ahí tenemos estos resultados. Creo muchísimo en la gente, en las madres, en la lucha que tenemos todas. Sea por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por lo que sea, creo que esta lucha es de todas y esta decisión muestra que es un camino correcto”.

El fallo carente de perspectiva de género de los jueces ahora llevados a juicio era un antecedente preocupante en casos de violencia. En cambio, esta decisión de la Bicameral marca un cambio necesario en un contexto de violencia creciente.

“Es importante que se marque este precedente para que los derechos de nuestros hijos no sean vulnerados nunca más. Y cuando pase una muerte de una mujer, a esa mujer se la va a respetar, a esa mujer no se la va a poner en tela de juicio ni ella ni su vida, porque si no, estamos dando derecho a la muerte. Cualquiera te pone la pena de muerte a la chica porque era mujer o porque era homofóbico. O sea, vos tenés derecho a ejecutarme a mí y acá no pasó nada. Cuando el juez sabe perfectamente que está haciendo con esto, va en contra de lo que él promueve, a lo que él está en ese lugar. Entonces tenemos que decir basta, como lo venimos diciendo todas las mujeres que nos juntamos.”

Lo que sigue

A partir de esta decisión, habrá una reunión para fijar el tribunal para el enjuiciamiento y luego otro encuentro con la querella además de funcionarios políticos que encabezaron este pedido.

Entre los puntos solicitados por la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios es que se investigara a la fiscal María Isabel Sánchez por su trabajo en la causa.

Sánchez luego de muchos cuestionamientos por sus declaraciones públicas respecto del caso, pidió licencia psiquiátrica y no fue parte del juicio por el femicidio de la adolescente.