El gobierno de Dina Boluarte en Perú declaró tres días de luto nacional por la muerte del expresidente Alberto Fujimori, y desató una ola de críticas de víctimas y familiares por los crímenes de Estado cometidos durante su gobierno.

La declaración, que entra en vigor este mismo jueves y durará hasta el sábado, fija además los funerales por la muerte de la que ha sido una figura política controvertida en Perú y garantizan las honras fúnebres que corresponderían a un presidente en ejercicio.

Además, las banderas ondearan a media asta durante estos días en todos los edificios públicos, instalaciones e instituciones de «todo el territorio nacional», así como en las misiones diplomáticas, consulares y representaciones permanentes de Perú en el exterior, tal y como ha indicado el Gobierno en un decreto.

«Cabe precisar que esta medida fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Exteriores y el ministro de Justicia y Derechos Humanos», recoge el documento. Su hija, Keiko Fujimori, ha explicado que sus restos podrán ser velados hasta el sábado en el Museo de la Nación.

«Muere Fujimori, condenado por violaciones a DDHH y corrupción y un gobierno asesino como el de los 90 le rinde homenaje. Mensajes oficiales de pesar cuando para sus crímenes hay impunidad. Queda tu memoria, mi hermano y todo el amor por el que seguimos luchando», escribió Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de secuestro y desaparición en el caso conocido como La Cantuta.

«Murió el dictador, asesino y corrupto de Alberto Fujimori. Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal. Su legado de corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo no se borran con su muerte», tuiteó la diputada del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán.

La muerte de Fujimori supone el fin de los procesos en investigación, juicio o extradición pendientes contra el sátrapa Alberto Fujimori, por crímenes de corrupción y contra la humanidad, y deja pendiente la deuda por reparación civil de alrededor de 57 millones de soles, relacionada con tres casos por los cuales fue condenado.

Según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el exmandatario nunca cumplió con el pago de esa obligación. En su momento, la institución aclaró que la elevada deuda incluye los intereses acumulados a lo largo de los años debido a la falta de pago de la reparación civil en favor del Estado.

El expresidente, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, realizó su última aparición pública fue el pasado 4 de septiembre, cuando salía de la Clínica Delgado, en Miraflores, a la que acudió junto a su hijo Kenji Fujimori para realizarse varios análisis de rutina.

Fujimori fue extraditado y condenado en 2005 a 25 años de prisión por múltiples cargos, entre ellos malversación de fondos y violación de los Derechos Humanos por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. No obstante, en diciembre de 2023 recibió un indulto concedido por razones humanitarias pese a las objeciones de la justicia interamericana.

Después de ser puesto en libertad, fue designado candidato presidencial para las elecciones de 2026 por el partido Fuerza Popular, fundado por su hija Keiko, quien en varias ocasiones se ha presentado sin éxito a las elecciones peruanas.

BB con Europa Press