Alberto Mario Linker –18 años, hincha de Boca– yace en el centro de la tribuna visitante de la cancha de Vélez. Vélez 2–River 1 fue suspendido a los 41 minutos del segundo tiempo después de una agresión desde la visitante a Roque Marrapodi, arquero de Vélez. Es el 19 de octubre de 1958. Empleado y estudiante, futbolero, “Tito” Linker había sido invitado a la cancha por un vecino. Recibió un “torpedo” de una pistola lanzagases en plena represión para el desalojo de la tribuna. Afuera, los hinchas de River cantan contra la policía. Piedrazos, destrozos, 25 detenidos. Y Linker muere en el hospital Salaberry. La versión policial dirá que por “un objeto contundente lanzado desde la tribuna”. Los medios la reproducen. Un editorial del diario La Razón habla de “barras fuertes”. “Es una minoría que provoca hechos bochornosos”, suma Clarín. Es la institucionalización del término “barra brava” como el mal de todos los males.
Menos de un mes más tarde, el 14 de noviembre de 1958, se suspenden las garantías constitucionales en la Argentina y se implementa el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes). Gobierna el radical Arturo Frondizi en una semidemocracia, con el peronismo proscripto después del bombardeo a Plaza de Mayo y del posterior golpe de Estado a Juan Domingo Perón en 1955. Fue el segundo golpe militar en el país. El primero había sido en 1930, a Hipólito Yrigoyen. En 1931, inicio del profesionalismo en el fútbol argentino, la Policía comenzó a utilizar bombas de gas lacrimógeno en las canchas. Un disparo del arma matará a Linker.
La dictadura de la “Revolución Libertadora” (“la Fusiladora”), conocemos ahora gracias al trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en la muestra “La Policía mirando el fútbol” en su sede en La Plata, empezó en 1956 a hacer “inteligencia” adentro de los clubes y durante los partidos sobre los hinchas, nuevos “enemigos internos”. Al menos en Buenos Aires, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia (la DIPPBA), disuelta en 1998, en la década menemista de la “maldita policía”. La DIPPBA fue un servicio de inteligencia ilegal, de persecución de carácter político–ideológico. Con policías infiltrándose como fotógrafos y periodistas con carnets en las canchas. Con más de 217.000 fichas personales, incluso de menores de edad. Y con otras miles sobre “hechos”, como un recital de la banda Almendra (“alarde de drogas y letras de orden sexual y rebelde que atentan contra nuestro sistema de vida tradicional”, se lee en un legajo) en la cancha de Estudiantes de La Plata en 1979, y otro de Mercedes Sosa (“financista del terrorismo”) en 1982, tras su exilio pero aún en dictadura, en el que se tiraron volantes de Madres de Plaza de Mayo con el reclamo de aparición con vida de sus hijos.
“Hubo un proceso de identificación no sólo del considerado ‘barrabrava’, sino de toda la hinchada. Filman a todos, fotografían, y después capturan imágenes y van identificando a quienes estaban en la tribuna. Y hay un seguimiento en algunos casos. Quién es, de dónde viene, con quiénes se vincula. Y una valoración de la hinchada, si existe tensión, si había tenido enfrentamientos, cómo se desplazan a los partidos, en tren, en autos”, cuenta Samanta Salvatori, socióloga y directora del Programa Investigación y Sitios de Memoria de la CPM, y detalla: “En los años 50 hay más análisis sobre quiénes integraban las comisiones directivas y sus orientaciones políticas. ‘Fulano, peronista’. ‘Mengano, demócrata’. Y no sólo en clubes como Gimnasia y Estudiantes, sino en cooperadoras de escuelas y bibliotecas populares. El lema del servicio era: ‘Hacemos inteligencia a todos, incluso a los buenos para saber cuándo se convierten en malos’. Era sobre toda la sociedad, no en los 70 sobre Montoneros. Y en los 80 y en los 90, ligan a las barras con el consumo y la venta de drogas. Hay mucho clipping de medios respecto de qué pasaba alrededor de las canchas. Capturas de las transmisiones de televisión, donde identifican, individualmente, a quienes están en las hinchadas”.
Gimnasia y Estudiantes recibieron parte de la documentación del archivo policial de la DIPPBA, en poder de la Comisión Provincial por la Memoria, con sede y museo en La Plata. El Lobo y el Pincha les restituyeron su condición de socios a detenidos–desaparecidos. En Gimnasia fue nombrada “socia honoraria” Gladys Mabel Amuchástegui Messina, militante de la Juventud Peronista, desaparecida a sus 20 años en 1976. Es la hermana de Marcelo Amuchástegui, “el Loco Fierro”, mítico líder de la hinchada de Gimnasia, pesadilla de “la Bonaerense”, asesinado a balazos por la Policía de Santa Fe en 1991 luego de un Rosario Central-Gimnasia.
La CPM decidió resaltar la inteligencia y la persecusión sobre el fútbol después de que un excombatiente de Malvinas no recordara la fecha posguerra de un acto autocelebrario de la dictadura en la cancha de Gimnasia, en el que excombatientes y familiares repudiaron a los genocidas. “¡Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar!”, cantaron el 4 de diciembre de 1982. Faltaban casi 11 meses para el triunfo eleccionario de Raúl Alfonsín. El retorno de la democracia.
La sociedad futbolera argentina incorporó también a la violencia como un elemento del Estado hacia los ciudadanos–hinchas. Represión. “Inteligencia”. Provocación. Abuso. Maltrato. Extorsión. Coimas. Pactos con barras. Liberación de zonas. Y, sí, muertes. Si en la primera en el fútbol argentino, en 1922 (un menor del que se desconoce siquiera el nombre, en el viejo estadio de Sportivo Barracas, donde jugaba la selección), el diario El Telégrafo responsabilizó a la Policía (“una vez más se ha podido comprobar que los jefes encargados de la tropa policial en los grandes matches de fútbol no prestan el concurso para el cual han sido solicitado”), al último hincha visitante (Javier Gerez, 38 años, una mujer, un hijo, socio de Lanús) lo mataron balas de goma a quemarropa de un efectivo de la Policía Bonaerense, en el Ciudad de La Plata en 2013.
En el fútbol argentino, la Policía, supuesto garante de la seguridad, es un actor protagónico que mata. En una de cada cuatro muertes de las 352 que registra la organización “Salvemos al fútbol” estuvo involucrada la Policía, como responsable o, directamente, como ejecutora. Los antropólogos Mariana Galvani y Javier Palma aseguran que “la Policía, en una cancha, no es vista por los hinchas concurrentes como un órgano representante del Estado que legítimamente interviene para restablecer el orden”, sino “como una hinchada más contra la cual también librar un enfrentamiento, simbólico siempre, y físico en muchas ocasiones”, y “asimismo la Policía también percibe el enfrentamiento con los hinchas dentro de la misma lógica”. Porque, al final, “para la percepción del hincha ‘común’, la Policía y la barra brava son lo mismo pero con distinto uniforme”, ya que “reconocen en ambos grupos un gusto por la violencia física”.
En el libro Crónicas del aguante, el sociólogo Pablo Alabarces cuenta que en 1982 el comisario Rodolfo Jusaro, hincha de Huracán, reprimió con saña a la hinchada de San Lorenzo mientras festejaba el ascenso a Primera en la cancha de Vélez. Y que Jusaro, entre risas, le remarcó al subjefe de la Policía: “Yo te avisé que hoy le arruinaba la fiesta a los cuervos”. En los años 80, más allá de la vuelta a la democracia, la Policía funcionaba como un grupo de tareas de la dictadura, como un resabio del poder de la represión militar. A pesar de cierta negociación entre la Policía y las barras desde los 90 –y de la prohibición de los visitantes desde 2013–, los operativos de (in)seguridad en las canchas continúan.
