Después de cinco días con el Ministerio de Ciencia tomado, el gobierno nacional finalmente llegó a un acuerdo con los casi 500 científicos que habían sido evaluados positivamente para entrar a la Carrera de Investigador del Conicet (CIC) en 2017 y que, sin embargo, por el recorte presupuestario se les había negado el ingreso.
El Ejecutivo presentó un acta acuerdo para que continúen un año más como becarios, con la posibilidad de pasar a otras instituciones e incluso a empresas. Pero no aseguró la incorporación a la Carrera para la que se postularon y cuyo lugar tenían ganado por los dictámenes favorables de las juntas evaluadoras. Los científicos, tras largas deliberaciones, elaboraron una contrapropuesta donde rechazaron ir al sector privado, para que fueran designados solo en organismos nacionales.
Más de mil personas protagonizaron la mayor asamblea en la historia de los científicos en la Ciudad de Buenos Aires. El clima en la explanada del Polo Científico en Palermo arrancó con alegría, por haber forzado un compromiso del gobierno, pero fueron apareciendo rechazos y las contrapropuestas, sobre todo de los más afectados. Mientras, delegaciones de otras sedes como Mar del Plata, Córdoba y Rosario, entre otras se mostraron en contra, para continuar con la toma en sus respectivas ciudades.
«Este no es el mejor de los escenarios posibles, está más que claro. El compañero que se presentó a la Carrera de Investigador lógicamente quería, y le corresponde, entrar a la Carrera», expresó Lucía Maffei, becaria doctoral e integrante de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP).
Ayer, el titular de la cartera, Lino Barañao, se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en Olivos, y a la vuelta trajo el acta acuerdo que propone prorrogarles sus becas a los 343 postulantes recomendados y no seleccionados, hasta el 31 de diciembre de 2017. A otros 107, también aprobados pero sin beca del Conicet, se les dará una beca extraordinaria. También se iniciará un proceso de articulación con organismos nacionales de ciencia y técnica y universidades, para que en el transcurso de 2017 ingresen con una remuneración equivalente a la clase de investigador para la que fueron recomendados, sin mencionar lugares específicos. Con un detalle: en el proyecto del gobierno se sumaban, como posible destino de ellos, las empresas privadas. Ese punto no fue aceptado por los científicos, que pidieron agregar entre los organismos al propio Conicet, la obligación de que el Ministerio publique todos los listados de becarios, que se les mantengan ascensos y estabilidad, y que puedan presentarse a la Carrera el año que viene. Luego votaron esa contrapropuesta.
Con este acuerdo el gobierno busca concretar una descentralización de la política científica, quitándole peso al Conicet, y derivándolo a otros organismos que también sufrieron recortes. Es el caso del INTI, el INTA y universidades como la Jauretche, en emergencia presupuestaria.
Dos posturas en pugna pesaron al momento de la asamblea de los investigadores: la política científica del gobierno nacional y la realidad de los casi 500 trabajadores que se iban a quedar sin nada. Aceptando el acta, evitan los despidos generalizados. Pero a la Carrera de Investigador del Conicet habrá entrado la menor cantidad de becarios en una década. Y sienta antecedente.
En el centro del conflicto yace la figura de Barañao, el único ministro que sobrevivió al cambio de gestión. Su relación con la comunidad científica está quebrada. Él nos admitió que no cumplieron los objetivos que se habían previsto, y por lo tanto él mismo, como ministro, fracasó en su función, decía el jueves Alejandro Muntó, de la JCP.
Barañao tampoco contó esta semana con respaldo de altos funcionarios que, en lugar de mostrarse conciliadores, tensaron más la cuerda. El mayor ejemplo lo dio Peña en la entrega de los premios Houssay, cuando los ganadores le entregaron una carta exigiendo que den marcha atrás con el ajuste. En esa ocasión, el jefe de Gabinete aseguró que la discusión «se empobrece si se habla de recorte, cuando en realidad se están aumentando los fondos más que a cualquier otro organismo del Estado».
Al mismo tiempo, esta semana surgió una campaña de desprestigio y difamación contra los científicos del Conicet en las redes sociales, y los investigadores apuntan sus miradas a los trolls de Peña. Hay evidencia suficiente para sospechar que son generadas por aparatos organizados de comunicación que les proveen de recursos informáticos que, dado sus costos, solo pueden ser adquiridos por gobiernos o empresas, afirmaron desde Graduados de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. «
