La decisión de la Comisión de Enlace de terminar con el cese de comercialización de granos cosechó distintas reacciones en Juntos por el Cambio y en los aliados políticos más duros de la mesa de organizaciones gremiales de productores y exportadores agropecuarios que reúne a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro, que no adhirió a la protesta. 

«Gran triunfo del campo y del mundo productivo. Sigamos atentos, defendiendo el trabajo de los argentinos», celebró este martes la titular del PRO, Patricia Bullrich, apenas se conoció que el Gobierno había decidido levantar las restricciones para exportar maíz. Sin embargo, dentro de la misma coalición opositora otras voces consideran que la decisión del Gobierno no es ningún retroceso sino el anticipo de medidas más duras. 

Poco después del anuncio de las entidades agrarias, este medio dialogó con la diputada nacional por Santa Fe, Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica, y su colega bonaerense, Pablo Torello, del PRO.  Son dos de los representantes de Cambiemos que tienen mayor intervención en el conflicto agrario y reflejaron el abanico de posiciones que tiene la coalición opositora al respecto. 

Lehman no pierde de vista que las medidas del paro que comenzó el lunes «fueron simbólicas», pero consideró que «es un llamado de atención al gobierno y creo que ese mensaje se escuchó, de no ser así, el gobierno no hubiera reconocido el grave error y vuelto atrás, en partes, la medida». La legisladora sostuvo que «el problema de raíz sigue persistiendo. Es una bomba de tiempo ante una constante búsqueda de intervención en los mercados, altas retenciones, desdoblamiento cambiario, falta de rumbo claro, falta de credibilidad en quienes toman decisiones y un claro odio ideológico hacia el sector más protagonista de la economía nacional». 

Torello es productor agropecuario y una de las voces del macrismo más cercanas al sector agroexportador. «Lamento mucho que el gobierno haya borrado con el codo lo que había prometido. El presidente Alberto Fernández había dicho que nunca se iba a tomar una medida inconsulta contra el campo», le dijo Torello a Tiempo. El diputado considera que la decisión del gobierno de cerrar la exportación de maíz «fue sin sentido». «El mercado interno está más que abastecido. Necesita cuatro millones de toneladas y hay ocho. Esto demuestra que es un ataque ideológico, cargado de provocaciones a un sector que sigue produciendo». 

Por fuera de los límites de la alianza opositora está la organización Campo Más Ciudad, que comenzó a intervenir públicamente luego de la victoria de Fernández en las últimas elecciones presidenciales. Aunque sus miembros dicen que no tiene vinculación con Juntos por el Cambio, una de sus figuras visibles es Sebastián Quiroga, dirigente de la Coalición Cívica en Villa Dolores, departamento de San Javier, provincia de Córdoba.  «Todo esto obedece a una forma de operar de este gobierno. Creemos que lo que quieren imponer es lo que dijo (el canciller) Felipe Solá antes de asumir: una Junta Nacional de Granos. Aparentemente recularon, pero en el camino de las contramarchas pusieron un límite de exportación y luego metieron un fideicomiso que va a definir los topes de exportación, eso confirma que quieren manejar el agro», aseguraron a Tiempo desde ese espacio. 

A diferencia de las entidades agrarias, en esa organización reclaman «un giro de 180 grados y salir para el otro lado porque hay que cambiar de posición y profundizar el plan de lucha. Si seguimos en el mismo camino van a profundizar la intervención», advirtieron. 

Consultado al respecto, Torello no cree que el Gobierno pretenda reimplantar una Junta Nacional de Granos que defina los valores de exportación. «No se si llegarán a eso porque ya desaparecieron todas las juntas reguladoras, pero si empiezan los cupos de exportación empieza la corrupción en un mercado prístino y claro como es el mercado de granos. Si uno manosea, sonamos. Este año el gobierno va a recibir casi 10 mil millones de dólares en conceptos de exportación y podríamos producir mucho más», opinó. 

Para Lehmann hay «un constante ataque y estigmatización hacia el agro, como si éste fuera el responsable de las malas decisiones que se vienen tomando desde hace años. Se culpa al campo por el costo de los alimentos, cuando en el precio de los alimentos en las góndolas, el valor de las materias primas no influye en más del 10 o 15%, alto totalmente diferente a lo que pasa con los altos impuestos, que afectan aproximadamente el 50% del costo de los precios al consumidor. Entonces, ¿quién es el principal responsable en los altos precios de los alimentos?», se preguntó la diputada de la Coalición Cívica para graficar su punto de vista sobre la posición del Gobierno. «Es una constante estigmatización y ataque a uno de los sectores que aporta el 60% de los dólares que ingresan al país», dijo. Y «genera un caldo de cultivo y un hartazgo a nivel de los productores, que hace que el nivel de tolerancia a los anuncios o malas decisiones tomadas se vea ya desbordado», sentenció.