La guerra interna en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sumó un nuevo y dramático capítulo: Ricardo Lorenzetti cuestionó en términos graves a sus colegas Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda y los acusó de diseñar una estrategia para condicionar a los futuros jueces propuestos por el gobierno para integrar el máximo tribunal: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Lorenzetti volvió a denunciar persecución al ex administrador Sergio Marchi; protección para Silvio Robles, alter ego de Rosatti; identificó a una secretaría que «recomienda películas» y advirtió que se planificó un Congreso de «autoelogio» para el actual presidente de la Corte, con un cierre previsto a cargo de la jueza riojana denunciada por pedir un soborno de ocho millones de pesos para destrabar una causa.
Además, expuso lo que parece un enorme retraso en el tratamiento y resolución de expedientes: «Las demoras en los fallos y su acumulación se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros (…) Hay casi 300 causas trascendentes y casi 60 mil expedientes sin resolver en el Tribunal, lo que es inédito«.
El detonante de la nueva crisis en la Corte Suprema
La excusa para la implosión interna fue la creación de una nueva Secretaría Penal, que duplicará a la ya existente y llevará a la designación de nuevos funcionarios y empleados con altísimos sueldos.
«La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza (…) Esta práctica es censurable en todo sentido porque es un patrón de comportamiento que se ha producido en los últimos dos años y se ha acelerado en el presente, contrario a lo que fue siempre la excelencia de la Corte Suprema».
Lorenzetti enumeró medidas similares que apuntan, según su visión, a «condicionar» a los jueces propuestos, en el caso que finalmente sean designados. «Siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos».
Las creaciones de secretarías y reparticiones, así como las designaciones («en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige») son «decisiones apresuradas, cuyo único objetivo es ocupar espacios de poder ante la posible incorporación de nuevos ministros».
En ese contexto de crítica feroz, que por momentos rozó la denuncia de delitos de administración, Lorenzetti describió: «Se organiza un Congreso en la Corte Suprema, que es algo inusual» que tiene por objetivo un elogio a Rosatti. Pero el cierre de ese evento estaba destinado a la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, la jueza riojana Norma Abatte de Mazzuchelli, separada de todos sus cargos después de que una investigación de Telenoche la captara en un presunto pedido de una contraprestación para acelerar el trámite de una sucesión.
«La Corte no es una Universidad, sino un Tribunal que dicta sentencias. Pero además, el evento comienza con un reconocimiento al Presidente de la Corte Suprema; es decir, organizar un Congreso para premiarse a sí mismo es algo que nunca se vio», despotricó Lorenzetti y sentenció: «Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte«.
En el mismo tono, el ex presidente del máximo tribunal –durante 11 años, hasta que un golpe palaciego lo desplazó- denunció la «creación de una Secretaría de altísimo costo sin función alguna», la de «Desarrollo Institucional».
«Con el paso del tiempo se advirtió que no tuvo un funcionamiento real ni respondía a necesidades concretas (…) No ha presentado ningún informe de actividades que justifiquen ese costo. Sólo produce un boletín que aconseja sobre películas y hace resúmenes de prensa», finalizó.
