La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió una Acordada en la que establecer que «la Dirección de Relaciones Institucionales y las oficinas que de ella dependen, pasarán a funcionar en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Institucional» y que «la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes pasará a funcionar en la órbita de la Oficina de Estadísticas de la Corte Suprema».
La Acordada fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Lo que parecía otro día en la oficina terminó con revuelo debido al voto en disidencia del juez Ricardo Lorenzetti, que acusó a la oficina creada por Rosenkrantz de «no producir trabajo concreto alguno«.
Las críticas de Lorenzetti se suman a las duras críticas de Maqueda contra el Gobierno de Javier Milei, en su despedida como juez de la CSJN.
En primer lugar, Lorenzetti reclamó que «esta acordada es otra de las decisiones apresuradas, al igual que las firmadas en estos últimos tiempos por esta Corte para crear oficinas, direcciones, ingresos de personal, sin concursos, sin justificación funcional, y que sólo revelan el deseo de intentar consolidar un poder ilusorio frente a la incorporación de nuevos jueces o juezas en este Tribunal«.
En el mismo sentido, apuntó que «ya no es admisible que los cargos internos de la Corte no sean concursados en base al mérito, y, por el contrario, se basen en la amistad o el parentesco«.
Además, explicó que «lejos de perseguir mejoras para el servicio que se debe brindar a la población, las decisiones que objetamos crean comisiones y áreas que no producen trabajo concreto alguno, sin ningún tipo de relación con los problemas estructurales mencionados». En ese sentido, enumeró una serie de oficinas creadas y sentenció: «Todas ellas generan gastos en un momento en que la población reclama lo contrario».
Criticó también que «la presente acordada no sigue los grandes lineamientos que corresponden a la institución, sino que continúa con los pequeños objetivos personales«.
En particular, Lorenzetti disparó contra la Secretaría de Desarrollo Institucional, creada a pedido del juez Rosenkrantz cuando asumió la Presidencia de esta Corte. «Lamentablemente, con el tiempo, se vio frustrada la idea inicial, ya que no ha cumplido ninguna función y tiene un costo enorme en tanto su planta de personal es numerosa«.
«Lo correcto -continuó el magistrado- sería ahorrar costos y suprimirla, para que esos funcionarios se dediquen a tareas más efectivas, pero se hace exactamente lo contrario».
Finalmente, hizo mención al movimiento de la Base General de Datos Sobre Menores de Edad Involucrados en Actuaciones Judiciales. «Se devalúa la importancia de un área muy importante para la población infantil, relegándola a un área recién creada y de dudosa eficiencia«, completó.
Por lo tanto, «estimo que la actividad de superintendencia y gobierno de la Corte Suprema de enfocarse en objetivos que permitan mejorar el servicio, y no la posición de quienes la integran, y por ello, manifiesto mi disidencia respecto del traspaso propuesto», concluyó Lorenzetti.
