En pleno año electoral, con una economía que brinda pocas alegrías que puedan incidir positivamente en las urnas, el gobierno de Cambiemos resolvió apostar todo a una agenda de demagogia punitivista y anti-inmigratoria –un clásico para la derecha en todo el mundo- incluso al riesgo de vaciar de sentido los acuerdos regionales del Mercosur y llevar las relaciones con los países limítrofes al punto más crítico de los últimos años. La apuesta busca también poner en escena cierto guiño al estilo Trump, aunque en materia de política económica el magnate norteamericano tiene como uno de sus prioridades la defensa del trabajo norteamericano y la relocalización de las grandes plantas industriales en territorio estadounidense, lejos de la apertura indiscriminada de la que se enorgullece Macri. La modificación por DNU (decreto 70/2017) de la Ley de Migraciones 25871/04 puso en alerta al canciller de Paraguay y también al propio presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ordenó el envío al país de una delegación oficial de alto nivel. Se trata de una comitiva encabezada por el canciller Fernando Huanacuni que llegará hoy a Buenos Aires sin haber sido invitada formalmente por su contraparte argentina, una decisión unilateral que al mismo tiempo debe leerse –al menos inicialmente- como un gesto inamistoso en términos diplomáticos.

El endurecimiento de los controles migratorios que ensaya Macri trascendió las fronteras de la región. Tanto el diario estadounidense New York Times, como su par británico The Guardian, asociaron el paquete de medidas de Macri con las primeras decisiones de Trump. “El orden en materia migratoria de estilo Trump adoptado por Argentina resuena en Sudamérica”, es el título de la nota escrita desde Buenos Aires que publicó ayer el NYT: en el artículo se asocia las restricciones migratorias dispuestas por Trump –tras una orden judicial, el Departamento de Estado dio marcha atrás en la prohibición de ingreso a EEUU para los ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Yemen y Somalia que ya tenían aprobada su VISA- con el DNU firmado por Macri que apunta a facilitar las expulsiones inmediatas de extranjeros. El New York Times también recuerda las declaraciones de funcionarios macristas que acusaban a los extranjeros de venir a la Argentina para delinquir.

“Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Toda persona extranjera que tenga antecedentes será extraditada”, había dicho la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diálogo con el diario La Nación en los días previos a la emisión del DNU que modificó la Ley de Migraciones. “Muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen, como choferes, mulas, partes de una cadena, en los temas de narcotráfico. Es un tema que tenemos que trabajar”, fueron las declaraciones de Bullrich.

En la misma línea que el NYT, The Guardian hizo un paralelismo entre Macri y Trump, mencionó al diputado Alfredo Olmedo (bloque Salta somos todos) y su (bizarro) proyecto de construir un muro en el límite con Bolivia, y también recordó que los colaboradores del presidente argentino vincularon, de modo lineal, la llegada de inmigrantes desde Bolivia, Paraguay y Perú con la delincuencia.
La reacción desde los países limítrofes no se hizo esperar. Tanto Paraguay como Bolivia, y lo mismo Perú, hicieron llegar sus mensajes de preocupación. El pronunciamiento de Morales fue el más duro. Primero compartió un mensaje a través de Twitter. Estaba dirigido a sus pares de la región. “Hermanos presidentes latinoamericanos: seamos Patria Grande. No sigamos políticas migratorias del norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad”, escribió. Luego instruyó para que viajen a la Argentina y se entrevisten con la colectividad boliviana a dos funcionarios clave y cercanos, como el canciller Huanacuni; y el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, quien hace unos días irritó a la administración Cambiemos al deslizar que Cheeky, empresa de propiedad de la primera dama Juliana Awada, está acusada de trata de personas por explotar a trabajadores en condición de cuasi-esclavitud.

El jueves último, desde la ciudad boliviana de Oruro, Morales adelantó que Huanacuni y Gonzales viajarían a Buenos Aires. Según pudo saber Tiempo, ambos llegarán hoy a Ezeiza y allí se reunirán con el cónsul Ramiro Tapia y el embajador boliviano en Argentina, Santos Tito. Está previsto que se reúnan con sus compatriotas residentes en el país. No se descarta que mantengan reuniones con los funcionarios de la administración macrista. De hecho, la propia Bullrich, en otra muestra de que la estrategia de Cambiemos es tratar el debate sobre inmigración como un problema de seguridad, difundió su réplica a las declaraciones de los funcionarios bolivianos. Su respuesta combinaba cierta intención de no escalar la controversia (“Será bienvenida la comisión que venga desde Bolivia. Nosotros nos hemos equiparado a la ley boliviana. No es un problema de migraciones sino de delincuencia”, señaló) con un párrafo provocador, que aludía a los sembradíos de hojas de coca. Bullrich dijo que se proponían discutir con La Paz “cuál es la cantidad de hectáreas de siembra para el consumo ancestral y cómo se combate el narcotráfico (en Bolivia)”.

La política macrista hacia la inmigración también generó inquietud en Paraguay. A pesar del sesgo conservador del presidente Horacio Cartes, quien busca no tensar la relación con Macri, su canciller, Eladio Loizaga, avisó que en Asunción están “atentos” y “alertas” ante las iniciativas de la Argentina. Ayer, en diálogo con Tiempo, el diputado del Parlasur por el Paraguay Ricardo Canese (del opositor Frente Guasú) advirtió que el decreto sobre inmigración suscripto por Macri pone en riesgo el espíritu fundacional del Mercosur que “busca la libre circulación de bienes, servicios y personas”. “Yo, como parlamentario del Mercosur, tengo previsto presentar un pedido de condena en el Parlasur a estas medidas antiintegracionistas y contrarias al Tratado de Asunción. Todo esto está generando una preocupación en la colectividad paraguaya y en todas las comunidades de otros países (que viven en Argentina). Yo estuve hace un par de semana en Buenos Aires. A la Argentina llegan 60 mil paraguayos por año, pero muchos de ellos tienen esposas argentinas, hijos argentinos. Los supuestos pedidos de expulsión sumaria violan Derechos Humanos porque dividirían familias, rompiendo vínculos. Si toman ese tipo de medidas sería criminal”, planteó Canese.

El decreto 70, con fecha del 27 de enero y publicado en el Boletín Oficial el lunes 30 de enero, no fue la primera medida de endurecimiento de los controles migratorios dispuesta por el macrismo. El PRO también ensayó con la creación de un centro de detención de extranjeros a través de un convenio con el gobierno de la Ciudad. Luego puso en práctica un programa para que las aerolíneas y las empresas de ómnibus de larga distancia informen de modo anticipado sobre la identidad de los pasajeros que viajan hacia la Argentina desde el exterior. “Estas medidas generan tensión porque es un cambio de reglas de juego. También se choca con la idea de crear una ciudadanía sudamericana, una idea del colombiano Ernesto Samper durante su gestión como secretario general de Unasur. Las medidas de Macri son todo lo opuestoC a ese proyecto. Por último, si vos querés mejorar los controles fronterizos, tenés que articular con los países vecinos para el intercambio de información, y eso no se va a logra con este tipo de actitudes”, aseguró el diputado Guillermo Carmona, ex titular de la comisión de Relaciones Exteriores.«

El Times traza «coincidencias» con Trump

El influyente New York Times publicó ayer un artículo donde trazó coincidencias entre Macri y Trump. «En un cambio brusco, coincidiendo con las restricciones migratorias impuestas por el gobierno de Trump, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto de restricción de la inmigración a Argentina, con declaraciones que acusan a los recién llegados de los países más pobres de América Latina de traer delincuencia», puntualizó el periódico.