La reforma judicial que el presidente Alberto Fernández dijo días atrás que ya estaba lista para ser enviada al Congreso todavía está sujeta a cambios, correcciones y tachaduras. Pero, efectivamente, el grueso del proyecto parece definido: prevé una suerte de fusión del fuero penal federal (Comodoro Py) con el penal económico. 

Cada juzgado de primera instancia tiene dos secretarías, que se dividirían. Cada juzgado tendría una, y otra quedaría sin juez. Allí, el gobierno planea abrir concursos para nombrar a 23 nuevos magistrados para el nuevo fuero federal, que quedaría así conformado por 46 jueces de primera instancia, casi el cuádruple de los 12 actuales.

También se fusionarían las dos Cámaras de Apelaciones, de dos salas cada una, y se crearía una más.

La jugada es arriesgada. En el fuero federal actual hay dos vacantes: las que dejaron el fallecido Claudio Bonadio, en el juzgado 11, y la de Sergio Torres, en el 12, quien dejó ese juzgado para asumir como integrante de la Suprema Corte Bonaerense. A ellas podría sumarse la del juzgado 3, si el Senado aprueba el pliego de su titular, Daniel Rafecas, como procurador general de la Nación. Y la del 6, de Rodolfo Canicoba Corral, próximo a llegar al límite etario de los 75 años. Canicoba intentará una reválida antes de fin de año, pero con pocas posibilidades de continuidad.

El escenario abre la puerta a la crítica sobre la designación de “jueces amigos”.

Fuentes consultadas por Tiempo hablan de dos “antídotos”. El primero está inspirado en el decreto 222/03, que firmó el expresidente Néstor Kirchner en el inicio de su mandato para autolimitarse en la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a aquel decreto llegaron al máximo tribunal enfoques tan distintos como los de Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni, como los de Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. Aquella, que completaban Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt y Enrique Petracchi, era una Corte de lujo.

La otra garantía de no interferencias exógenas en las designaciones de jueces provendrá del Consejo de la Magistratura. En los próximos días está previsto el anuncio de un nuevo mecanismo para la designación de los jurados que de ahora en más intervendrán en las pruebas de oposición y antecedentes en los concursos para la designación de nuevos jueces. Será por vía de una modificación reglamentaria en el engranaje de los sorteos, con el objetivo de que los evaluadores sean no sólo idóneos, sino “honestos e insospechados”. Las dudas apuntan más al favoritismo y la rosca que a la venalidad de los jurados.

¿Cuándo viajará el proyecto al Congreso? Es probable que por una cuestión de oportunidad se postergue algunos días. Uno de los autores del borrador, Gustavo Béliz, estaba el jueves “horrorizado” por dos hechos de ese día: la decisión del Consejo de la Magistratura de firmar un virtual indulto para el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la forma en que la Oficina Anticorrupción desistió de ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur. Este no sería el mejor momento para presentar el proyecto.

La ampliación del fuero se complementa con la rápida implementación del sistema acusatorio. Los que investigarán serán los fiscales. Los jueces fungirán como garantes del proceso y de los derechos de las partes, pero con un poder sustancialmente recortado en comparación con el que ostentan en la actualidad.

La reforma judicial, por ahora, no parece llegar hasta el Consejo de la Magistratura. Tampoco hay nada inicialmente dispuesto para la Corte Suprema. Para ambos casos está prevista la creación de un consejo consultivo, también anunciado por Alberto Fernández días atrás, a imagen y semejanza del comité de infectólogos que lo asesora en el manejo de la crisis sanitaria por el coronavirus.

¿Qué pasará con los juzgados penales ordinarios? Todo indica que quedarán como están. Ni pasarán a ser federales, ni serán trasferidos a la órbita del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Un dato: después de las últimas renuncias por el temor a perder la jubilación especial, aproximadamente el 30% de ese fuero está vacante.

La reforma prevé incluir también una suerte de unificación de los fueros contencioso administrativo federal, y civil y comercial federal. En el primero van a parar todas las demandas que tienen como contraparte al Estado; en el segundo, hay una zona gris en la que también el demandado es el Estado, pero básicamente por allí desfilan (y generalmente encuentran cobijo) las grandes empresas y grupos económicos de la Argentina.