El juez federal Ariel Lijo tiene probado que en la investigación por el origen de los fondos que le sustrajeron a la vicepresidenta Gabriela Michetti hubo, cuanto menos, múltiples irregularidades. No está claro, por ahora, que se trate de pruebas suficientes para reprocharle un delito. Pero la firmeza de los indicios es fuerte.

Todos los testigos que declararon hasta ahora en la causa tienen un relato casi calcado: aportaron dinero voluntariamente, entre 5.000 y 15.000 pesos cada uno, no pidieron recibo por el grado de confianza que mantienen con Michetti. El dinero lo aportaron en efectivo y lo tenían en sus casas. No lo sacaron de una cuenta bancaria, ni lo extrajeron por cajero automático. Simplemente lo tenían y lo donaron a la Fundación SUMA. Y ya.

Pero el requerimiento fiscal de investigación que formuló Guillermo Marijuán apunta al delito de “lavado de activos”. Según la reforma a la ley de Lavado, ya no es necesario que exista un “delito precedente”, es decir un origen ilegítimo del dinero que se pretende blanquear, introduciéndolo en un circuito financiero legal.

Entonces, superado ese escollo, el dinero (poco o mucho) que hubiera sido recaudado para la SUMA, desde el momento en que fue entregado a los recaudadores, era dinero de la Fundación. Si, por la razón que fuere, no se entregaron recibos en el momento, se debieron haber confeccionado con posterioridad, incluso después del robo. ¿Por qué? Porque el dinero que sale de la contabilidad de uno de los donantes tiene que tener su contrapartida en los libros contables de quien lo recibe. La donación debe ser, además, bancarizada. Así está legalmente establecido.

Nada de eso pasó con el dinero sustraído a Michetti. Los donantes aportaron dinero en efectivo, no hay documentación que pruebe que lo extrajeron de una cuenta bancaria, tenía como destino SUMA, pero la Fundación no sólo no lo recibió, sino que tampoco lo tiene registrado en sus libros. ¿Por qué debería tenerlo, si se lo robaron? Porque la donación existió. SUMA debió haberlo consignado en su contabilidad como “pérdida”, porque era su dinero el que fue robado. Nada de ello ocurrió.

Otro tanto ocurre con los donantes. Cada uno de ellos debió recibir un recibo de la Fundación, porque el dinero era para SUMA; no para Gabriela Michetti.

Hasta allí, parecen detectadas irregularidades que, en principio, son administrativas. Pero la investigación no sólo no descarta sino que considera posible que esas cuestiones administrativas sean, en realidad, las herramientas complejas para la comisión de un delito.

De todos modos, falta todavía recorrer mucho camino para que Michetti esté en riesgo de afrontar una situación judicial compleja.