La inflación acumulada desde el comienzo de la gestión de Javier Milei ya roza los tres dígitos. El Indec dará a conocer este viernes su índice de precios al consumidor correspondiente al mes de marzo, que estimaciones privadas suponen cercano al 12%, aunque en el Ministerio de Economía se esperanzan con que sea menor.
Si ese número se agregase al acumulado del período diciembre-febrero, el total rondaría el 92%. Los aumentos de tarifas y otros servicios producidos a partir del 1 de abril (y que se ponderarán en el índice que se elaborará a comienzos de mayo) indican que la barrera del 100% en cuatro meses ya se ha superado.
Sería ridículo enrostrarle a Milei toda la responsabilidad de este fenómeno en un país como Argentina, que ha vivido dos hiperinflaciones y pronunciados vaivenes en los últimos 35 años. Pero también sería necio obviar la influencia que tuvo la suba del 118% en el valor del dólar con que Luis Caputo inició su gestión como ministro de Economía. Al día de hoy, la casi totalidad de esa alza de dólar se trasladó a los precios internos.
Aún antes de consumarse el ajuste en el tipo de cambio, ese efecto (pass-through) era conocido y previsto por todos. Había un antecedente muy fresco; en agosto del año pasado, el entonces ministro Sergio Massa devaluó un 22% y eso duplicó el ritmo de la inflación, con lo que el efecto real en el valor del dólar se perdió en apenas dos meses.
Efectos en la economía real
La devaluación de diciembre disparó una reconfiguración de precios relativos. Los alimentos y los insumos industriales difundidos (desde energía hasta chapa y acero pasando por vidrio y productos químicos) se dispararon, mientras que los salarios quedaron pisados tanto por la dinámica de las paritarias, que requieren un proceso de negociación que demanda semanas (y hasta meses, como en el caso de los trabajadores de prensa), como por la firme decisión oficial de no convalidar incrementos más allá de cierto tope (ver aparte). De esa manera, la caída salarial en los dos primeros meses de 2024 fue estimada por la CTA Autónoma en 20,7%, al nivel de la crisis de 2001/2002.
La salida de todo este cuadro fue que, ante la caída del poder adquisitivo de los consumidores, la actividad económica se derrumbó. Las ventas minoristas bajaron 25,5% interanual, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La venta de insumos para la construcción declinó un 26,6% en febrero, según las firmas del sector nucleadas en el Grupo Construya. En el rubro de alimentos, el consumo de carne cayó a su mínimo histórico de 44 kilos anuales por habitante, mientras que el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) reportó una baja en el volumen de ventas de 17,3% interanual, con un máximo de 48,6% en el rubro postres y flanes. Como en las guerras, el consumo de alimentos básicos pasó a ser un lujo para la población.
Esos elementos provocarían la renuncia de cualquier ministro de Economía. Sin embargo, en el gobierno se manifiestan cómodos con la presencia de Caputo, cuyo poder en el gabinete se vio reforzado con la designación de en el Banco Central de su socio en la actividad privada, Santiago Bausili, y con la absorción de varias dependencias que formaban parte del disuelto Ministerio de Infraestructura.
A gusto del gobierno
¿Acaso semejante shock inflacionario le agrada al gobierno? Una de las pistas sobre el tema la dio Milei en un reportaje concedido en la última semana a la agencia de noticias Bloomberg, en la que reiteró su convencimiento de que, en tanto fenómeno monetario (la razón casi excluyente de la inflación, según la tajante visión del mandatario), la prioridad de la economía debe ser la normalización del balance del Banco Central.
«Primero tengo que sanear el Banco Central», dijo Milei al periodista John Micklethwait. «Cuando usted tiene el Banco Central quebrado, los pasivos monetarios superan a los activos y eso se corrige con un nivel de precios más alto para licuar esos pasivos», afirmó. En otras palabras, cuanta más inflación, mejor para los planes del presidente.
La suba de precios también es funcional al «efecto licuadora» que pone en marcha Caputo desde el Ministerio de Economía. Según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), gracias a la actualización por debajo del ritmo de la inflación el ex funcionario macrista se ahorró durante enero y febrero $ 1,8 billones en pagos a jubilados y $ 385.000 millones en salarios estatales. Esa fue la principal razón del superávit fiscal de estos meses.
Como en un juego de policía malo-policía bueno, Caputo (de contacto diario con el jefe de Estado) se esfuerza por crear perspectivas más agradables para el corto plazo. El último viernes, en una entrevista televisiva, pronosticó que el índice de marzo rondará el 10%, un par de puntos menos que el consenso de la mayoría de las consultoras privadas. «La inflación está colapsando», dijo tratando de armar su propio relato. También señaló que la inflación núcleo (la de los bienes que no son estacionales ni están sujetos a regulaciones) ya está en un solo dígito.
En el afán de bajar el índice, Caputo recurre a herramientas más convencionales, como si la suba de precios no estuviera tan relacionada con la emisión monetaria a la que achaca culpas su jefe sino con el accionar de algunos formadores de precios. Para ello recurrió a la apertura de importaciones de productos básicos (cuya contribución a bajar los precios por ahora es marginal) y le hizo propaganda en sus redes sociales a un supermercado que redujo los valores de venta de una marca propia, maniobra de marketing que busca ganar participación a expensas de otros competidores.
El ministro también consideró que algunos fabricantes proyectaron sus precios suponiendo que el dólar se iría a 2000 pesos en el corto plazo. Además dejó un mensaje para las empresas de medicina prepaga, que recompusieron fuertemente sus márgenes después del DNU que desreguló la actividad. «Se les recontra fue la mano. A mí me molestó», declaró, advirtiendo así que para este gobierno la libertad irrestricta del mercado puede no serlo tanto.
Los que pierden
En medio de este cuadro quedó una vasta parte de la población que fue perdiendo su calidad de vida. Las estadísticas oficiales no se actualizan al ritmo vertiginoso en que avanzan los recortes presupuestarios, pero muestran un descenso en los estándares sociales. Por eso esta semana el Fondo Monetario Internacional, a través de su vocera de prensa Julie Kozack, pidió «pragmatismo para lograr acuerdos sociales y políticos” que permitan mantener el ritmo de las reformas económicas.
Los números pintan esos cambios. En el último trimestre de 2023, la pobreza alcanzó al 41,7% de la población, según estimó el Indec. En particular, en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, la pobreza creció a 30,1% en el cuarto trimestre, ocho puntos más que un año antes. Buena parte de ese crecimiento fue a costa de la clase media que, en 2015, cuando se inició la serie estadística elaborada por el gobierno porteño, abarcaba al 51,8% de los habitantes y ahora sólo comprende al 40,7%. La pregunta es hasta dónde el tejido social soportará este descenso y cuánto más graves son estos números, ahora que la inflación de la era Milei ya roza el 100 por ciento. «
El gobierno pisa los acuerdos salariales
El ministro Luis Caputo blanqueó algo que ya era un secreto a voces en el ámbito sindical: un veto a las negociaciones paritarias que superen un tope determinado. En los hechos, ese límite impide la recomposición salarial y consagra una reducción real a los ingresos de los trabajadores.
El caso testigo es el del gremio de Camioneros, que había pactado con las cámaras patronales un 25% de suba para marzo y un 20% para abril. El acuerdo se firmó el 11 de marzo y pese al tiempo transcurrido, no fue aún homologado por la Secretaría de Trabajo.
«No podemos convalidar aumentos del 25% cuando la inflación está bajando», aseguró Caputo en una entrevista televisiva. También dijo que si los incrementos salariales «se otorgan muy por encima de la inflación, eso provocaría una escalada de precios».
La falta de homologación de los convenios habilita a las empresas a no abonar esos aumentos.
Por estas horas, el sindicato de los Camioneros evalúa los pasos a seguir. El jueves pasado, Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio a nivel nacional, dijo que mañana podrían tomar una medida de fuerza.
Milei, la devaluación y después
Desde este mes rigen nuevas tarifas en los servicios públicos. En el área metropolitana el ajuste más fuerte será el del gas, que subirá un 350% promedio. La cifra será mayor a partir de mayo, cuando comiencen a regir los valores de la temporada invernal. Además la tarifa se indexará por dólar. También se dispusieron aumentos de 209% en Aysa y de 185% en electricidad, aunque en este último caso se aplicará en dos tramos (90% en abril y el resto en fecha a definir).
Según le dijo Javier Milei a la agencia Bloomberg, el proceso de recomposición de tarifas llevará al menos tres años, para evitar cualquier objeción judicial, como le pasó a Mauricio Macri en 2016.
“Si nosotros lo hacemos torpemente como recomiendan algunos, todo adelante, el problema es que eso lo va a frenar la Corte Suprema de Justicia, como ya se lo hizo a Macri. Entonces lo que nosotros hicimos fue incorporar como restricción ese fallo y terminaremos recomponiendo la ecuación financiera del contrato en tres años”, sostuvo.
El fallo Cepis de la Corte Suprema, de 2016, estipuló que las subas de tarifas deben pasar por audiencia pública previa y que deben sostenerse en un criterio de razonabilidad de la política energética en relación a los precios que deberá enfrentar el usuario.
