Desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei dejó en claro su hostilidad con la prensa y la labor periodística, en el marco de un brutal ajuste de las cuentas públicas. Bajo este panorama, las empresas de medios buscan profundizar la precarización y el avance sobre derechos conquistados por los trabajadores de prensa. La organización gremial y la lucha se presentan como las únicas herramientas que les ponen un límite para evitar la destrucción del oficio y del derecho a información, advierten los gremios del sector.
Apenas asumió Milei, el rechazo al periodismo y sus trabajadores por parte del nuevo Presidente resultó evidente. Como detalló la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) en una reciente declaración, en paralelo a la “motosierra y licuadora” que el Jefe de Estado ejecutó en general, se viene desenvolviendo un ataque sistemático contra la libertad de prensa y el derecho a la información mediante diversas medidas y acciones. Incluso con la represión policial directa sobre cronistas y reporteros en movilizaciones y protestas sociales en las calles.
Sin salarios dignos no hay libertad de prensa
En este marco, aprovechando la intervención y avance ilegal del Gobierno sobre los medios públicos, las empresas de los medios de comunicación buscaron profundizar su política de precarización del oficio alegando el impacto sobre sus ingresos de la suspensión de la pauta oficial. Así, a lo largo y ancho del país, se observa una situación profundamente compleja en el sector privado de medios. Los trabajadores de Diario Popular realizaron el 15 y 16 de abril un paro de 48 horas porque la empresa les adeuda dos meses de salarios, medio aguinaldo y las cargas sociales. En Página 12, la empresa se niega a pagar el aumento paritario acordado.
El diario El Libertador de Corrientes pretende avanzar con un procedimiento de crisis para despedir trabajadores. Similar es la situación que se atraviesa en El Tribuno de la provincia de Salta. En ambos casos, la Fatpren y los sindicatos locales se han opuesto a estas maniobras en defensa de los puestos de trabajo. En San Juan, en el Diario de Cuyo también hubo despidos, en un intento por amedrentar el surgimiento de la Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación de la provincia. En dicho periódico, histórico en la provincia cuyana, los trabajadores y trabajadoras vienen denunciando, por otra parte, demoras recurrentes en el pago de salarios y pésimas condiciones de seguridad e higiene en el establecimiento.
En tanto, los trabajadores de prensa de Córdoba en el Círculo de la Prensa (Cispren) denunciaron prácticas desleales por parte de la cámara patronal provincial en el marco de la negociación paritaria que se encuentra estancada. La situación de los medios públicos en las provincias también se encuentra en peligro, como denuncian desde el Servicio de Radio y Televisión (SRT) de Córdoba. En términos generales, las empresas de medios apuntan desde hace tiempo a un modelo de salarios de pobreza y trabajadores precarizados, sin importar el derecho a la información para la ciudadanía. De este modo, se favoreció la multiplicación de noticias falsas y los discursos de odio en las plataformas digitales que tanto celebra el Presidente.
“La situación general que tenemos en los medios privados es de salarios de pobreza, contra los que venimos peleando, por lo que se da el fenómeno de pluriempleo que complejiza fuertemente la labor cotidiana de prensa”, advirtió Carla Gaudensi, secretaria general de Fatpren. Por su parte, los trabajadores de la agencia nacional de noticias Télam continúan dispensados de sus tareas y acampan frente a las oficinas de la empresa en la calle Bolivar, en protesta contra el anuncio del gobierno de cerrarla definitivamente.
En ese sentido, el intento de destrucción del oficio encuentra un límite en la reconstrucción gremial a nivel nacional. Desde la Fatpren manifiestan que el fortalecimiento de la organización gremial de base en todos los distritos es el único camino posible para dar la pelea por una recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo. Por supuesto, es una lucha profundamente desigual que, además, tiene hoy al Gobierno nacional bregando abiertamente por el ataque a los derechos laborales. Por esa razón, desde la federación se viene participando activamente del plan de lucha impulsado por la CGT junto al resto del movimiento obrero contra este modelo de “miseria planificada”.
