El proyecto de ley ómnibus con la que el Gobierno intenta declarar en emergencia y ajustar al Estado, y que fue enviada este miércoles al Congreso, plantea una serie de modificaciones que pone en riesgo los grandes avances que tuvo la Argentina en materia de igualdad de género.
Las modificaciones apuntan a la Ley 27611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia —conocida como de los 1000 Días— y la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para la administración pública, cuya aplicación quedaría a cargo del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.
Ambas leyes fueron debatidas y aprobadas con un significativo consenso en el Congreso de la Nación, al que hoy Javier Milei pretende quitarle todas las decisiones políticas.
El ataque a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Las modificaciones para Ley de los 1000 días aparecen ya en las primeras líneas cuando habla del “niño por nacer”, elimina la categoría de persona gestante para hablar sólo de mujer embarazada, también la noción de primera infancia y no menciona la palabra “niña”.
El capítulo 1 de la ley 27611, que intenta modificar Milei, expresa que su objetivo es: “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.
El cambio que propone la ley ómnibus plantea “fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”.
Sandra Tirado estuvo a cargo de la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación quien aplicó y llevó adelante esta política. Manifestó a Tiempo, que la modificación propuesta no plantea nada respecto a la Unidad Coordinadora que garantiza la articulación para que se aplique la ley.
El cambio discursivo
Estos cambios, en los que se incorpora la figura del «niño por nacer», ya se habían desestimado en el texto de la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en la Ley 27611 de los 1000 días. Incluso se contradicen con los compromisos internaciones que tiene la Argentina como Estado y que figuran en el desarrollo de la ley de los 1000 días.
“El cambio de discurso en la modificación propuesta para la ley 27611 no es un dato menor. Dejar exclusivamente el concepto de madres, sacar el de niñas es una forma de naturalizar el embarazo como evento obstétrico aún en la vida de una niña. Sacar a las personas gestantes es una forma discursiva de quitar del horizonte real a una persona trans embarazada y al mismo tiempo confirmar el binarismo”, dijo a Tiempo Argentino, la abogada Soledad Deza, titular de la ONG MujeresxMujeres de Tucumán.
“Pero también modifica la Ley 27499, que es la ley Micaela. Ya no se habla de violencia de género, se habla de violencia contra las mujeres y violencia familiar. Eso no nos sorprende a nosotras las feministas, porque sabemos que el discurso es un arma potente a la hora de dar cuenta de la realidad, o de ocultar o de construir inclusión, exclusión, subalternidad y demás», agrega Deza.
La eliminación de la violencia de género como categoría
Otro llamativo cambio es el que incluye en la sección II y son cambios en la Ley 27499, conocida como Ley Micaela cuyo primer artículo plantea: «Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación».
En cambio, la modificación que propone Javier Milei expresa: «se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.”
De este modo, la modificación busca eliminar la noción de violencia de género. Este mismo miércoles se confirmó la creación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que no plantea en sus objetivos absolutamente ninguna política para las diversidades sexuales.
