La Asociación Argentina de productores de Cine y Medios Audiovisuales (APROCINEMA) presentó una acción de amparo contra el decreto del gobierno de Javier Milei que cambió la Ley del Cine eliminando la “cuota de pantalla” y la asignación de subsidios para producciones nacionales. La iniciativa apunta a que “se declare la inconstitucionalidad del Decreto como así también de toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fue dictado en su cumplimiento, en resguardo de los intereses afectados del sector de productoras que represento y sus trabajadores como la industria del Cine Nacional”.
María Cristina Agüero, presidenta y apoderada de APROCINEMA, advirtió en su presentación que “el Poder Ejecutivo no puede modificar la finalidad de una ley del Congreso de la Nación con excepciones reglamentarias” que, en este caso, “terminan modificando la ley de cine en cuento a su finalidad y bienes jurídicos que esta fomenta y protege”.
El Decreto 662/24, cuya validez objeta, “reglamenta cuatro artículos de la ley para introducir nuevas restricciones y condiciones para la entrega de subsidios y modificar los criterios para la cuota de pantalla”, lo que “contradice el objetivo principal de la Ley del Cine, que es fomentar la producción cinematográfica nacional tomando como base la difusión de nuestra cultura a través del cine y no vista del parámetro de un negocio”.
“Creer que lo nacional ‘es malo’ contra lo importado que es ‘mucho mejor’ ha atravesado toda nuestra cultura y el cine no está excluido de esto. Es entonces cuando nuestro cine nacional empieza a dar la batalla cultural desde diversos lugares. En principio como reflejo de nuestra cultura, nuestras historias, en las cuales podemos identificarnos”. La causa tramita en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, y quedó registrada con el número 13069/2024.
“El decreto –explica la acción de amparo- eliminó la llamada ‘cuota pantalla’ que garantizaba la exhibición de películas nacionales en salas comerciales del país y también afecta la llamada ‘media de continuidad’ que permitía, de superar cierto público, que los largometrajes argentinos continuaran en cartelera”. “Así la segmentación de la cuota de pantalla según características técnicas y empresariales de las salas de exhibición reduce las oportunidades para películas nacionales en estos mercados atentando contra nuestra propia cultura e identidad nacional”, insiste la presentación.
Defensa de la Ley del CIne
El decreto también modificó los parámetros de asignación de “subsidios a la producción y exhibición de películas nacionales de largometraje”. APROCINEMA advirtió que el gobierno de Milei decidió “que el subsidio a la producción de películas nacionales no podrá exceder del 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico” y “tampoco podrá exceder del 50% del costo total del proyecto, y el beneficiario del subsidio deberá dejar transcurrir un año (desde la percepción del último subsidio solicitado o desde que se haya exhibido la producción subsidiada) para solicitar uno nuevo”.
“El criterio que rige en este decreto es eliminar la identidad cultural que proponen las películas pequeñas y medianas, con creaciones de autor y voces que invitan a la reflexión con innumerables tramas que buscan alejarse de los relatos más estandarizados, formando así las bases de la soberanía audiovisual del país”.
En ese contexto, añade la presentación, “al eliminar la cuota pantalla para el cine argentino se le da vía libre al mercado, que siempre unifica y estandariza los mensajes, y a las grandes producciones, sobre todo las extranjeras. La cuota de pantalla era una herramienta que daba la chance de elegir entre más estrenos, dar más trabajo y seguir generando talentos locales, tan respetados en los festivales internacionales, y dando al público más contenidos propios”.
La organización denunciante alertó sobre el riesgo de que “el mercado” destruya definitivamente a las producciones locales por el peso económico de sus opulentos “tanques”. “El llamado subsidio a la producción nacional es el mecanismo mediante el cual la Ley destina recursos fiscales generados por la comercialización de obras audiovisuales al fomento de la producción nacional, con el objetivo de compensar, en cierta medida, las limitaciones de nuestro mercado interno y la debilidad frente a la competencia desigual y desleal que representan las ‘majors’, especialmente debido a la modalidad del ‘dumping’ que afecta la comercialización de cine. Esto crea una competencia desigual y desleal, haciendo que sea muy difícil para las películas nacionales competir y tener éxito en el mercado”.
El escrito, de 60 páginas, ejemplifica que el dumping “se hace evidente al observar que películas como Avengers: Endgame (2019), cuyo costo de producción fue de alrededor de 356 millones de dólares, o Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), con un costo estimado en aproximadamente 275 millones de dólares. (…) pueden verse pagando el mismo precio de entrada que una película nacional,cuyo costo medio de producción ronda el millón de dólares. No existe ningún producto industrial, agrícola o de servicios que pueda sostener una relación económica tan desfavorable frente a un producto extranjero”.
