La sesión en el Senado para modificar y devolver a Diputados, en segunda revisión, el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal impulsados por el gobierno de Javier Milei, comenzó pasadas las 10. Afuera del recinto, movimientos sociales, gremios, federaciones y organizaciones de la sociedad civil se hicieron presentes para rechazar ambas iniciativas. Dentro de ese grupo, hay presencia de cooperativas y entidades de la Economía Social y Solidaria.
Desde la movilización, el presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), Ramiro Martínez, le dijo a ANSOL: «La Ley de Bases extermina y delimita la función de derechos conquistados, como el monotributo social, la jubilación para amas de casa, modificaciones en beneficios previsionales, todos sectores donde viene construyendo el cooperativismo de trabajo. Estamos presentes para que esta Ley no sea aprobada«.
En ese mismo sentido se expresó Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que expresó a este medio que están «repudiando esta Ley nefasta, que dejaría a 9 de cada 10 mujeres sin jubilación, que son las mujeres de la economía popular y el cuidado». Y en cuanto al paquete fiscal, remarcó que «la quita del monotributo social, que era una conquista de los trabajadores para registrar al sector, quedaría sin efecto y sería un retroceso enorme, porque se trata de un millón de trabajadores que no podrían acceder a la obra social y sistema de salud«.
En ese sentido, Duarte lanzó una sería acusación: «Este Gobierno no busca ir a la registracción del sector cooperativo y de la economía popular, sino avanzar en la precarización laboral, como así también del blanqueo de capitales, que está íntimanente relacionado con el objetivo de estigmatizar las redes comunitarias, buscan beneficiar al crimen organizado sacando a las organizaciones comunitarias».
La Ley Bases y el RIGI
La Ley Bases contiene dos puntos de gran controversia para el sector: por un lado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que les dará facilidades impositivas a los grandes inversores en detrimento de la industria nacional, y por otro lado, hay preocupación por el artículo 3 que le permite al Gobierno eliminar o modificar diferentes órganos u organismos de la administración central. Dentro de ellos, quedó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Sobre eso, Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) le dijo a ANSOL: «Para nosotros el RIGI debería ser extirpado de raíz, porque nosotros apostamos a la industria nacional, al desarrollo local, a que los recursos queden en la Argentina y no se fuguen, para que haya sala de alimentos, cuidado del medio ambiente, pero a la vez necesitamos un Estado más presente, no desguazado y alejado del pueblo».
Rossi expresó que el sector necesita «un INAES que promocione, y apuntale a las cooperativas y mutuales, para que el país se desarrolle y salga adelante, y se genere trabajo, por eso este tipo de medidas de destrucción del aparato productivo, importación de alimentos, va claramente en contra de lo que es el desarrollo nacional».
El presidente de Conarcoop también salió en defensa del INAES, destacando que «es uno de los pocos órganos cogestionado como hay pocos en el país, por lo que tenemos mucha preocupación y nos vamos a poner en la primera línea de defensa del organismo entendiendo la construcción e historia que tiene, por lo que representa para la economía popular, cooperativas, mutuales, que hace que uno de cada dos argentinos tenga relación con el sector, por eso obviamente defenderemos los derechos adquiridos y vamos a trabajar para construir más derechos de los trabajadores autogestionados, y para eso el INAES es fundamental».
César Malato, presidente de la Federación de Cooperativas Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua (FEDESAM) también se sumó al rechazo por tres cuestiones: «Es anticonstitucional, porque vulnera la Constitución Nacional; segundo porque no favorece en nada al pueblo trabajador o al que está buscando empleo, y porque hay una falsa política de exhibir el superávit fiscal a costa de nuestros jubilados y los más vulnerables, lo vimos cuando se negaron a entregar alimentos; y en tercer lugar porque no favorece en nada a la producción y economía social, ya que con el RIGI solo favorecen a cualquier saqueador extranjero».
En la misma línea, Andrés Ruggeri, antropólogo y director del Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, opinó que esto «no es una Ley, es una pseudo reforma constitucional que altera leyes escenciales para la economía, y junto con el DNU 70 y las políticas económicas, es una reconfiguración brutal del capitalismo en Argentina, porque reconstruye las reglas de juego quitando al Estado para garatizar las ganancias de las grandes corporaciones, es una suerte de recolonización, y no hay una conciencia clara de la población y sectores de la política».
Ruggeri dijo que «para las cooperativas esto va a ser tremendo, el futuro es muy peligroso para el sector autogestionado, ya que va a intervenir en el régimen impositivo, en las actividades de ahorro y crédito de las mutuales, va a generar condiciones de crisis del sector y abre la puerta de la eliminación del INAES».
Al respecto de la Ley, Hugo Cabrera, referente de las empresas recuperadas y presidente en funciones de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires para Otra Economía (FEDECABA), señaló: «Parecen ser una serie de medidas en las que no se pueden encontrar cuestiones positivas, a pesar de las reformas que se vienen haciendo en ambas cámaras; ni para las empresas pymes ni para los trabajadores. Desde la autogestión tenemos que aspirar permanentemente a construir una alternativa superadora que nos permita llevar a cabo un proyecto de país diferente».
Asimismo, Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), expresó: «La aprobación de esta Ley sentaría las bases de un modelo de país injusto y de pérdida de derechos para la ciudadanía en general y trabajadores en particular».
En ese punto, también reconoció que les «preocupa sobremanera la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, y dentro de eso la posibilidad de disolución de organismos entre los que podría incluir al INAES, que no solo nos fiscaliza y controla, sino que promueve y desarrolla el movimiento cooperativo y mutual, y por eso la estamos rechazando».
La movilización
La preocupación y movilización de los trabajadores parecería estar dando sus frutos. Ya que hoy la primera intervención en la sesión estuvo a cargo del miembro informante Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), quien tras defender en general el proyecto de ley Bases, enumeró algunas modificaciones introducidas por el oficialismo en la norma, entre las que se encuentran retirar del listado de los organismos del Estado que pueden privatizarse o disolverse a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, RTA, INTA e INTI, entre otros. También anunció que se eliminan los artículos 227 y 228, por lo que se mantendrán vigentes la moratoria para la jubilación y la pensión por invalidez.
De esta forma, las cooperativas y entidades de la economía social se plantan ante la Ley Bases y forman parte de la jornada de lucha junto con sindicatos y otras organizaciones.
Entre las organizaciones presentes, además de las mencionadas en esta nota, están La Poderosa, SiPreBA y Fatpren, Barrios de Pie, Frente Patria Grande, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Utep, Liberación Popular, Fatun, Suteba, Fedun, Ctera, MST, Izquierda Socialista, PTS, Polo Obrero, Ademys, Sutna, Nuevo Más, Libres del Sur, Unión Ferroviaria.
